La elección judicial en México, lejos de significar un avance democrático, confirma que cuando el poder se disfraza de participación ciudadana, lo que se cocina es una receta perfecta para el autoritarismo legalizado. Con apenas 13 por ciento de participación, el proceso se celebró más por su forma que por su fondo: boletas, urnas y propaganda, sí; pero información, debate y autonomía, no.
El caso más visible es el del abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz, quien con más de 6 millones de votos será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque su perfil es presentado como un triunfo de la representación indígena, en realidad es otro engranaje alineado con el oficialismo, especialmente por su cercanía con proyectos como el Tren Maya y su simpatía explícita con el gobierno federal.
Pero el problema no es solo Aguilar. De los otros ocho ministros electos, todos comparten un rasgo en común: la afinidad con Morena. Lenia Batres Guadarrama, designada por López Obrador en 2023; Loretta Ortiz Ahlf, exdiputada morenista; Yasmín Esquivel Mossa, envuelta en escándalos por plagio; y María Estela Ríos González, exconsejera jurídica presidencial, son ejemplo de una Corte ahora moldeada al gusto de Palacio Nacional. La independencia judicial, esa que da equilibrio al poder, quedó fuera de la lista.
Los “acordeones” repartidos con nombres sugeridos por Morena no solo confirmaron la operación política detrás del voto, sino que anularon la supuesta libertad ciudadana. Votar por jueces sin conocerlos, sin campañas informativas y bajo la sombra de un partido dominante es convertir la democracia en simulacro.
La elección de ministros y ministras por voto directo pudo haber sido una oportunidad para construir una justicia verdaderamente cercana al pueblo. Pero sin transparencia, sin garantías de autonomía y con candidaturas avaladas por el poder político, el resultado es un Poder Judicial cooptado.
Más que una transformación, esta elección representa una consolidación: la del control absoluto disfrazado de mandato popular. En México, la división de poderes no murió de un golpe seco, sino entre vítores y urnas, legitimada por una elección que, paradójicamente, puede marcar el fin de la justicia independiente.
El Congreso del Estado de Hidalgo incorporó este jueves a María del Rosario Guerrero Martínez, quien tomó posesión como diputada suplente del distrito I de Zimapán, en sustitución de la legisladora Alhely “N”, quien cuenta con una orden de aprensión vigente.
La curul quedó vacante después de la salida de Alhely “N” legisladora que pidió licencia de manera indefinida y la solicitud fue aceptada sin objeciones por el pleno del Congreso local.
El caso de Alhely “N” causó impacto en la opinión pública, pues su separación del cargo se relaciona con una investigación abierta por hechos registrados en Zimapán, donde dos menores resultaron afectados, según reportes oficiales.
Guerrero Martínez cubrirá el lugar mientras continúe la licencia y el Congreso notificó formalmente su incorporación a la Junta de Gobierno y a las comisiones donde participará, mientras que su actividad legislativa iniciará en la próxima sesión.
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