les muestra que inversionistas no le creen al gobierno y rechazan un régimen que erosiona la ley y castiga la disidencia.
El dinero es como los búfalos de la pradera: cuando se espantan huyen en manada y no hay quien los pare.
Sugerimos, modestamente y sin ánimo de ofender a nadie con pieles delicadas, que alguien que le entienda un poco a la economía en Palacio Nacional interprete correctamente la polvareda que está levantando la fuga de capitales, y que la correlacione con medidas y/o retos que enfrenta el Gobierno central; pero, sobre todo, que convenza a quienes toman las decisiones respecto a la necesidad de cambiarse la muleta de mano si acaso pretenden que México conserve los ahorros y capitales que ha (había) captado.
Seguramente ustedes, amables lectores, así como su servidor, se alarmaron al enterarse de que, de acuerdo con el Banco de México -una de las pocas instituciones aún impolutas-, tan sólo en octubre salieron del País 43 mil 641 millones de pesos. La caída de la tenencia de valores gubernamentales en manos privadas corresponde a un desplome de 7.1 % respecto al cierre del año pasado, cifra lograda con siete meses de degradación, algo no visto desde 2016.
Analistas especializados consideran que esta estampida de dinero obedece a un menor grado de confianza en México debido a un incremento en el riesgo país. Siendo llanos, nuestro Gobierno no está haciendo una buena labor para captar capital y éste, lejos de querer venir a México, anda buscando cómo salir. Por supuesto que podríamos mencionar a la inseguridad y la violencia como factores generadores de incertidumbre, sólo que no son los únicos.
Sin duda los inversionistas perciben como riesgoso un México en el que el sistema jurídico ha sido politizado, que ha cooptado al árbitro electoral y que, sobrerrepresentado en la Legislatura, hace que el Poder Legislativo opere como una extensión del Ejecutivo.
Afecta negativamente en el ánimo del inversionista el hecho de que desprecie este Gobierno (y el anterior) conceptos como transparencia y rendición de cuentas.
Que su respuesta a una manifestación sea amenazar con investigar a sus organizadores, a quienes les atribuyen fines aviesos, como que son financiados desde el extranjero y que tienen fines partidistas porque algunos participantes militan en partidos diferentes al oficialista. ¡Pos claro, qué esperaban!, ¡es una marcha de inconformes, y como no se hace con acarreos, no requiere dinero de nadie!
(Aun los extranjeros perciben que resulta hipócrita que el Gobierno organice con dinero del erario manifestaciones en su apoyo, pero que se sienta amenazado -y amenace- por las que organizan otros sectores de la sociedad que no están de acuerdo con el rumbo que lleva el País).
O que una publicación de un suceso verídico y real genere la exigencia de una disculpa que, cuando se da, insólitamente se declare insuficiente. ¿Acaso la esperaban de rodillas y postrados?
Qué bueno sería que tomaran nota nuestros servidores públicos de que el dinero está votando con su ubicación, y que preferir estar fuera de México versus adentro representa miles de millones de votos en contra del Gobierno. Indica la fuga de capitales muchas cosas, pero, entre otras, que no le creen al régimen. Quizá sea que hablan mucho, pero hacen poco, o será que permiten campear a la impunidad.
Por ejemplo: que no investiguen a fondo comprobados fraudes al erario perpetrados por personal de la Marina y otros servidores públicos, incluso propiciando la fuga de un contralmirante, Fernando Farías, pieza central en la trama. Esto, además, de que no se ahonde más en La Barredora, una organización criminal responsable de asesinatos, secuestros y extorsiones, cuyos jefes operaban desde el Gobierno de Tabasco.
Vemos difícil, por no decir imposible, que hechos como los descritos correspondan a una invitación seria y confiable para invertir en México. Nos parece urgente que detenga el Gobierno esta fuga de capitales reconociendo sus errores, retomando los principios de todo sistema democrático, abriéndose a la transparencia y apegándose a la rendición de cuentas de los servidores públicos, quienes son los que, por los crímenes y pifias cometidas, deberían pedirles perdón a los ciudadanos, y no al revés.
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