CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ante la probable existencia de operaciones inusuales, confirmaron fuentes del Gobierno Federal.
En la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República contra el fundador y accionista de la empresa Ingemar por huachicol fiscal se menciona que había cuando menos dos cuentas bancarias a nombre del exgobernador en el banco Intercam y una en BBVA Bancomer.
Reforma publicó que hace un mes la FGR pidió 23 órdenes de aprehensión contra los presuntos integrantes de esta red de huachicol fiscal, sin embargo, en esa primera judicialización no fue solicitada la captura del exgobernador panista de Baja California.
Dentro de la causa penal 219/2026, el 22 de junio pasado el juez de carrera judicial Mario Elizondo Martínez, del mismo Centro de Justicia Penal Federal, negó las aprehensiones porque estimó que la Fiscalía no fundamentó sus “inferencias”.
El pasado lunes, la FGR volvió a pedir las mismas órdenes de captura, pero de última hora agregó a dos nuevos imputados: Ruffo Appel, a quien ahora señaló como líder de la organización criminal, y Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, accionista de Mapror de Hidrocarburos, y de Lambrucar, supuestamente implicadas en la dispersión de recursos mediante pagos simulados.
Niegan copia de negativa de capturas en caso Ruffo
Al considerar que es un documento confidencial, la jueza de elección popular responsable del caso contra Ernesto Ruffo Appel negó a la defensa de dos de los imputados la copia de la negativa de órdenes de aprehensión dictada por un juez de carrera judicial, por los mismos hechos y contra casi todos los mismos implicados.
Al iniciar anoche a puerta cerrada la audiencia en la que resolverá la situación jurídica de los ocho imputados en este asunto, Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, rechazó autorizar la entrega de una copia del fallo contrario al suyo en el mismo asunto.
REFORMA publicó que hace un mes la FGR pidió 23 órdenes de aprehensión contra los presuntos integrantes de esta red de huachicol fiscal, sin embargo, en esa primera judicialización no fue solicitada la captura del exgobernador panista de Baja California.
Dentro de la causa penal 219/2026, el 22 de junio pasado el juez de carrera judicial Mario Elizondo Martínez, del mismo Centro de Justicia, negó las aprehensiones porque estimó que la Fiscalía no fundamentó sus “inferencias”.
El pasado lunes, la FGR volvió a pedir las mismas órdenes de captura, pero de última hora agregó a dos nuevos imputados: Ruffo Appel, a quien ahora señaló como líder de la organización criminal, y Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, accionista de Mapror de Hidrocarburos, y de Lambrucar, supuestamente implicadas en la dispersión de recursos mediante pagos simulados.
En esta segunda judicialización, la Fiscalía ya no llevó el expediente ante el mismo juez, sino acudió con Ramírez de la Vega, juzgadora de elección popular, que al día siguiente ordenó las capturas y registró el caso con un número distinto de causa penal, el 253/2026.
De acuerdo con fuentes ministeriales, anoche dos defensores pidieron a la juzgadora la negativa de las 23 capturas resuelta por Elizondo Martínez.
Uno solicitó la fotocopia y otro requirió agregar ese documento a la carpeta de investigación, ya que no está en la misma.
Ramírez de la Vega, sin embargo, determinó que ni ella ni el Centro de Justicia podían proporcionar la resolución de su homólogo, simplemente porque es un documento “confidencial”.
Según fuentes federales, al iniciar la diligencia algunos abogados entregaron a los fiscales federales unos escritos en los que solicitaron llevar a cabo distintos actos de investigación e integrarlos en esta indagatoria que, según refirieron, consta de 19 tomos.
La audiencia inició anoche con más de dos horas y media de retraso, ya que se programó para las 17:00 horas y comenzó hasta las 19:40, de acuerdo con informes judiciales.
La dilación, al parecer, fue por los trámites para interconectar a todos los abogados e imputados, quienes se localizan en distintas entidades de la República.
La diligencia se llevó a cabo por videoconferencia, razón por la que ninguna de las partes acudió al Centro de Justicia de Almoloya.
