Ciudad de México.- La familia de los hermanos Farías Laguna, exmandos de la Secretaría de Marina acusados de contrabando de combustible, envió hoy una carta al Comité Plural que defiende al exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien está preso por señalamientos similares de la FGR.
Según los familiares de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, existen “enormes coincidencias” entre ambos casos.
“A nuestros familiares se les pretende presentar como responsables de una trama de corrupción en la que, paradójicamente, ellos mismos Informaron a sus superiores lo que estaba sucediendo”, exponen en la carta.
“Fue Fernando, quien hoy se encuentra preso en Buenos Aires, quien después de hablar con Manuel Roberto acercó al Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar con el entonces Secretario de Marina, Almirante Rafael Ojeda Durán, para que pudiera exponer directamente la información que tenía sobre actos de corrupción y sobre las personas presuntamente involucradas”.
Los Farías Laguna son sobrinos políticos de Ojeda y en julio pasado pidieron a la FGR que su defensa lo interrogue, lo que fue rechazado.
“Ese encuentro no es una versión de la familia. Está documentado y contamos con las pruebas que lo acreditan”, sostuvieron.
Guerrero Alcántar fue asesinado en Manzanillo en noviembre de 2024.
Al Vicealmirante Farías Laguna y a su hermano, el Contralmirante Fernando, se les imputa liderar una supuesta red de corrupción de marinos en las Aduanas que permitió el desembarque de 31 buques con huachicol fiscal en Altamira y Tampico, entre 2024 y 2025.
¿Qué dice la carta de los Farías Laguna sobre Ruffo Appel?
En su carta de los Farías Laguna a los defensores de Ruffo Appel, quien colaboró con las autoridades antes de ser detenido el 16 de julio, los familiares de los Farías calificaron de “doloroso y contradictorio” que ahora sean perseguidos por hechos que ellos ayudaron a poner en conocimiento de Ojeda.
Ruffo fue acusado por supuesto contrabando de combustibles de la empresa Ingemar, de la que era accionista.
“No buscamos que nadie prejuzgue sobre su inocencia ni que se les otorgue un trato distinto al que corresponde conforme a la ley. Pedimos exactamente lo mismo que seguramente busca el Comité en el caso del señor Ruffo Appel: que no se fabriquen culpables, que se investigue toda la trama y que se conozca la verdad completa”, se afirma en la misiva.
“Porque cuando una investigación termina colocando como responsables a quienes ayudaron a revelar lo que estaba ocurriendo, mientras las estructuras de fondo permanecen sin esclarecerse, la pregunta inevitable es: ¿realmente se está investigando la corrupción o simplemente se está buscando a quién responsabilizar por ella?”.
“Es preso político de Claudia y no se va a salir con la suya”, dice Fox sobre Ruffo
“Es un preso político de Claudia, es lo que han hecho de este gran gobernador y no se va a salir con la suya Claudia”, expresó el expresidente Vicente Fox Quesada sobre el caso del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, actualmente preso por estar ligado a una red de huachicol fiscal.
El mandatario de la República Mexicana de 2000 a 2006 refrendó su mensaje de apoyo hacia el exgobernador de Baja California, quien desde el mes pasado se encuentra detenido por ser el principal accionista de Ingemar, empresa investigada por importar y distribuir combustible presuntamente introducido al País mediante declaraciones falsas.
“Merece todo mi cariño, todo mi reconocimiento, un gran luchador por el gran cambio que se hizo en México, de autoritarismo a democracia y a libertad”, comentó Fox al ser entrevistado este lunes al finalizar un evento de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo en San Miguel de Allende.
“Él es el héroe de eso, lo conozco de hace muchísimo tiempo, años y años y sé que es una persona honorable, una persona íntegra, una persona que siempre ha sido un comprometido con el desarrollo del país”, agregó.
Al igual que en días previos, reafirmó su solidaridad y apuntó que la situación de Ruffo se resolvería con el apoyo de la ciudadanía.
