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En medio de la tensión nacional tras la muerte de “El Mencho”, en Hidalgo la reacción fue coordinada con más de 500 policías en la región Tula, carreteras abiertas y un Gabinete de Seguridad en sesión permanente encabezado por Julio Menchaca para prevenir incidentes y garantizar la tranquilidad.
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Otra escena de Omar Fayad, ahora llegando a la Auditoría para intentar explicar 59 millones observados, acompañado de Jessica Blancas Hidalgo, cuya gestión arrastra el pesado antecedente del caso Accendo. Cada acto que intenta denotar afán de transparencia es más bien una respuesta tardía y de control de daños que hace mucho ruido, pero aclara muy poco.
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Continúa el embrollo con Ana Karen Parra Bonilla, el recurso simplón de que todo se trata de “golpeteo político” y en la Comisión de Derechos Humanos todo marcha sobre ruedas suena a pura distracción; si además se investiga quién filtró denuncias para tomar represalias y no para aclarar posibles abusos, la titular mantiene su credibilidad tambaleante.
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Con casi 400 millones de pesos por aclarar en la Cuenta Pública 2024, la transparencia volvió a ponerse sobre la mesa en el Congreso de Hidalgo; aunque el auditor precisó que no todo implica daño al erario, municipios como Tepeapulco, Atotonilco de Tula, Actopan, Tetepango y Emiliano Zapata harían bien en afinar su responsabilidad administrativa.
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En la comunidad de El Mandho, en Ixmiquilpan, el alcalde Emmanuel Hernández Pascual terminó reconociendo como delegado a quien la asamblea ya había elegido, pero solo después de casi un mes de inconformidad; la demora dejó dudas sobre su disposición a respetar desde el principio los usos y costumbres. Pero ¿qué necesidad?
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