El coscorrón
La concentración de concesiones hace que los empresarios del transporte se ubiquen en una posición casi monopólica, que evita la competencia y provoca un servicio deficiente.
En estos días se revisa la tarifa del transporte público para aprobar o no un incremento. Este es el ejemplo más claro de un asunto que debe definirse desde el análisis técnico, pero que siempre acaba siendo un tema político.
Primero, hay que analizar el estado en el que tanto los transportistas como el Municipio llegan a la negociación. El 75 % de las concesiones del transporte público se encuentran concentradas en un conjunto de compañías controladas por un grupo empresarial, y el otro 25 % es detentado por otro grupo minoritario.
La concentración de concesiones hace que los empresarios del transporte se ubiquen en una posición casi monopólica, que evita la competencia y provoca un servicio deficiente. Además, facilita la postura de los permisionarios para tratar de hacer valer los estudios técnicos y financieros que presentan para justificar el aumento o incluso para imponer condiciones, so pena de tomar medidas que paralicen el transporte público, algo a lo que las autoridades municipales le temen mucho, por obvias razones. Bajo estas condiciones, el Municipio siempre negociará en desventaja.
Las regidoras de oposición, que son mujeres preparadas e inteligentes, saben bien que el deterioro que sufre la tarifa de un servicio público a través del tiempo y la inflación es innegable, por lo que tarde o temprano se tiene que ajustar. Por eso, sus argumentos para rechazar el incremento están más ligados a aspectos como la calidad del servicio, el incumplimiento de compromisos, etc., asuntos que, si bien son importantes, son más subjetivos.
No hay usuario que no quisiera viajar en un transporte barato, en un autobús sentado, con aire acondicionado, con wifi gratuito, sin aglomeraciones y rápido. Cuando algo de esto no se cumple, siempre aprovechará para reprobar al sistema. Son estas respuestas de los usuarios las que son replicadas por la oposición para capitalizar políticamente el “descontento” social y lograr una rentabilidad electoral.
Pero, si realmente queremos analizar este asunto bajo una óptica estrictamente técnica, como debe ser, se deben resolver antes, cuando menos, tres elementos objetivos sin los cuales todo se seguirá decidiendo con medidas políticas mediante acuerdos temporales.
El primero es la relación de pago en efectivo contra pago con tarjeta Pagobús. En la medida en que el efectivo siga siendo aceptado como medio de pago, en esa medida seguirá siendo imposible cuantificar las ganancias o pérdidas de los transportistas. Para ello, es necesario masificar la disponibilidad de las tarjetas a través de tiendas de conveniencia o mediante una aplicación en los teléfonos celulares. El efectivo es una caja negra imposible de fiscalizar; si no, pregúntenle al SAT.
Otro elemento es la información financiera de las empresas transportistas, la cual es preparada internamente por ellos mismos y no cuenta con una validación, revisión ni, mucho menos, opinión de un tercero. De esta manera, carece de la confiabilidad necesaria para determinar los resultados económicos de los concesionarios.
Y, finalmente, las frecuencias en el servicio, algo tan frágil que, con la mínima modificación, genera que un camión vaya más lleno o vacío, o que un usuario tarde más o menos en llegar a su destino. Por consiguiente, una manipulación en las frecuencias genera también mayores ganancias o pérdidas.
La última vez que hubo un ajuste, en 2023, en una Sala de Cabildos pletórica de porristas, una señora mayor de edad, acarreada por Morena, me increpó por haber votado a favor y me dio un coscorrón. Había que aguantar vara.
Ya sabemos el final de esta historia: se va a incrementar la tarifa menos de lo que solicitan los transportistas, probablemente a cambio de un subsidio, y la oposición va a votar en contra. Se trata de ver quién gana o pierde más políticamente.
LALC
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