Guanajuato.- El caso de violencia digital contra una estudiante y una profesora de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de la Universidad de Guanajuato (UG) en Pénjamo expone, según Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres A. C., las deficiencias de la UG para prevenir y atender la violencia contra las mujeres dentro de su comunidad.
Advirtió que las políticas de prevención y sanción de las violencias contra las mujeres y las niñas en el entorno educativo, implementadas por la Universidad a través de su oficina especializada, UGénero, no son efectivas ni oportunas.
Consideró que, en general, tampoco hay protocolos de seguridad estructural ni de prevención de la inseguridad, como quedó evidenciado, según señaló, en el caso del alumno Joan Francisco Díaz Rodríguez, desaparecido y localizado muerto en el río Pastita, en Guanajuato capital.
“Solamente cuando hay un escándalo público y depende de la presión que reciban, sea de los estudiantes, de la sociedad, de los medios o se haga mediático, es cuando (las autoridades) dan algo de respuesta, pero nunca han dado una respuesta contundente ni estructural”.
Por su parte, la Universidad de Guanajuato reconoció que sus protocolos y reglamentos requieren una actualización, pero aseguró, mediante un comunicado de prensa, que trabaja en ello y que el equipo que atiende las denuncias está en constante capacitación.
No obstante, se reservó comentar la situación actual en la preparatoria oficial de Pénjamo.
Señalan fallas estructurales en atención a violencia de género en la UG
De acuerdo con Verónica Cruz, la mayor parte del tiempo se desconoce qué hace UGénero y solo se le menciona cuando las autoridades universitarias quieren destacar acciones de protección de derechos. Sin embargo, consideró que, en la práctica, los protocolos se aplican a discreción y la respuesta institucional suele ser tardía y reactiva.
Reconoció que la falla es estructural y corresponde a todas las instituciones, no solo a la UG, pero aun así existe responsabilidad institucional.
Advirtió que esto quedó evidenciado cuando la rectora general de la UG, Claudia Gómez López, declaró el pasado sábado, sobre el caso de Pénjamo, “ya vamos a aplicar el protocolo”, cuando, a su juicio, debió aplicarse en cuanto la institución se enteró de los hechos.
Además, señaló que los protocolos no son “varitas mágicas” que resuelvan los problemas de inmediato si no existe educación para la prevención ni se aplican sanciones ejemplares.
Tareas escolares derivan en amenazas contra alumna y profesora
La problemática en Pénjamo inició, según Orfelina, la profesora afectada, porque ella dejaba actividades en el grupo de WhatsApp del salón, pero algunos alumnos se quejaron y otra estudiante, Fernanda, defendió la labor de la maestra.
La docente aseguró que estos alumnos habrían creado otro grupo en el que presuntamente publicaron insultos y amenazas de violación contra ella y contra Fernanda. Sobre esta última, también habrían expresado que la acosarían hasta hacer que atentara contra su propia vida.
Fernanda dejó temporalmente la escuela.
No obstante, Gerardo Fuentes Cordera, entonces director de la ENMS Pénjamo, reveló que el caso se estaba atendiendo desde el lunes 5 de octubre. El viernes 9 hubo una reunión entre los padres de la estudiante afectada, la profesora Orfelina, la directiva de la preparatoria y una comisión enviada desde las oficinas centrales.
Como no hubo soluciones satisfactorias para los afectados, los estudiantes, en solidaridad, cerraron simbólicamente las instalaciones el lunes pasado y el caso se viralizó.
Este miércoles realizaron una marcha pacífica por las calles de la ciudad, además de participar en una mesa de diálogo encabezada por directivos de la UG, con maestros y padres de familia.
Los inconformes exigieron las renuncias del director Gerardo Fuentes y de Sara Martínez López, encargada de la ventanilla local de UGénero, pues dijeron no sentirse escuchados ni seguros.
Al día siguiente, la UG anunció la separación del cargo de Fuentes Cordera. En su lugar fue nombrada María del Carmen Moreno Frías, quien permanecerá en el cargo durante lo que resta del semestre.
Y, según una docente presente en la mesa de diálogo con estudiantes, Sara Martínez firmó su renuncia simbólica en el pliego petitorio.
Urge actualizar los protocolos de la Universidad de Guanajuato
Verónica Cruz afirmó que en Pénjamo no se brindó una atención ágil a la adolescente ni a su profesora y subrayó la necesidad de que las políticas educativas y los protocolos sean transversales.
“Entender quién es el agresor, quién es la víctima, cómo fue el análisis del contexto en el que ocurrió la violencia y en esa proporcionalidad, ¿se trata de violencia de género, se trata de una supra, subordinación de la relación o tiene que ver solamente con elemento relacional en lo laboral o entre estudiantes?, pero que no está cruzado por la perspectiva de género”.
Lamentó que “las mentes más brillantes” de la academia en el estado no estén trabajando en actualizar los programas de UGénero.
“(El caso Pénjamo) es todavía más grave por (ser) la Universidad de Guanajuato, porque en teoría es muy poca gente la que tiene acceso a ese mundo educativo que debería ser de calidad y donde debería ser el espacio más seguro, donde las mujeres encontrarían un ambiente libre de violencia porque es la universidad y porque debería estar a la vanguardia de enseñarle incluso al Estado las políticas públicas que debería tener, pero no lo hacen ni ellos”.
