Guanajuato.- La Comisión de Gobernación del Congreso estatal realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas. El objetivo es establecer el acoso sexual como falta administrativa grave de las personas servidoras públicas.
La iniciativa busca tipificar la conducta de acoso sexual como falta administrativa grave. De esta manera, se podría imponer sanciones de mayor intensidad que las previstas actualmente, que la consideran una falta no grave.
La propuesta define el acoso sexual como la acción de quien, con fines sexuales o de lujuria, asedie y produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la persona servidora pública. Esto aplica independientemente de que el comportamiento ocurra en uno o varios eventos, incluso si no existe una relación de subordinación.
Los participantes en la mesa de trabajo consideraron viable establecer el acoso sexual como falta administrativa grave. Argumentaron que, aunque ya constituye un ilícito de carácter penal, es necesario incorporarla en la normatividad disciplinaria administrativa. El fin es prevenir la comisión de estos actos y reducir su incidencia.
Actualmente, al no estar expresamente prevista como falta grave en la norma, estas conductas se encuadran como faltas no graves. Esto implica la eventual imposición de sanciones de menor intensidad.
Postura de los legisladores
La diputada Susana Bermúdez Cano refirió que los índices de acoso sexual en México muestran una prevalencia significativa, sobre todo hacia las mujeres. Detalló que es el tipo de violencia más frecuente con un 42%, en espacios públicos un 45%, y en el ámbito laboral un 47%. Por ello, urgió a ponderar la aplicabilidad de la norma.
Por su parte, la diputada Rocío Cervantes Barba, del PRI, manifestó que la mayoría de los casos no se denuncian. Subrayó que las víctimas viven en un ambiente laboral hostil, con estrés, ansiedad y asilamiento. Agregó que el ciclo de impunidad fomenta que sea un delito continuado.
Rodrigo González Zaragoza, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), comentó que la intención de la propuesta va en la progresividad del derecho. Aseguró que deben respaldar todo lo que permita que las mujeres trabajen en un ambiente de respeto, sin acoso ni violencia.
La diputada María Eugenia García Oliveros se sumó al respaldo de la propuesta. Externó su apoyo y calificó la iniciativa como “muy buena”, pues atiende la política de “cero tolerancia” en el servicio público.
La morenista celebró el avance contra la impunidad. Instó a la reflexión para ampliar esta protección a otros ámbitos, señalando que estos actos “se dan muchas veces con quienes se dicen discípulos, pastores, sacerdotes (…) y me adelanto a decir que estoy a favor”, puntualizó.
Finalmente, Alejandro Sierra, jefe del Jurídico del Ejecutivo, agradeció el respaldo hacia la propuesta. Remarcó que los comentarios emitidos son importantes para fortalecer las consideraciones del dictamen.
Impunidad ante el acoso sexual y laboral: Protocolos ausentes y sin seguimiento, advierten
AM publicó el 28 de octubre que la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) negó encubrir casos de acoso sexual y laboral dentro de la institución. También rechazó que en la atención a las víctimas se simule algún acto de justicia.
“Toda forma de acoso, de hostigamiento o de abuso para nosotros es inaceptable”, aseguró el secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá.
El secretario aseguró que se brinda atención inmediata a los casos señalados conforme se presentan. La investigación de AM revela que la SSG concentra el mayor número de denuncias.
La SSG tiene el mayor número de denuncias por acoso sexual y laboral en el Gobierno estatal. Esto ocurre entre 51 dependencias en los últimos 8 años, con al menos 19 recomendaciones de Prodheg.
HLL
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