León.- Gerardo Vázquez Alatriste deslindó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato del operativo presuntamente fallido del decomiso de 59 millones de litros de combustible asegurados en septiembre en una planta de almacenamiento de San José de Iturbide.
Dijo que la FGE no tuvo ninguna participación, ni directa ni indirecta, en el caso, que es competencia de la Federación, pues a nivel estatal se investigan asuntos del orden común.
Esto, en respuesta a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera del miércoles, quien descartó que lo asegurado fuera de procedencia ilícita, como se informó inicialmente.
Evita calificarlo como error
De acuerdo con la presidenta, la empresa contaba con los permisos de almacenamiento y distribución de diésel y gasolina y, aunque había “algunos asuntos ilegales de transporte que estaban entrando” a la planta, fueron subsanados por la misma.
También se abstuvo de calificar como pifia, error o cualquier otro adjetivo la actuación de las autoridades involucradas.
“Porque quizás si fuese en un sentido inverso, no me agradaría que alguien calificara o criticara nuestro trabajo. Entonces, yo creo en la máxima de respeto institucional es la que debe motivarnos a conducirnos de esa manera. Ya tendrá la Fiscalía General de la República que valorar lo que deba ser o no deba ser”.
Evita hablar de salida de delegado de la FGR
Al fiscal de Guanajuato también se le preguntó su opinión sobre si fue justa la salida del delegado estatal de la Fiscalía General de la República (Juan Francisco Vera Ayala) y declinó abordar el tema. Dijo que no le correspondía hablar de una vía que había tomado la titular de la institución federal (Ernestina Godoy Ramos).
La prensa insistió en conocer su visión del caso, como extitular de la delegación estatal de la FGR, de dónde habría sido la falla para que se notificara de que era un decomiso (válido) e histórico, e insistió en su respuesta: que desconocía totalmente el asunto.
“Yo no sé cómo se gestó, cómo se tomó la determinación, cómo se puede haber establecido que había elementos para solicitar o no una técnica de cateo, no lo sé. Entonces, hablar sobre algo que yo desconozco… Yo conozco lo mismo que ustedes (lo que…) los medios de comunicación han publicado y lo que he escuchado en las conferencias de la mañanera”.
Desconoce si habrá acciones legales
A pregunta expresa sobre si la empresa emprenderá o no acciones (legales) por daños a su reputación, dijo que no sabe ni tiene modo de saberlo, porque, insistió, el asunto no es de su competencia.
“Creo que no solamente la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, todas las instituciones públicas de los municipios, del estado y de la Federación, estamos comprometidos no solamente en Guanajuato, en todo el país, que cada quien se esfuerce por hacer lo mejor que puede y siempre ponderando los resultados”.
El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, comentó que el caso ya le corresponde a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), la cual hará el deslinde de las responsabilidades.
“Lo que sí hay que reconocer que hoy es un reto, no solo en Guanajuato, en México, el tema del robo de combustible sigue siendo una fuente de financiamiento para los grupos delincuenciales y que seguimos en Guanajuato trabajando en conjunto y coordinados con la Federación”.
Y que por encargo de la gobernadora Libia García esa será la ruta: trabajo en equipo, coordinado con inteligencia.
Caso Punto Legal: Reparación integral
Gerardo Vázquez Alatriste también se refirió al caso de Edgar Franco Ríos, director del despacho Punto Legal, que defraudó a cientos de personas con la promesa de venta de casas en remate bancario.
De acuerdo con un último conteo de AM, rondaría las 367 denuncias ante el MP, por las cuales ya se obtuvieron dos sentencias condenatorias.
“A las víctimas les tiene poco cuidado que el culpable esté en la cárcel y que llevemos más de 1,300 años de sentencia, que sabemos que no los va a cumplir porque la legislación de la materia no permite más de 40 años efectivos. Eso no satisface a las víctimas. Estamos trabajando ya por la reparación integral del daño”.
El fiscal detalló que la FGE está buscando los mecanismos que permitan resarcir el daño a las víctimas, que están rastreando el destino del dinero, pero aclaró que no podía dar más detalles.
AAK
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