Ciudad de México.- Los colectivos de familiares de personas desaparecidas en México se multiplicaron, al pasar de un estimado de entre 60 y 70 agrupaciones en 2019 a más de 234 documentadas por Amnistía Internacional (AI), mientras el país supera las 135 mil personas desaparecidas y no localizadas.
“El aumento de los colectivos de búsqueda de las personas desaparecidas va en relación directamente proporcional al aumento de las desapariciones en México. Esta es una crisis humanitaria, como lo señaló la ONU, que lamentablemente no se mencionó en el informe de la Presidenta”, asegura Luis de la Barreda Solórzano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Según el informe Red Lupa 2026, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), México acumulaba 134 mil 257 personas desaparecidas y no localizadas al 16 de mayo. Un mes después, la cifra ascendió a 135 mil 48 personas, equivalente a 791 registros adicionales.
En su informe Desaparecer otra vez, Amnistía Internacional documenta que entre febrero de 2011 y mayo de 2025 fueron asesinados al menos 30 familiares y allegados de personas desaparecidas, entre ellos 16 mujeres.
La investigación señala que las familias, principalmente las mujeres, han tenido que asumir directamente las labores de búsqueda ante las omisiones y la ineficacia de las autoridades. Madres, esposas, hermanas e hijas se organizan para localizar a sus seres queridos, recopilar información y exigir investigaciones, pese a las amenazas y agresiones que enfrentan.
Amnistía Internacional destaca que estos colectivos también han contribuido a impulsar leyes, políticas públicas e instituciones especializadas en búsqueda, identificación humana y atención a víctimas, convirtiéndose en actores fundamentales para exigir respuestas frente a las desapariciones.
Guanajuato encabezó asesinatos de buscadoras en 2022
El año más violento para las buscadoras fue 2022, con seis asesinatos. Guanajuato encabezó los casos, con tres, seguido de Jalisco, Sinaloa y Sonora, con dos cada uno.
La investigación revela que el 45% de las buscadoras consultadas recibió amenazas; el 39%, extorsiones; el 27%, ataques, y otro 27% sufrió desplazamiento forzado. Además, el 10% reportó tortura y el 6%, secuestros.
Solo el 17% de ellas acudió a las autoridades para denunciar las agresiones o solicitar atención, debido, entre otras razones, a la desconfianza institucional y al temor a posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales.
Una de las mujeres entrevistadas denunció: “Mi casa fue balaceada, fueron 100 balazos, estaba con mis hijas, fue espantoso”.
El informe señala que el 66% de las participantes perdió recursos económicos tras la desaparición de sus familiares y las labores de búsqueda, mientras que el 79% reportó al menos un problema de salud.
Desapariciones aumentaron en 28 estados; Guanajuato registró alza del 54%
El informe precisa que casi seis de cada 10 personas desaparecidas y no localizadas en México fueron reportadas entre 2018 y mayo de 2026, periodo que concentra el 58.13% de los registros nacionales. El año con mayor número de desapariciones fue 2024, con 12 mil 632 casos, seguido de 2025, con 12 mil 373.
Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 aumentó el número de personas desaparecidas y no localizadas en 28 entidades federativas. Campeche presentó el mayor incremento porcentual, con el 59%, seguido de Guanajuato, con el 54%.
El Estado de México encabezó la lista nacional, con 14 mil 648 personas desaparecidas y no localizadas; Tamaulipas, con 13 mil 787; Jalisco, con 12 mil 765; Michoacán, con 7 mil 782, y Nuevo León, con 7 mil 476.
Colectivos de búsqueda cuestionan nueva revisión del registro de desaparecidos
Este lunes, familiares de personas desaparecidas expresaron su preocupación por la nueva revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, anunciada por la Secretaría de Gobernación.
En una carta dirigida a ocho especialistas convocados para analizar el registro, cuestionaron su independencia y denunciaron que no se ha transparentado la metodología utilizada para clasificar los casos.
“Nuestra experiencia previa con la revisión del Registro Nacional es que se trata a nuestros seres queridos como cifras que van y vienen, lo cual nos desgasta aún más”, denunciaron.
El viernes 16 de octubre, el Gobierno federal presentó ante Naciones Unidas los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda. El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, informó que más de 16 mil personas habían sido localizadas en 2026.
También destacó las reformas legales de 2025, que obligan a iniciar una investigación y comenzar la búsqueda inmediatamente después de recibir un reporte de desaparición. La Secretaría de Gobernación informó sobre la incorporación de 300 profesionistas a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Este martes 20 de octubre, Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, compareció ante la Tercera Comisión de la Asamblea General para abordar la decisión de recurrir, por primera vez, al artículo 34 de la Convención, con el fin de llevar la situación de México a consideración de ese órgano internacional.
“Este procedimiento excepcional abre una oportunidad para movilizar la cooperación internacional en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad y protección de las víctimas”, sostuvo Albán.
Cuestionan respuesta del Gobierno ante crisis de desapariciones
Luis de la Barreda Solórzano cuestiona el hecho de que las autoridades mexicanas no hayan recibido a las madres buscadoras y que la magnitud del problema no ocupe un lugar central en el discurso oficial.
“Es verdaderamente lamentable que ni el expresidente Andrés Manuel López Obrador ni la presidenta Claudia Sheinbaum se hayan tomado unos minutos para recibirlas. El presidente López Obrador recibió a la líder de las abuelas de la Plaza de Mayo [de Argentina], ¿por qué no a las madres buscadoras mexicanas?”, plantea.
También critica las cifras oficiales de homicidios dolosos frente al elevado número de personas desaparecidas y no localizadas.
“Cuando la presidenta Sheinbaum nos dice, muy orgullosa, que ha bajado la cantidad de homicidios dolosos, pues esto podemos ponerlo en duda, porque seguramente una buena parte de las personas desaparecidas han sido asesinadas”, afirma.
Además, comenta: “No son tan felices las madres buscadoras que realizan una tarea que debería realizar el gobierno y que se exponen a ser asesinadas”.
Datos
2022 fue el año más violento para las buscadoras, de acuerdo con el informe citado, con especial incidencia en Guanajuato.
HLL
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