San Felipe.- La familia de Iván López, joven que murió la madrugada del lunes 5 de octubre en la carretera San Felipe-Silao, a la altura de Rincón de Ortega, contradice la versión oficial de que participó en un presunto enfrentamiento con la Policía Estatal de Caminos.
En entrevista con AM, uno de sus familiares, que pidió reservar su identidad, aseguró que Iván era un joven sano, de 19 años, que no portaba armas y que trabajaba como obrero en una empresa en Puerto Interior, en Silao.
Su muerte, dijo, representa una doble tragedia, pues era hijo único y sostenía a sus progenitores, no solo económicamente, sino también con sus cuidados, ya que su padre requiere someterse a hemodiálisis tres veces por semana.

“(Iván) fue una persona buena, no debía nada a nadie… (Eso de que les disparó a los policías) es como difamación, se necesitan pruebas. Él no usaba armas (y no podía recoger a nadie en el camino) porque ya eran altas horas de la mañana”, aseguró su familiar.
Practicaba voleibol con su familia y, en la planta, formaba parte del equipo de futbol. Era muy sociable y participaba en las actividades de la comunidad.
La tarde del domingo, Iván habría recorrido los puestos de la Feria de San Felipe y, por la noche, asistió al baile de cierre. Cuando terminó, a las 3 de la madrugada, regresaba a su casa.
Un presunto testigo aseguró a AM haberlo visto cargando gasolina a la entrada de San Felipe y luego en la carretera, solo en su motocicleta, rumbo a Rincón de Ortega.

Otro vecino de la comunidad, que se identificó ante AM, también aseguró que Iván “era un buen muchacho”, a quien conocía desde niño, al igual que a su familia, y que eran personas honorables.
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Paz (SSyP) informó que los agentes fueron atacados a disparos por dos hombres en una motocicleta, que una persona “presuntamente involucrada” murió y otra escapó. También señaló que ningún policía resultó lesionado. Esto ocurrió a las 6:26 de la mañana del lunes.
“… Los preventivos al repeler la agresión lograron herir a uno de los agresores, mientras que el otro escapó corriendo rumbo a la zona cerril. La motocicleta quedó en un camino de terracería”, indicó el boletín de la corporación.
También se informó que los policías estatales solicitaron una ambulancia y comenzaron un operativo de búsqueda del agresor que escapó, pero no fue localizado.
AM solicitó a la SSyP detalles de los hechos: mecánica preliminar, cuántos policías dispararon y cuántos tiros realizaron, resultado de la necropsia y otros detalles técnicos. Sin embargo, la Secretaría se excusó de informar, afirmando que hacer revelaciones podría afectar la investigación de la Fiscalía General del Estado.
Cabe destacar que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza obliga a elaborar un reporte detallado cuando se emplean armas letales, incluido el número de disparos y las razones para utilizarlas.
El testigo asegura que, cuando se bajó de la carretera rumbo a la comunidad de Rincón de Ortega, había dos patrullas con las luces apagadas, pero no observó nada raro. Eran las 4:40 de la mañana.
Ya avanzada la mañana, dijo el familiar consultado, agentes de la Fiscalía se presentaron con la madre de Iván para pedirle que fueran a San Felipe a reconocer un cuerpo. Confirmaron con tristeza que sí era él.
El reconocimiento se hizo mediante fotografías, ya que los restos estaban en el Servicio Médico Forense de Guanajuato capital.
Tenía un solo disparo en la frente.
Iván fue sepultado el viernes 9 de octubre.
Solo entonces, su familia reunió fuerzas para exigir que no se criminalizara al joven, pero aún no tiene ánimo para nada más, dijo la persona entrevistada.
Por lo pronto, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato confirmó que la familia de Iván ratificó la queja que la institución había iniciado de oficio, con el folio 1355/2026.
No hay fecha estimada para la entrega de resultados.
No hay quejas, asegura la SSyP
Con relación a los hechos ocurridos en la carretera Silao-San Felipe, la Secretaría de Seguridad y Paz (SSyP) señaló, mediante un boletín, que mantiene la versión originalmente reportada y que se difundieron los datos preliminares disponibles inmediatamente después de los acontecimientos.
