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Guanajuato, Guanajuato.- La suspensión del servicio en los kioscos del Gobierno del Estado no fue producto de un hackeo, sino de un intento de extorsión, aseguró el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste.

Sin embargo, ante una pregunta de AM sobre si ese intento de extorsión estaba dirigido al Gobierno del Estado, aclaró que lo realizaron personas “que no supieron ni a quién le estaban pegando, en realidad. Seguramente desconocían que era un servicio que se brinda a través de un proveedor”.

El fiscal no quiso revelar cuánto dinero exigieron los responsables del intento de extorsión, pues argumentó que se trata de información contenida en la carpeta de investigación.

Solo señaló que “lo que pudo haberse manejado como una cantidad extorsiva eran cantidades ridículas, lo que demerita absolutamente la fortaleza de la agresión”.

Desde el 2 de octubre y hasta este 13 de octubre, los 147 kioscos instalados y operados por una empresa privada, a través de los cuales se brindan servicios digitales del Gobierno del Estado en todo Guanajuato, permanecen fuera de servicio por una causa que el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) no ha dado a conocer hasta la fecha.

En estos kioscos se pueden obtener copias de actas de nacimiento, pagar impuestos y realizar el pago del refrendo vehicular.

Información de la ciudadanía no fue vulnerada, asegura fiscal

Entrevistado este 13 de octubre sobre el presunto hackeo a los kioscos digitales, el fiscal Vázquez Alatriste destacó que la información que se pudo haber extraído no correspondía a datos importantes.

“La información de Gobierno del Estado, a través de SATEG, no fue vulnerada, que la sustracción que pudo haber habido se dio a partir del proveedor del servicio”.

Es decir, según explicó, la información extraída pertenecía al proveedor y no era importante.

“Lo que sí les puedo adelantar es que la información de la ciudadanía en poder de SATEG no sufrió ningún menoscabo.

“Que la información que se pudo haber sustraído no resulta monetizable, ya lo revisamos. Y que no habría alguien a quien pudiera interesarle comprar una mercancía”.

Sin embargo, tampoco quiso precisar qué tipo de información habría sido extraída.

También afirmó que no hubo daños.

“No hay nada qué reponer. No puedo yo decir que se haya perdido alguna información. De la información que se tiene, no hay daños que se puedan cuantificar”.

Asimismo, aclaró que fue el proveedor del servicio quien “reseteó” los kioscos y que lo hizo a tiempo. No obstante, pidió esperar el último dictamen técnico.

Zona Zero, proveedor de los kioscos, debe responder por el servicio

La empresa Zona Zero, S.A. de C.V., de Colima, es la proveedora de los kioscos, tanto de la infraestructura como del servicio, para lo cual tiene firmados y vigentes contratos con la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Guanajuato.

De acuerdo con una consulta realizada por AM a los últimos tres contratos, firmados en 2025 y vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, la cláusula décima primera establece:

“El proveedor queda obligado a responder por la calidad de los servicios contratados y por cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato, en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato”, así como en otras leyes y reglamentos aplicables.

La cláusula décima quinta de los tres contratos agrega:

“El proveedor responderá ante la Secretaría y el área solicitante por todos los daños y perjuicios que ocasione el incumplimiento de sus obligaciones estipuladas en este contrato. Sin perjuicio de las penas convencionales y demás sanciones legales que procedan”.

Sin embargo, no hay cláusulas precisas sobre las obligaciones del proveedor en materia de seguridad, mantenimiento, actualización y respuesta ante incidentes.

Avanzan denuncias por ataques informáticos, pero Fiscalía no precisa cuántas hay

Aunque en los últimos meses se han reportado ataques informáticos y filtraciones de información en dependencias estatales, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no precisó cuántas denuncias tiene por estos hechos ni el estado particular de cada investigación.

El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste aseguró que las carpetas de investigación a su cargo presentan avances, pero al ser cuestionado sobre los hackeos reconoció que no puede ofrecer un conteo de las denuncias ni precisar la actualización de la información relacionada con estos casos.

“Todas las carpetas de investigación que tengo van avanzadas”, declaró.

Sin embargo, el funcionario no detalló cuántas investigaciones están abiertas, cuántas denuncias se han presentado por los distintos ataques informáticos ni si cada incidente reportado públicamente derivó en una carpeta de investigación independiente.

Vázquez Alatriste sostuvo que una de las indagatorias cuenta con una línea de investigación sólida, aunque no identificó a qué caso se refería ni ofreció detalles sobre posibles responsables.

“Sí hay una línea de investigación fuerte y habrá que robustecerla”, afirmó.

La falta de cifras impide dimensionar cuántas denuncias relacionadas con ataques informáticos se encuentran en manos de la Fiscalía y conocer el avance específico de los casos que involucran información de dependencias estatales.

Ataques informáticos en Guanajuato: los casos reportados

Entre los incidentes reportados está el ataque informático detectado el 2 de octubre en los servicios digitales del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG), que derivó en la suspensión de 147 kioscos y módulos de atención.

El Gobierno estatal confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía. No obstante, al 9 de octubre todavía no contaba con elementos concluyentes para determinar si hubo extracción de datos personales ni el alcance de una posible vulneración.

En abril de 2026 también se confirmó la sustracción de información confidencial de 6 mil 636 integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), mientras que en febrero se reportó una presunta filtración de más de 336 mil expedientes del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

En este último caso, las autoridades ministeriales negaron que la base de datos de las víctimas hubiera sido vulnerada.

A estos antecedentes se suma el ciberataque contra la propia Fiscalía, reportado en noviembre de 2025, cuando un grupo de hackers se atribuyó la extracción y el cifrado de 250 gigabytes de información interna.

Posteriormente, el fiscal informó que el incidente afectó aproximadamente al 1.7% de la infraestructura tecnológica de la Agencia de Investigación Criminal.

Los ataques han involucrado sistemas de distintas dependencias y datos de policías, expedientes institucionales y posibles registros de ciudadanos.

Sin embargo, el número total de denuncias vinculadas con estos hechos y el avance individual de las investigaciones siguen sin precisarse en las declaraciones del fiscal.

HLL

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