Culiacán.- El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, acusado de narcotráfico por EU, ejerce el control del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa a través de una red de familiares y allegados en puestos clave.
Antes de ser Secretario de Gobierno en la Administración de Rubén Rocha, quien también es requerido por la justicia estadounidense, Inzunza pasó 25 años en el tribunal, del que fue en tres ocasiones presidente.
Su hermana, Aída Inzunza Cázares, tiene un cargo como Magistrada electoral; su otra hermana, Lorena, es jueza civil, y su hermano, Javier, funge como secretario de acuerdos del Tribunal.
Su esposa, Claudia Meza, es Magistrada civil; mientras que su sobrina, Diana Elide Iribe Cázarez, es jueza en materia familiar; su prima, Yarely Valdez Inzunza, es jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas y Atención al Público.
También hay al menos dos de sus sobrinos involucrados: Emilio Cázares, jefe de la Unidad de Contabilidad de la Dirección de Finanzas, e Iliana Cázares, directora de la Región Norte.
Descartó dejar el Senado ante investigaciones en EU
Enrique Inzunza Cázarez descartó solicitar licencia al Senado de la República tras la difusión de reportes que lo vincularon con procesos judiciales en Estados Unidos. El senador electo aseguró que las acusaciones carecieron de sustento y decidió mantenerse activo en sus responsabilidades políticas y legislativas.
Durante su declaración, el funcionario sinaloense manifestó que su compromiso permaneció con los electores que le otorgaron el voto. Argumentó que su salida del cargo solo ocurriría bajo mandatos legales claros, subrayando que no cedería ante presiones mediáticas derivadas de filtraciones sobre su situación jurídica externa.
La postura de Inzunza generó reacciones encontradas en los pasillos legislativos, donde algunos bloques exigieron una aclaración profunda sobre los señalamientos de agencias estadounidenses. Sin embargo, el senador reiteró que su defensa se centraría en el marco institucional mexicano, rechazando cualquier intención de abandonar su escaño.
Finalmente, el equipo jurídico de Enrique Inzunza señaló que no existió ninguna notificación formal que impidiera el ejercicio de sus funciones. Con esta decisión, el legislador buscó disipar los rumores sobre una posible huida de la justicia o una negociación que implicara renunciar a su fuero constitucional en el corto plazo.
AAK
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