Irapuato.- Ante los antecedentes de abuso sexual relacionados con ministros religiosos en la Diócesis de Celaya, la Diócesis de Irapuato afirma que apuesta por la prevención, la escucha y el acompañamiento a las víctimas mediante talleres en escuelas, centros de catequesis y formación para sacerdotes, informó Alejandra Loredo, encargada del área jurídica de la institución e integrante de la Comisión Diocesana de Protección a Menores.
La representante reconoció que atender estos casos implica un proceso doloroso para las personas afectadas y para la comunidad religiosa, pero sostuvo que es necesario aprender de las experiencias anteriores para mejorar la respuesta institucional, en un contexto en el que nuevos testimonios, como el de Jorge contra el sacerdote Constantino “N”, en San José de Iturbide, mantienen la atención sobre la actuación de las autoridades eclesiásticas.
Explicó que la comisión funciona principalmente como una oficina de escucha y acompañamiento, con apoyo de profesionistas externos y abogados que pueden ofrecer asesoría jurídica a quienes consideren haber sufrido algún daño dentro de la Iglesia.
Aclaró que estas funciones no sustituyen las facultades de las autoridades civiles para investigar delitos e impartir justicia, por lo que las personas conservan su derecho a presentar las denuncias correspondientes.
“Lo que queremos ser es una oreja amable para las personas que se acerquen a su Iglesia, a su diócesis, a querer ser escuchados”, señaló.
Loredo indicó que la prevención constituye otra de las principales líneas de trabajo de la comisión, que imparte talleres en centros de catequesis, colegios y escuelas, además de brindar formación a sacerdotes para promover una cultura del buen trato y evitar situaciones de violencia.
También señaló que el seminario cuenta con una materia dedicada especialmente a la prevención, con la intención de que los futuros sacerdotes conozcan y apliquen las medidas correspondientes.
“Queremos reiterar que la comisión trabaja para todos ustedes y que quien guste, quien lo necesite, estamos para servir”, afirmó.
Escucha institucional sin métricas de impacto
Sin embargo, durante su intervención no presentó cifras sobre las denuncias recibidas, las personas atendidas ni los resultados de los talleres, información que permitiría conocer el alcance de estas acciones.
Antecedentes que mantienen la atención sobre la Iglesia
La necesidad de fortalecer la prevención y la atención tiene como referencia los casos que se han hecho públicos en la región.
Uno de los procesos judiciales más conocidos en Irapuato es el de Jorge Raúl Villegas Chávez, sacerdote que trabajaba como confesor y psicólogo en el Colegio Atenas.
Fue denunciado en febrero de 2017 por agresiones sexuales contra alumnas menores de edad y recibió una sentencia definitiva de 117 años y nueve meses de prisión en noviembre de 2022, por delitos como violación calificada, abuso sexual, hostigamiento y corrupción de menores.
Otro caso es el de Luis Esteban Zavala Rodríguez, quien se desempeñaba en el templo de Nuestra Señora de la Soledad, en el Centro Histórico.
Fue denunciado en 2019 por la violación de una niña de 12 años que acudía a clases de catecismo y recibió una sentencia de 65 años y tres meses de prisión en enero de 2021.
En junio de 2020 también se hizo pública la detención de Rubén Herrera Luna, vinculado a proceso por una acusación de abuso contra una menor de edad.
El sacerdote ejercía en la parroquia de San Felipe de Jesús, en la colonia La Pradera, y fue localizado en Morelia, Michoacán. En ese momento se le impuso prisión preventiva y la Diócesis anunció su separación del ministerio clerical.
A estos antecedentes se suma el caso de Pedro Gutiérrez Farías, responsable de las casas hogar conocidas como Ciudad de los Niños, en Salamanca.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó, mediante la recomendación 32VG/2020, graves violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, incluidas violencia sexual, tortura y tratos crueles.
El sacerdote murió en noviembre de 2020, antes de ser vinculado a proceso penal.
Los casos corresponden a distintos contextos y procedimientos judiciales, pero mantienen vigente la discusión sobre la responsabilidad de las instituciones religiosas para prevenir los abusos, atender a quienes los denuncian y garantizar que sus mecanismos de protección funcionen de manera efectiva.
El caso San José de Iturbide y la inacción en Celaya
El debate también se reavivó con el caso de Jorge, quien denunció en marzo de 2025 presuntas agresiones sexuales reiteradas por parte de Constantino “N”, conocido como el “Padre Tino”, cuando era monaguillo y tenía 11 años.
Los hechos habrían ocurrido entre 2010 y 2014 en la parroquia de San Sebastián del Salitre, en San José de Iturbide, municipio perteneciente a la jurisdicción de la Diócesis de Celaya.
De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado, Constantino “N” fue vinculado a proceso en noviembre de 2025 por delitos sexuales y corrupción de menores. El imputado enfrenta el procedimiento en libertad, sujeto a medidas cautelares, mientras se desarrolla la etapa previa al juicio oral.
El caso también generó cuestionamientos por la falta de información pública de la Diócesis de Celaya sobre la situación ministerial del señalado y la existencia de posibles procedimientos canónicos.
La comisión encargada de la protección de menores y personas vulnerables en esa diócesis tampoco accedió a ofrecer una entrevista sobre el asunto. A través de su área de comunicación, se informó que los esfuerzos para consolidar el organismo habían sido limitados.
La situación contrasta con el planteamiento de la Diócesis de Irapuato sobre la importancia de contar con espacios de escucha y acompañamiento, aunque la existencia de estos mecanismos, por sí sola, no permite establecer qué tan eficaces son ni cómo responden ante denuncias concretas.
AAK
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