La directora de Las Libres cuestionó que la institución plantee el acompañamiento penal como una opción para la víctima, pues consideró que, ante hechos que pueden constituir un delito, la Universidad debe actuar.
“Es brutal por donde lo veamos, porque no solamente no atienden la violencia, no solamente no la previenen, sino cuando tienen los casos extremos tampoco saben qué hacer”.
Dijo también que existen especialistas para atender la violencia, incluso cuando ocurre entre adolescentes de la misma edad.
La semana pasada, la Universidad realizó una actividad de sensibilización sobre violencia digital, con la proyección del documental Llamarse Olimpia, que narra la historia de la activista Olimpia Coral Melo, la lucha por el reconocimiento de la violencia digital en México y la importancia de construir espacios digitales seguros. La actividad incluyó un conversatorio; no obstante, Cruz consideró que las acciones aisladas son insuficientes para prevenir este tipo de agresiones.
También aseguró que la protección de las mujeres víctimas de violencia no es responsabilidad únicamente de su entorno inmediato, como la familia o la escuela, sino de todo el aparato del Estado, desde el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA), la Secretaría de las Mujeres y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV).
AM consultó a los enlaces de prensa de estas dos últimas instancias. La CEAIV confirmó que las afectadas no se habían acercado, pero que las buscaría para ofrecerles acompañamiento jurídico, mientras que la Secretaría de las Mujeres dijo que revisaría el caso.
Registra UG 713 reportes de presunta violencia de género desde 2023
De acuerdo con información obtenida por Transparencia, la UG ha registrado 713 reportes de presunta violencia de género entre enero de 2023 y septiembre de 2026, los cuales incluyen uno o más de los nueve tipos de violencia de género clasificados en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato.
Estos nueve tipos de violencia de género son: física, psicológica, económica, sexual, laboral, docente, digital, patrimonial y feminicida.
Del total de 713 reportes, 180 ocurrieron en 2025 y en lo que va de 2026 se han registrado 117. De estos últimos, 102 proceden de mujeres cisgénero y 88 corresponden a alumnas. Diez de los casos son por violencia digital.
Destaca la relación con la víctima: en 49 de los reportes, los presuntos responsables serían compañeros de clase; en 12, docentes; en cuatro, autoridades, y en otros 20, exparejas.
Además, 80 reportes siguen abiertos y 32 fueron cerrados, pero no se informó sobre acciones o sanciones.
UG reconoce necesidad de actualizar sus protocolos de atención
La Universidad de Guanajuato declinó, mediante un comunicado, comentar la situación específica en la ENMS Pénjamo.
“Por respeto a las víctimas y a las investigaciones en curso, no nos pronunciamos sobre casos particulares.
Cuando los hechos pueden constituir delito, corresponde a la Fiscalía investigarlos; a la Universidad le corresponde acompañar a su comunidad con prontitud y sensibilidad, compromiso que se mantiene desde el origen del Programa”.
La institución se refería al Programa Institucional de Igualdad de Género (PIIG), la instancia encargada de la atención inicial y el acompañamiento para canalizar responsabilidades.
Por otra parte, el pronunciamiento advirtió que las cifras entregadas a AM vía Transparencia no deben interpretarse únicamente como un aumento de la violencia, pues también reflejan que más mujeres de la comunidad, sobre todo estudiantes, se atreven a identificarla y denunciarla.
La UG aseguró que mediante el PIIG “se atienden todos los reportes con prontitud, una vez que se recibe el reporte, el equipo hace el primer contacto en un plazo de entre 24 y 48 horas. Se brinda acompañamiento jurídico y psicológico, y se emiten medidas de protección y, en caso de estar ante la posible comisión de un delito, se acompaña a las víctimas ante el Ministerio Público cuando deciden denunciar”.
La Universidad precisó que no todos los hechos denunciados ocurren dentro del entorno universitario, pero que, aun así, el Programa brinda acompañamiento ante diversas instancias y otorga seguimiento psicológico, así como apoyo académico a quienes lo requieren.
También aclaró que, en los casos en que la persona denunciante, con plena autonomía, no desea iniciar en primera instancia un procedimiento de sanción ni presentar una denuncia penal, se le brinda atención psicológica y se le canaliza a otros servicios, de acuerdo con sus necesidades.
“Que el Programa concluya un expediente sin sanción no significa que la persona receptora de violencia no haya sido atendida”.
La UG destacó que el PIIG no es propiamente la instancia que sanciona, sino que centra su labor en el acompañamiento para buscar atención y sanciones ante las instancias competentes, como el Órgano Interno de Control, la Dirección de Recursos Humanos o las Comisiones de Honor y Justicia de las respectivas escuelas e, incluso, el Ministerio Público.
Asimismo, reconoció que el Protocolo requiere una actualización, por lo que desde 2025 está en marcha una evaluación y propuesta de reforma tanto al protocolo de atención como al reglamento, mediante un proceso participativo que integra a estudiantes, colectivas y organizaciones feministas, entre ellas Las Libres.
Con base en estos hallazgos, UGénero propone incorporar al marco normativo:
- La perspectiva de diversidad sexual y de género, con respaldo normativo para el trabajo que el Programa ya realiza.
- El trabajo con personas generadoras de violencia, con énfasis en los hombres.
- Procesos de justicia restaurativa con vocación transformadora, sin sustituir la sanción cuando proceda.
- Un área especializada de investigación y sustanciación.
Esta ruta, afirmó la UG, está en proceso.
HLL
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