Las detenciones
Con la detención de Guadalupe Hernández Hinojosa, la Fiscalía General de la República (FGR) completó las detenciones clave en el entramado corporativo de la empresa Ingemar S.A. de C.V., acusada de introducir ilegalmente a territorio nacional gasolina y diésel para distribuirlos y comercializarlos, con la participación de por lo menos 11 entidades mercantiles.
El sábado, en un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se ejecutó una orden de aprehensión en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México en contra de la joven contadora hidalguense, quien apenas en marzo pasado había sido encumbrada de forma exprés como directora general ejecutiva y apoderada legal de la compañía.
Con la captura, las autoridades federales cierran la pinza judicial sobre el caso más grande de contrabando de hidrocarburos por ferrotanques.
El Universal dio a conocer la estrategia de Ingemar, consistente en otorgar poderes amplios y universales a Guadalupe Hernández, empleada de rango administrativo medio, para utilizarla como un “chivo expiatorio” y blindar a los verdaderos dueños del negocio.
Dicha intentona fracasó ante los tribunales federales, pues las autoridades no se conformaron con la fachada legal y procedieron penalmente contra toda la estructura de mando.
Al día de hoy, suman ya nueve personas detenidas y puestas a disposición de los jueces, desmantelando por completo a los cerebros financieros, accionistas y fundadores de la firma aduanera.
Entre los principales implicados en esta red criminal, que provocó un desfalco fiscal calculado en más de 4 mil millones de pesos debido a la falsificación de declaraciones aduaneras y evasión de impuestos especiales, destaca José Merino Valdés Cuervo, socio fundador y mayoritario de Ingemar, quien fue capturado en un operativo ejecutado a mediados de julio en el municipio portuario de Ensenada, Baja California.
A pesar de los recursos de amparo interpuestos por su defensa para revertir el mandato judicial, una jueza de Distrito le negó de manera definitiva la suspensión de los actos reclamados, ratificando la medida de prisión preventiva oficiosa impuesta por el juez de la causa.
Valdés Cuervo comparte estatus de reclusión con sus socios más cercanos: el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, y el cofundador de la empresa, Ricardo Thompson Navarro, detenidos simultáneamente en la península norte de México y vinculados a proceso por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
A la lista oficial de los nueve mandos de Ingemar que ya están tras las rejas se unen Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Guillermo de la Peña Rosales, José María de la Peña Ramos, Luis Antonio Barrientos Juárez y Adriana Magali Bárcenas Guillén.
De acuerdo con el expediente judicial, no todos los implicados del primer círculo corporativo se encuentran en reclusión. Es el caso de Ricardo Thompson Ramírez, padre de Thompson Navarro, quien enfrenta su juicio en libertad.
Thompson Ramírez fungía como secretario del Consejo de Administración de Ingemar y es dueño de firmas logísticas aliadas, como Servicios Portuarios y Dragados y Puertos.
Aunque fue formalmente vinculado a proceso penal por los jueces federales, se le concedió el beneficio de enfrentar el juicio en libertad. Dichas medidas cautelares se le dieron a cambio del retiro de su pasaporte, una fianza económica y la obligación de presentarse a firmar periódicamente en los juzgados.
De igual forma, el expediente mantiene bajo carácter de “investigado activo” y vinculado a proceso a José Carlos Thompson Guiza, cuyos movimientos de capital aduanal continúan bajo escrutinio ministerial, pero sin una orden de captura inmediata que limite su libertad de tránsito.
A pesar de la detención de las cabezas directivas de Ingemar y de su apoderada legal, el caso se encuentra lejos de estar completamente resuelto, ya que aún faltan diversas órdenes de aprehensión por cumplimentar, principalmente contra los otros involucrados encargados de declarar falsamente que los ferrotanques trasladaban aceite quemado o aditivos de bajo costo (cuando en realidad se trasladaba combustible), así como contra quienes distribuían los millones de litros de combustible robado.
Se trata de toda la red intermedia de complicidades de Ingemar, que incluye a decenas de funcionarios públicos aduanales, choferes de unidades terrestres, despachadores, tramitadores aduanales y operadores de terminales de almacenamiento privado que facilitaban el blanqueo del combustible en el mercado formal mexicano.
RAA
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