Ciudad de México.- Con la advertencia de que únicamente actuará como mediador, el Instituto Nacional Electoral (INE) instaló la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para el proceso electoral de 2027.
Este órgano recibirá de manera voluntaria las listas de precandidatos, candidatos y suplentes que los partidos políticos decidan someter a revisión para conocer si existen factores de riesgo relacionados con posibles vínculos con el crimen, investigaciones abiertas o antecedentes en expedientes delictivos.
El INE no abrirá directamente los sobres con la información, sino que canalizará los listados a dependencias financieras, de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, tanto federales como estatales.
Una vez que las autoridades respondan, la Comisión verificará que la documentación permanezca sellada y posteriormente la entregará a los partidos políticos correspondientes.
Consejeros no tendrán acceso a datos sensibles
En un inicio se planteó que únicamente el presidente de la Comisión, Arturo Chávez, tuviera acceso a la información, pero el propio consejero pidió quedar fuera de esa posibilidad para evitar involucrarse directamente con los datos.
Además de Chávez, integran la Comisión los consejeros Uuc-Kib Espadas y Norma de la Cruz.
“Desempeñaremos una tarea fundamental que buscará robustecer y fortalecer la democracia de nuestro País. Tendremos como objetivo disminuir la opacidad y los riesgos de infiltración delictiva”, afirmó Chávez.
Agregó que el objetivo será colaborar con instancias de seguridad, investigación y financieras para prevenir que perfiles con factores de riesgo asociados a la delincuencia o la corrupción lleguen a espacios de decisión pública.
Buscan reducir riesgo de infiltración criminal
Chávez señaló que actualmente es frecuente que distintos actores políticos se acusen entre sí de formar parte de “narcopartidos” o “narcogobiernos”, situación que, dijo, obliga a fortalecer los mecanismos preventivos.
Recordó que durante la elección de 2024 se registraron 656 víctimas de violencia político-criminal, mientras que en 2023 fueron 567.
De esos ataques, el 78.3% estuvieron dirigidos contra aspirantes a cargos en ayuntamientos y, de acuerdo con el consejero, ningún partido estuvo exento.
“Lo decimos claramente: la delincuencia organizada no tiene ideología política y busca infiltrarse ahí donde sea posible, independientemente del color partidista”, sostuvo.
Añadió que frenar esta infiltración también significa combatir la violencia política y la corrupción, además de fortalecer la legalidad y transparencia de los procesos electorales.
¿Qué dependencias participarán en la revisión?
La Comisión mantendrá comunicación permanente con distintas instituciones federales.
Entre ellas se encuentran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria.
A propuesta del consejero Uuc-Kib Espadas, también se solicitará información a las fiscalías estatales cuando se trate de procesos o candidaturas locales.
“La ley solamente menciona a la Fiscalía General, pero me parece que no se trata de una mención limitativa”, señaló.
Espadas consideró que excluir a las fiscalías locales significaría perder una fuente relevante de información para la revisión de los perfiles.
Partidos decidirán si someten a revisión a sus candidatos
La participación en este mecanismo será voluntaria para los partidos políticos y deberá contar con el consentimiento previo de las personas involucradas.
Chávez subrayó que la información recabada no constituirá una declaración de elegibilidad ni modificará los derechos político-electorales de los aspirantes.
También se deberá respetar en todo momento la presunción de inocencia y la confidencialidad de los datos.
“En todo momento ha de preponderar el derecho a la presunción de inocencia y la garantía a la estricta confidencialidad”, explicó.
Las sesiones de la Comisión serán privadas y sus integrantes, así como la Secretaría Ejecutiva, no tendrán acceso directo a los datos sensibles contenidos en los expedientes.
También revisarán a suplentes y precandidatos
Espadas explicó que la revisión deberá incluir no sólo a candidatos propietarios, sino también a precandidatos y suplentes.
Esto busca evitar que una persona con factores de riesgo pueda llegar posteriormente a un cargo mediante una suplencia.
Sin embargo, el consejero aclaró que si un partido decide no solicitar información sobre alguno de sus aspirantes, el INE no podrá iniciar una revisión por cuenta propia.
“Nosotros simplemente concentraremos y transmitiremos información a la que ni siquiera tendremos acceso, eso es muy importante de recalcar”, afirmó.
De esta manera, la responsabilidad final sobre las postulaciones continuará en manos de los partidos políticos y de las candidaturas independientes.
Narcocandidatos en la mira: Rastrea Seguridad, FGR y UIF a aspirantes
El 11 de agosto se publicó que la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad va contra narcocandidatos, pues ya definió el procedimiento para revisar posibles vínculos entre aspirantes a cargos de elección popular y grupos delictivos.
La Mandataria recordó que la revisión no será automática y, de acuerdo con la reforma electoral aprobada en el Congreso, deberá ser solicitada voluntariamente por los partidos políticos mediante la comisión especial creada en el Instituto Nacional Electoral (INE).
El Gabinete de Seguridad ya está preparado, ya se determinó bajo qué condiciones, porque pueden ser miles de casos que tienen que ser investigados”, afirmó.
Durante la conferencia mañanera Sheinbaum puntualizó que la legislación electoral fue modificada para crear una comisión encargada de canalizar las consultas de los partidos al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República (FGR).
El mecanismo permitirá preguntar si uno o varios aspirantes tienen vínculos conocidos con alguna organización criminal.
HLL
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