Con un presupuesto de más de 80 millones de pesos, de manera simbólica fue puesta en marcha la construcción de los edificios de la Defensoría Pública Penal para cuatro municipios.
El gobernador Miguel Márquez Márquez, el alcalde Héctor López Santillana y representantes de los tres niveles de Gobierno presenciaron la colocación de la primera piedra.
“No podemos permitir que nuestros delincuentes se nos queden fuera, por ello trabajamos para los ciudadanos como lo es ahora, porque los ciudadanos nos piden justicia rápida, eficiente, un trato digno, confiable. Este proyecto es punta de lanza para Guanajuato en materia de justicia”, expresó Miguel Márquez.
La primera piedra para estas obras se inició en Celaya, Guanajuato, Irapuato y León, instalaciones que tendrá oficinas para los defensores públicos, servicios periciales, para investigadores de la defensa y personal administrativo.
El secretario de Obras Públicas, Arturo Durán Miranda, mencionó que la construcción de los cuatro edificios, que se proyecta terminar en diciembre, generará 130 empleos directos.
Las obras estarán a cargo de empresas guanajuatenses: la arquitecta Ivonne Torres Moreno en Celaya; ACA en Guanajuato; Desarrollos Habitacionales Cogolsa en Irapuato, e Ingeniería Altec en León.
“El edificio de León contará con 69 cajones para estacionamiento y ocho para personas discapacitadas; en Guanajuato 62 cajones y cuatro para discapacitados; Irapuato 41 y seis y Celaya 71 cajones y seis para discapacitados.
“Antes de que termine el año entregaremos estos edificios, será en tiempo y de calidad”, agregó Durán Miranda.
El secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, aseguró que con los edificios para la Defensoría Pública Penal se dará mejor atención a los ciudadanos.
“Son los más importantes y merecen un trato digno; contar con edificios propios para la atención de los ciudadanos, espacios para fortalecer la calidad, calidez. El defensor será el encargado de llevar a cabo lo más preciado, que es la libertad, todo el personal de defensores públicos, investigadores de la defensa, peritos y administrativo trabajarán con la premisa de brindar defensa de calidad, eficaz, profesional que es esencial en la impartición de justicia”, añadió el funcionario.
El alcalde Héctor López Santillana dijo que en este municipio se generan mil 800 servicios mensuales, por lo que el edificio ayudará a los ciudadanos a tener un lugar y personal capacitado en materia de defensa pública penal.
“El sistema de justicia penal ya es una realidad por vocación y por mandato a la ley; estos edificios son un paso más que ponen a Guanajuato en vanguardia de la impartición de justicia; el espacio es una nueva forma de impartir justicia y que haya beneficios tangibles para la sociedad guanajuatense”, apuntó López Santillana.
En la colocación de la primera piedra también estuvieron Álvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública; Ramón Lemus Muñoz Ledo, alcalde de Celaya, y la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, entre otros.
Pretenden agilizar juicios
El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio buscará la conciliación entre víctima y victimario con el fin de agilizar la sentencia, explicó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el magistrado Miguel Valadez Reyes.
Se pretende que se dicte la sentencia en un periodo mínimo de dos meses y máximo de un año.
El abogado Paulino Lorea aseguró que aunque en León oficialmente no ha entrado en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, hay jueces que hacen de la conciliación una media de preparación.
El nuevo sistema busca dar una resolución a ambas partes, como lo será la reparación del daño para que la víctima o su familia, obtengan en materia algo de lo que perdió en la comisión del delito.
“Es un sistema de enjuiciamiento, una manera de juzgar, procesar y resolver en relación a si una persona acusada de un delito es o no responsable, aplicarle posterior una consecuencia jurídica prevista en la ley”, explicó el magistrado Miguel Valadez Reyes.
Con el sistema de justicia penal tradicional el acusado es considerado o se consideraba culpable, pero a partir de junio será considerado inocente hasta que se le compruebe autor del delito.
Sin embargo en base al delito del que se le acusa será procesado en libertad condicional, o bien en prisión preventiva.
Con esta última el presunto culpable estará recluido y custodiado mientras dura el juicio y el juez dicta sentencia.
El sistema de justicia que se implementará busca que la ciudadanía vea de cerca el avance en el proceso legal del inculpado, haciendo valer y protegiendo los derechos humanos.
“Es un sistema que busca evitar que sea meramente un sistema policiaco y represivo, se busca evitar la tortura (en su detención) a los detenidos”, explicó el abogado penalista Paulino Lorea Hernández.
Cuando el detenido está en proceso de juicio podrá pagar la reparación del daño, esto es una cantidad económica que representa un porcentaje del delito que cometió, como pudiera suceder en el robo de objetos dentro de una casa.
Al ser procesado se le dará el beneficio de reparar ese acto, pero aun así obtendrá una condena aunque será menor por hacer el pago del daño.
No obstante, la reparación del daño deberá ser de común acuerdo entre víctima y victimario.
Este beneficio no será viable en secuestro, violación, delincuencia organizada o extorsión, entre otros delitos de alto impacto, y en reincidencia del delito.
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