Ciudad de México.- Luego de que el Tribunal electoral dejó pasar los acordeones en la pasada elección judicial, ahora los Fiscales electorales estatales piden a la Presidencia de la República castigar este tipo de recursos.
En su propuesta entregada al INE, la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales (AMFE) solicitó endurecer y añadir delitos electorales, entre ellos la distribución masiva de estos acordeones.
Los últimos procesos comiciales han demostrado que la legislación está rebasada, pues partidos, aspirantes y funcionarios buscan cómo violar la ley, señalan.
Debería existir, consideran los fiscales, un apartado que establezca puntualmente que la distribución masiva de acordeones, guías de votación o instrucciones predeterminadas, ya sea en físico o por internet, en la elección de juzgadores será considerada como un delito. Sin embargo no se establece una sanción concreta.
Al no encontrarse tipificada esta conducta en la legislación penal electoral actual se genera un espacio de impunidad que permite su reproducción y, en consecuencia, vulnera principios esenciales como la libertad del voto, la equidad y la imparcialidad. Penalizarla contribuye a inhibir mecanismos encubiertos de presión política”, indicó la Fiscal Electoral de Puebla, Karina Andraca.
Plantean aumentar delitos
El nuevo catálogo debería incluir desde la violencia política en cualquier modalidad, la usurpación de acciones afirmativas, la manipulación de propaganda en redes sociales, la coacción del voto de personas en prisión preventiva, el retiro o destrucción de propaganda electoral, hasta la distribución masiva de acordeones, propuso la AMFE.
En un documento entregado al INE, señala que se modificarían seis artículos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y se añadirían otros ocho.
Entre ellos, la compra o coacción de votos, condicionamiento o suspensión de programas sociales, transporte de votantes, proselitismo indebido, actos anticipados de campaña, financiamiento ilícito o el retiro, destrucción o alteración de la propaganda electoral.
Ésta podría sancionarse con tres años de prisión o 100 días de multa.
Y exigen claridad
Asimismo, exigen más claridad para quienes compiten por una candidatura para personas afromexicanas, indígenas, de la comunidad LGBTIQ+ o con discapacidad, para frenar la simulación.
Quien no confirme que en verdad pertenece a alguno de esos grupos, indican, podría ser penalizado con tres años de prisión y podría tipificarse como usurpación de acciones afirmativas.
La AMFE demanda endurecer las sanciones por violencia política digital, al añadir como sanción la inhabilitación para ocupar cargos de elección popular o de dirección partidista hasta por 15 años.
Debería existir, consideran, un apartado que establezca puntualmente que la distribución masiva de acordeones, guías de votación o instrucciones predeterminadas, ya sea en físico o por internet, en la elección de juzgadores, será considerada un delito.
Sin embargo no se establece una sanción concreta.
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