La historia vuelve a repetirse en México como si fuera un eco que nunca termina: donde hay violencia, hay dinero; donde hay dinero, hay lavado; y donde hay lavado, tarde o temprano aparece el Estado diciendo que ahora sí va en serio.
Hoy ese eco retumba en los casinos (aparte de restaurantes y hoteles), negocios que deberían ser lugares de entretenimiento, pero que se han convertido en sombras donde el crimen organizado y las redes financieras transnacionales encuentran un refugio para blanquear capitales que nacen, literalmente, del dolor y la sangre de los mexicanos y otras nacionalidades. Y aunque la investigación, por aparte, entre México y Estados Unidos avanza, la opacidad persiste y las preguntas se multiplican.
El Gobierno federal anunció el bloqueo de 13 casinos por presunto lavado de dinero, movimientos internacionales sospechosos y uso de identidades falsas para simular apuestas millonarias. Sin embargo, hasta ahora no conocemos todos los nombres, ni la ubicación detallada de cada establecimiento involucrado.
Esa falta de transparencia mina la confianza pública y hace que muchos sospechen que la justicia se aplica con lupa selectiva: firme con unos, ligera con otros, silenciosa cuando le conviene. Mientras tanto, la ciudadanía solo recibe fragmentos, versiones incompletas y explicaciones a medias.
En medio de este torbellino aparece Ricardo Salinas Pliego, quien reconoció que dos de los casinos investigados pertenecen a su grupo empresarial. A ello se suma su disputa de años con Hacienda y la reciente resolución de la Suprema Corte que lo obliga a pagar una deuda multimillonaria (48 mil 326.9 millones de pesos). El empresario asegura ser víctima de persecución política, pero más allá de discursos y enfrentamientos mediáticos, queda claro que su caso desnuda algo mayor: la necesidad de que la ley se aplique parejo, sin importar el tamaño del poder económico ni el alcance de la influencia pública. La justicia no puede ser personalizada, ni negociada, ni adaptada al personaje del momento.
Tampoco podemos ignorar lo que falta por saberse. Entre los estados donde habría casinos implicados se mencionan varios, pero no aparece Guanajuato. ¿Es que la entidad está libre de redes de lavado asociadas a casinos, o simplemente aún no se ha dado a conocer su posible participación? La ausencia de información impide llegar a conclusiones. Lo que sí sabemos es que Guanajuato no está ajeno al crimen organizado ni a las economías ilícitas, y sería ingenuo descartar por completo que eventualmente pueda aparecer algún negocio en la lista cuando ésta se haga pública en su totalidad.
Las cifras sobre el lavado de dinero en México son alarmantes. Estimaciones internacionales calculan que cada año se blanquean entre 18 mil y 44 mil millones de dólares provenientes de actividades criminales. Otras evaluaciones oficiales hablan de millones y millones de efectivo que viajan entre países, sin control real, sin mecanismos efectivos de rastreo. Esta economía paralela no solo fortalece a las organizaciones delictivas, sino que distorsiona la economía formal, financia violencia y crea un sistema financiero subterráneo que opera a la vista de todos, pero fuera del alcance de la mayoría.
Si esta investigación en casinos busca ser un parteaguas, deberá sostenerse con un principio fundamental: la verdad completa. No basta con bloquear cuentas ni realizar operativos espectaculares. La ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes están involucrados, qué mecanismos utilizaron, cómo se permitió que operaran durante tanto tiempo y qué medidas concretas se tomarán para que no vuelva a ocurrir. Solo la transparencia puede devolver la credibilidad que tantas veces se ha perdido en casos similares.
México necesita que esta vez no todo quede en titulares, sino en justicia real. Que el dinero ensangrentado deje de circular disfrazado de apuestas y ganancias fáciles. Que las instituciones actúen sin miedo, sin favores y sin excepciones. Porque al final, detrás de cada peso lavado hay una historia de violencia que merece ser reparada y un país que merece vivir sin sombras. Ojalá que esta vez, de verdad, no nos falle la justicia…
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