Aunque aclaró que las conclusiones serán expuestas por la FGE tras finalizar su investigación.
La Secretaría afirmó que ha proporcionado a la Fiscalía los elementos probatorios que se le han requerido, incluida la descripción detallada de la intervención policial durante los hechos, y que no le corresponde divulgar información que pudiera interferir con el desarrollo de las pesquisas.
En cuanto a la situación de los policías participantes, dijo que no hay motivos para separarlos del cargo y que la participación en un enfrentamiento no genera automáticamente la apertura de un procedimiento en la Dirección de Asuntos Internos.
Dicho proceso puede iniciarse a partir de una queja formal o de un requerimiento de alguna autoridad, pero, al momento, “no se ha recibido una queja ni se ha iniciado una investigación administrativa relacionada con estos hechos. Lo anterior no limita ni sustituye las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con la que la Secretaría mantiene plena colaboración”.
También informó que la ciudadanía puede presentar quejas por posibles actuaciones indebidas a través del número 800 3 CONFIA (800 326 63 42).
Fiscalía advierte que será minuciosa
El lunes 12 de octubre, una semana después de los hechos, la prensa cuestionó al fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, quien afirmó que la pregunta era “una buena oportunidad de darle certeza a la familia y a la ciudadanía (…de que) esta investigación debe ser mucho más escrupulosa que cualquiera, porque hay un señalamiento”.
“La carpeta de investigación inicia con un señalamiento de una persona que ha perdido la vida”, pero una versión posterior, por parte de la familia del fallecido, “permitiría pensar lo contrario”.
Sin embargo, aseguró que el Ministerio Público valoraría las pruebas con calma, “con la práctica de más actos de investigación que nos permitan fortalecer la hipótesis, cualquiera que sea el sentido”.
A pregunta expresa de si ya se está investigando a los policías estatales, Vázquez Alatriste aseguró que se están abordando todas las líneas de investigación.
“Ambas versiones (la de la Policía Estatal de Caminos y la de la familia) tienen que ser agotadas”, incluida la existencia (o no) de la persona que habría acompañado a Iván en el supuesto ataque.
Estados y municipios no pueden evadir su responsabilidad: Sheinbaum
El caso de Iván López llegó a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 13 de octubre. Ahí, una reportera planteó que el joven habría muerto bajo una falsa criminalización por parte de las FSPE, en un homicidio calificado como “un enfrentamiento con delincuentes”.

“Ayer lo mencioné, hay una responsabilidad de los estados de la República, de sus Policías”.
Claudia Sheinbaum se refirió a las acusaciones de tortura contra personas detenidas por la Policía, en particular, la de Jalisco, luego de las protestas para exigir un servicio de agua potable de calidad el pasado fin de semana.
“No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona, y menos en una detención (…) Y el caso que mencionas de policías municipales y policías estatales -de Guanajuato-, si tiene que entrar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o la propia Fiscalía General de la República, tiene que entrar.
“No podemos permitir, nosotros que venimos de luchar contra la represión, que en México haya fuerzas del orden que repriman y torturen. Entonces, es inadmisible. Y en estos casos que denuncias es igual”, cada asunto “tiene que investigarse, sancionarse, y cero impunidad”.
“Nadie por encima de la ley”: Libia
La gobernadora de Guanajuato, Libia García, se pronunció sobre el caso y afirmó que no porque un servidor público porte un uniforme significa que puede actuar por encima de la ley y quedar en la impunidad.
“Si hay algún abuso, alguna situación de exceso de fuerza en nuestra corporación o en las corporaciones municipales, hay que actuar conforme a la ley y vincular a proceso como se ha dado, por ejemplo, en el caso de Guanajuato”.
Esto, en alusión al caso de presunto abuso policiaco contra cinco jóvenes en la capital, cuatro de ellos alumnos de la Universidad de Guanajuato, quienes denunciaron pública y penalmente haber sido objeto de presuntas agresiones físicas y verbales por parte de seis policías municipales el 24 de septiembre en el Centro Histórico de la ciudad.
García Muñoz Ledo pidió no estigmatizar a los integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la corporación involucrada en el caso de San Felipe, pues la gran mayoría son hombres y mujeres comprometidos con la seguridad pública.
