Ciudad de México.- El senador Clemente Castañeda, jefe de la bancada de Movimiento Ciudadano, apuró a su correligionario, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, a aclarar “sin evasivas” el proceso de juicio político que enfrenta en el Congreso estatal.

“Nosotros, por supuesto, le creemos al Gobernador: lo respaldamos políticamente y lo acompañamos, pero al mismo tiempo le exigimos que si hay cualquier tipo de cuestionamiento, interrogante o sospecha sobre su comportamiento, lo aclare con exhaustividad y sin evasivas”, planteó.

“Eso es lo que le pedimos nosotros a cualquier integrante de Movimiento Ciudadano, sea Gobernador, presidente municipal, legislador”, dijo.

Castañeda explicó que el Mandatario “tiene todo el derecho de recurrir” al amparo para buscar su defensa.

Según dijo, se está defendiendo “de un potencial juicio político y creo que tiene derecho a recurrir a las instancias correspondientes para defenderse”.

Los antecedentes

La víspera, la Ministra Estela Ríos había asegurado que la suspensión concedida al Gobernador no detenía el juicio político que enfrenta ante el Congreso local.

El juicio político contra García se abrió el 12 de junio a solicitud de Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena, por la presunta triangulación de recursos públicos a favor de los despachos de la familia del emecista.

El 23 de junio, al remitir un informe a la Comisión Anticorrupción, García demandó suspender el proceso por considerarlo ilegal y aseguró que no había triangulación de recursos, porque una vez que el Estado pagaba a proveedores, el dinero se volvía privado y éstos podían usarlo para contratar a los despachos de su familia.

Tres días después, la Comisión inició la etapa de investigación requiriendo información a 69 dependencias estatales y federales sobre contratos celebrados con 12 empresas proveedoras del Estado.

En el incidente de amparo se detalla que el Gobernador pidió suspender todos los acuerdos de la Comisión, pero la Jueza no lo aceptó.

Se promovió ilegalmente: TEPJF

En mayo de este año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se promovió de manera ilegal al realizar un evento con motivo de su cuarto informe de Gobierno, fuera de los plazos legales, por lo que el Congreso local es el encargado de definir la sanción.

El 15 de octubre de 2025, el Mandatario estatal rindió su informe ante el Poder Legislativo local, y el 9 de noviembre realizó un evento de “rendición de cuentas” en el auditorio Showcenter Complex, por lo que la autoridad consideró que efectuó dos veces el mismo acto.

En la sentencia, aprobada por unanimidad de los magistrados, se afirma que la Constitución de Nuevo León establece claramente que el informe de labores se presenta ante el Congreso local una vez al año, en una sesión solemne en la primera quincena del mes de octubre, y tiene como límite, siete días anteriores y cinco posteriores al plazo para efectuarlo.

Por ello, el evento del 9 de noviembre resulta violatorio. Sin embargo, pese a decretar la ilegalidad, los jueces electorales determinaron que el Mandatario no usó de manera ilegal recursos públicos ni cometió actos anticipados de campaña.

AVG