Además, por pedido de la FGR, la audiencia también transcurre a puerta cerrada, sin la presencia de público ni medios de comunicación, ya que la jueza Ramírez de la Vega consideró que este asunto contiene información de seguridad nacional que debe permanecer bajo sigilo.
Desde la semana pasada, el de Ruffo ha sido uno de los casos relevantes más restringidos para la prensa, desde que se implantó el sistema oral acusatorio, incluso más que los procesos penales y de extradición de los capos de narcotráfico.
En principio, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) no publicó en la agenda electrónica de su página de internet la fecha y hora en que se llevó a cabo la audiencia inicial de la causa penal 253/2026, iniciada contra el exgobernador.
Esa diligencia inició la noche del viernes y concluyó la mañana del domingo, sin que apareciera el registro en la citada agenda de audiencias de los centros de justicia. En la página web se registraron otras, excepto la de Ruffo.
La diligencia de ayer martes fue registrada después de mediodía en la agenda electrónica de audiencias en los centros de justicia, es decir, a pocas horas de su inicio.
Adicionalmente, la audiencia inicial del pasado fin de semana, también llevada a cabo por videoconferencia, fue a puerta cerrada con base en el citado argumento de la seguridad nacional.
Ese acuerdo de la jueza, dictado el viernes pasado, es el que ayer continuó vigente e impidió el acceso a la prensa a la diligencia, según personal del centro de justicia.
La juez resolverá si vincula o no a proceso a los ocho imputados por un delito en materia de hidrocarburos, delincuencia organizada y contrabando, los dos primeros con prisión preventiva de oficio.
Además de Ruffo, la impartidora de justicia resolverá la situación jurídica de Ricardo Thompson Navarro, uno de los dueños de Servicios Portuarios, S.A. de C.V. y ex vocal de la empresa Ingemar, de la que el exgobernador es socio y fundador.
También la de José Merino Valdés Cuervo, representante de Dragados y Puertos S.R.L de C.V. y Servicios Portuarios S.A. de C.V., empresas que son accionistas de Ingemar; así como el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez y su dependiente autorizado Luis Antonio Barrientos Juárez.
Igualmente, determinará si procesa a Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., empresa ubicada en la capital de San Luis Potosí; y José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, fundadores y accionistas de la empresa Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., de Saltillo, Coahuila.
Los cinco primeros, incluido Ruffo, están internados en el penal del Altiplano, mientras que Bárcenas está en el Cereso de Nezahualcóyotl Sur, en el Estado de México, en tanto que los dos últimos son los únicos a quienes la jueza concedió la prisión domiciliaria.
Fuentes federales anticiparon que es muy probable que la audiencia se extienda por más de un día, ya que habrá cuando menos dos rondas de debates y, como ocurrió en la diligencia anterior, es probable que intervenga más de un abogado por cada uno de los ocho imputados.
La diligencia inicial, registrada el pasado fin de semana, tuvo una duración aproximada de 32 horas y media.
Cruzan acusaciones en la Permanente por caso Ruffo
El diputado emecista Gibrán Ramírez intervino para sostener que el origen del huachicol recaía en la figura del exsenador morenistael seno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Morena tapizó los escaños con fotografías de Ruffo y con montajes en los que aparecen Genaro García Luna, “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada.
“Son los reyes del huachicol. Cínicos, corruptos, hipócritas”, dijo a los panistas el diputado federal morenista Arturo Ávila.
“Ruffo es el principal huachicolero de México”, machacó el portavoz de la bancada mayoritaria.
Por el PAN, el senador José Máximo García reviró y subió a tribuna con fotografías de Ruffo y una del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
“Este es el verdadero rufián”, sostuvo.
El legislador bajacaliforniano aseguró que no hay una sola prueba que incrimine a Ruffo.
“No se vale que lo señalen como el huachicolero más grande de México”, reclamó.
El diputado emecista Gibrán Ramírez intervino para sostener que el origen del huachicol recaía en la figura del ex senador morenista Gerardo Novelo, en cuya propiedad de Baja California fue hallado combustible de contrabando.
AM
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