Ciudad de México.- El crimen organizado en México ha incursionado en un nuevo ámbito ilícito: el despojo sistemático de bienes inmuebles.
La apropiación ilegal de viviendas, terrenos agrícolas y predios de alta plusvalía se consolida en México mediante redes delictivas que operan bajo la complicidad o negligencia de autoridades locales en al menos 11 entidades del país.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que, hasta el primer semestre de 2026, se contabilizaron 15 mil 311 víctimas del delito de despojo en el territorio nacional.
A nivel nacional, evaluaciones de organismos como México Evalúa estiman que la impunidad en este delito alcanza el 96.36 por ciento.
En el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Nayarit, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Colima se acumulan denuncias, quejas y protestas que señalan la presunta complicidad de servidores públicos de distintos niveles de gobierno.
De manera paralela, en entidades como Chihuahua, Chiapas y Michoacán, diversas familias han sido desplazadas de sus comunidades por grupos del crimen organizado que se apoderan de sus viviendas y parcelas.
Organizaciones civiles y víctimas identifican un modus operandi respaldado por redes notariales e infiltración judicial: a través de la alteración química de protocolos de notarios fallecidos, la usurpación de identidad y la falsificación de escrituras, o bien mediante el uso del aparato de justicia para encarcelar y coaccionar a los legítimos propietarios.
Especialistas advierten que en el despojo de inmuebles perpetrado por grupos delictivos participan de forma recurrente autoridades locales y grupos de poder.
Jorge Paredes, CEO de Realty Experts, señaló que actualmente se calcula la existencia de aproximadamente 45 mil carpetas de investigación abiertas por el delito de despojo inmobiliario en el país, de las cuales el 30 por ciento se concentra en la Ciudad de México y el Estado de México.
Esta conducta delictiva se desarrolla en un contexto caracterizado por la alta densidad poblacional y la escasez de vivienda.
Paredes indicó que el 40 por ciento de las víctimas de este delito corresponde a adultos mayores de 60 años, un sector en condición de vulnerabilidad que frecuentemente es engañado o despojado mediante la falsificación de documentos y apoderamientos ilegales.
El especialista detalló que el esquema para apoderarse ilícitamente de los inmuebles varía según el dinamismo económico y el marco jurídico de cada entidad federativa.
“Por ejemplo, en la Ciudad de México y Estado de México prevalecen las invasiones violentas por parte de grupos numerosos que están organizados”, refirió.
En tanto, añadió que en Nuevo León y zonas de elevado valor económico operan esquemas más sofisticados que involucran suplantación de identidad, falsificación de escrituras y actos ante notarios públicos para despojar terrenos baldíos o propiedades urbanas.
AAK
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