León.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evitó que se le negara un amparo a la periodista Myrna Susana Gómez para exigir su protección integral, después de que fue víctima de desplazamiento forzado por amenazas cuando trabajaba en León en 2019.
Tras recibir estas amenazas directas en su contra y de su familia con motivo de su labor informativa, se incorporó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Aunque se le otorgaron medidas iniciales como reubicación temporal, alojamiento, alimentación y un botón de asistencia, la periodista impugnó al señalar que “resultaron insuficientes para atender de manera integral su contexto”, según la demanda de amparo.
Sin embargo, un juzgado de distrito desestimó su reclamo al argumentar que se presentó fuera del plazo de 30 días naturales que marca la ley vigente para interponer un recurso de inconformidad.
Esto llevó su caso a revisión ante el Pleno de la SCJN este martes 24 de febrero, en el que por mayoría de cinco votos se rechazó el proyecto de sentencia que le negaba el amparo.
Con esto se desechó el asunto y ahora se turnará a otro ministro para analizar el juicio y elaborar una nueva resolución con perspectiva de derechos humanos.
Un tormentoso proceso judicial
La periodista Myrna Susana señaló que tras sufrir el desplazamiento forzado junto con sus dos hijas menores de edad en 2019, posteriormente se le retiraron las medidas esenciales que recibió del mecanismo de protección oficial.
“Tras esto, me vi en la necesidad de interponer lo que ha sido para mí y para mis hijas un tormentoso proceso judicial por la vía de amparo, denunciando siete violaciones graves”, reveló en agosto de 2025 a través de la organización Prensa Cimac.
Señaló las omisiones de las autoridades en protegerla y solventar sus derechos como madre y comunicadora, a la par de los que tienen sus hijas en el contexto de violencia que vive el país, donde asesinatos de periodistas han marcado la última década.
“Tras nueve meses, el juzgado resolvió que no hubo violaciones y que proteger a mujeres periodistas desplazadas no es prioridad pública; exijo al Estado protección real con enfoque de género e interseccionalidad”, dijo.
El recuento del conflicto
En el juicio de amparo se describen los antecedentes que derivaron en su desplazamiento cuando, como periodista independiente, “recibió amenazas directas en su contra y en contra de su familia” en septiembre de 2019.
Para octubre del mismo año, solicitó su incorporación al Mecanismo de Protección y presentó su denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Posteriormente se determinó otorgarle medidas de protección como su reubicación temporal. Para 2023 se aprobó un plan de protección vigente en el que se mantuvieron esencialmente medidas de apoyo de carácter asistencial.
Myrna Susana sostuvo que estas medidas eran “paliativas” e insuficientes al tener que abandonar, junto a su familia, su domicilio, pertenencias y actividades cotidianas.
“Sin que se hubieran instrumentado acciones estructurales para garantizar el ejercicio efectivo de su labor periodística ni la protección reforzada”, se lee en el expediente de amparo.
Así, desde enero de 2024, la comunicadora presentó un recurso de inconformidad ante el Mecanismo de Protección, buscando justicia en un estado que ocupa el quinto lugar nacional en agresiones contra el gremio.
Sin embargo, la Junta de Gobierno de dicho Mecanismo desechó de plano el recurso al considerar que había sido promovido de manera extemporánea.
“Al haber transcurrido más de treinta días naturales entre la notificación del acuerdo y la presentación del escrito de inconformidad”, indica el documento al cual AM tuvo acceso.
Para abril de 2024, la periodista promovió un juicio de amparo indirecto impugnando tanto el desechamiento de su recurso como la inconstitucionalidad del artículo 57 de la ley en la materia.
No obstante, en diciembre de dicho año, el Juzgado Decimoquinto de Distrito negó el amparo, resolviendo que el plazo de 30 días es razonable y no vulnera el acceso a la justicia.
Llega hasta el máximo tribunal
De 2025 a 2026, su caso llegó al máximo tribunal de justicia en el país, en el que esta semana se discutió el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, el cual proponía confirmar la negativa.
Sin embargo, la mayoría de ministros señalaron que el caso debía analizarse bajo un enfoque de interseccionalidad y género, dada la vulnerabilidad de la víctima.
Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, además de rechazar el proyecto de sentencia, externó sus consideraciones sobre la situación de la periodista.
“Estamos frente a una mujer periodista, madre, que tiene dificultades en su salud y que ha tenido que abandonar su ciudad para eludir agresiones; debemos analizar este asunto con enfoque de género”, dijo.
“El plazo de treinta días puede resultar suficiente para algunos, pero quien vive en condiciones de zozobra y necesidad de cambiar de residencia, puede resultar muy poco ese plazo”, añadió el Ministro Presidente.
Se disparan casos de desplazamiento forzado en Guanajuato
El estado enfrentó una crisis de desplazamiento forzado interno. Familias abandonaron sus comunidades por amenazas de muerte y extorsiones, fenómeno agudizado por la impunidad e incapacidad institucional para frenar la violencia.
Víctimas de diversos municipios de Guanajuato huyeron tras sufrir agresiones directas. El informe subrayó que el miedo y la falta de castigo a delincuentes fueron los detonantes que obligaron a dejar viviendas y empleos bajo la presión criminal estatal.
La problemática generó presión en albergues de ciudades receptoras. En Guanajuato, organizaciones civiles demandaron protocolos de atención urgente para proteger a quienes perdieron su patrimonio y buscan refugio interno por la violencia.
El desplazamiento en Guanajuato afectó gravemente el tejido social de localidades rurales. Se identificó que muchos desplazados fueron comerciantes y agricultores que se negaron a pagar cuotas ilícitas en sus regiones.
Autoridades fueron señaladas por carecer de un padrón oficial de afectados. En Guanajuato, la atención a víctimas resultó insuficiente para cubrir necesidades de seguridad de quienes huyeron.
La impunidad alimentó el ciclo de expulsión de ciudadanos. En Guanajuato, la procuración de justicia no garantizó el retorno seguro, dejando a familias en vulnerabilidad jurídica tras los eventos de febrero.
Se demandan leyes específicas para reconocer este fenómeno migratorio. Para Guanajuato, la paz en comunidades es vital para frenar el éxodo interno.
AAK
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