También advirtió que no hay que dar por ciertos todos los contenidos en redes sociales y llamó a ser responsables, sobre todo al compartir hechos como supuestos excesos policiacos, porque, en ocasiones, un clip de video no muestra todo el panorama.
Aseguró que constantemente se capacita en materia de derechos humanos a las personas funcionarias, así que, si hay un mal actuar de los agentes, se les debe sancionar.
Siembran dudas
Erandi Bermúdez, diputado panista y presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, afirmó que el tema es complejo y preocupante.
“Aunque la autoridad, la Fiscalía es quien tiene la última palabra, lamentablemente esta opinión o este reportaje que hace un medio de comunicación (entrevistando a la familia) me preocupa mucho porque pone en duda el peritaje de la fiscalía”.
Dijo que, en otras ocasiones, investigaciones periodísticas han publicado otra versión que contradice la oficial y muchas veces termina comprobando lo que originalmente habían planteado la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales. Sin embargo, “al final en el colectivo del ciudadano ya hay una duda”.
Por ello, la Fiscalía encabezada por Gerardo Vázquez “tendrá que presentar todas las pruebas habidas y por haber”, no para contradecir o confirmar la versión retomada por la prensa, sino para que la familia esté conforme con el trabajo de la Fiscalía.
“Y si no es así, también la Fiscalía tendrá la oportunidad de recuperar y de decir, ‘bueno, alguien de mi corporación se equivocó’, como ha pasado en otras cosas”. Entonces, el diputado mencionó que ha habido casos de entrega de cuerpos con equivocación de sus identidades.
Sobre si los policías involucrados en el caso deben ser separados de su cargo, dijo que dependería de cómo avance la investigación por homicidio, una vez que la familia presente la denuncia.
Por su parte, el diputado federal Francisco Estrada (Morena) demandó realizar una investigación exhaustiva sobre los casos de Iván López, en San Felipe; de Leobardo, en San Diego de la Unión; y de Joan Francisco, estudiante de la Universidad de Guanajuato.
Tras cuestionar la versión de las FSPE sobre la muerte de Iván, pidió esclarecer la actuación de los elementos policiales involucrados, garantizando investigaciones independientes, transparentes y apegadas a derecho.
“Ningún uniforme está por encima de la ley y ninguna familia debería tener miedo de exigir justicia”.
El legislador también cuestionó: “¿Dónde están las pruebas? ¿Qué dicen los peritajes balísticos? ¿Quién era esa segunda persona que supuestamente escapó? ¿Qué ocurrió realmente con la motocicleta en la que viajaba Iván? Son preguntas que las autoridades tienen la obligación de responder”.
“No queremos culpables fabricados ni versiones oficiales que sustituyan a las pruebas. Queremos verdad, queremos justicia y queremos instituciones que respondan. La vida de nuestros jóvenes no puede valer menos que la reputación de una institución”, concluyó.
Patrullaje, de lejos
En un comunicado enviado a AM este viernes 15 de octubre, la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de San Felipe informó que, con relación a los hechos mencionados, recibió a las 06:05 horas del día 5 una solicitud de apoyo, canalizada por el C5i, por un reporte de agresiones con arma de fuego en el que estaban involucrados elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).
Los policías de San Felipe llegaron al lugar, en la carretera Silao-San Felipe, a la altura de Rincón de Ortega, a las 06:26 horas, en las unidades 394 y 462.
De acuerdo con el boletín, recibieron información sobre los hechos, por lo que acudieron a cubrir la posible huida de una persona por caminos de terracería y zonas cercanas a San Juan de Llanos, sin localizarla.
La corporación municipal aseguró que su intervención se limitó a estas labores de apoyo y que no participó en el intercambio de disparos ni reportó detonaciones de armas de fuego por parte de sus elementos. También señaló que concluyeron su intervención a los 49 minutos, es decir, a las 07:15 horas, y se retiraron del lugar.
La Dirección de Seguridad local manifestó su disposición para colaborar con la Fiscalía estatal y demás autoridades en la investigación de los hechos.
El comunicado no lo detalla, pero San Juan de Llanos se ubica al lado opuesto de la carretera respecto a Rincón de Ortega, a una distancia aproximada de 3.5 kilómetros del pie de carretera.