Es viernes, son las 7 de la mañana y las explosiones de los cohetes continúan. Cada explosión no es sinónimo de fiesta: personas enfermas, hospitalizadas, niños autistas, animales de compañía, han sufrido una noche de terror que no termina. Esta noche de cohetes es la prueba de que las áreas de Fiscalización y Seguridad Pública no cumplen con su deber. La venta ilegal de pirotecnia en las calles, tianguis y mercados se mantiene por tolerancia, omisión y corrupción, mientras la ciudad amanece como si fuera un campo de batalla.
La ley es muy clara: el artículo 39 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE) obliga a las autoridades municipales a intervenir en la seguridad y ubicación de los establecimientos que manejan explosivos. El artículo 115 constitucional les da la responsabilidad de proteger la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. Y el artículo 113 constitucional establece que el Estado —incluidos los municipios— debe responder por los daños que cause su actividad administrativa irregular.
La Seguridad Pública Municipal debería impedir que los cohetes lleguen a las calles. La Dirección de Fiscalización debería cerrar los puntos de venta clandestinos y decomisar la mercancía ilegal. Pero su incapacidad abre la puerta a tragedias como el Domingo Negro de 1999, donde murieron más de 70 personas por la acumulación de toneladas de pólvora que nunca debieron estar ahí.
No se trata de culpar a las parroquias ni de hacer consultas en redes sociales. Se trata de que las áreas municipales responsables asuman su papel: vigilar, decomisar y sancionar. Evitar que los artefactos explosivos estén a la venta. Cada niño autista en crisis, cada paciente hospitalizado alterado por el estruendo, cada animal doméstico aterrado, son víctimas de la negligencia institucional.
En cada cambio de administración es lo mismo, publicidad discursos, promesas de seguridad, orden, tranquilidad, pero todo se repite. Hoy los celayenses ante el desmoronamiento del gobierno municipal, tienen dos caminos, solicitar la revocación de mandato como lo hicieron en el 2019, o iniciar demandas de responsabilidad patrimonial contra el municipio de Celaya.
Ya es tiempo que el Ayuntamiento y el presidente municipal, de manera conjunta y consensada reordenen la gestión y la administración municipal. Cada tema que deja suspicacias, y dudas sobre la capacidad del gabinete, y administración del dinero de los contribuyentes, no solo es responsabilidad del presidente municipal, es de cada uno de los regidores y síndicos que aprueban los actos de gobierno.
Los primeros meses del próximo año, debe reajustarse el gobierno municipal. Ya no tienen tiempo para seguir cometiendo errores, los pretextos se les han terminado. Ayer el presidente municipal, entró en crisis, su llanto en la inauguración de una librería no fue precisamente por el recuerdo de sus carencias y amor a los libros, fue porque no hay Ayuntamiento y gabinete que lo respalde, y lo guie. Están perdidos, ningún asunto relevante hasta ahora tiene un buen final.
El resto de este mes, FISCALIZACION estará ante los ojos, los oídos, y la mirada ciudadana. Cada explosión de cohetes, será un voto menos para la reelección del alcalde, y para la permanencia del Director de Fiscalización, que llegó de tierras veracruzanas para hacer lo mismo que hicieron los anteriores.
Los ciudadanos hemos sido complacientes en muchos sentidos, pero nuestra máxima Ley nos protege. El marco jurídico y la jurisprudencia de la SCJN confirman que el municipio de Celaya tiene responsabilidad directa y objetiva en la fiscalización de la venta de pirotecnia. Su omisión puede derivar en demandas por daños a la salud, al ambiente y al patrimonio, con obligación de indemnizar y adoptar medidas de prevención.
Como ciudadanos, podemos interponer Demandas de Responsabilidad Patrimonial contra el Municipio de Celaya. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que esta responsabilidad es objetiva y directa. Además, señala que la reparación debe ser integral: indemnización económica, medidas de no repetición y reconocimiento de responsabilidad.
Esto significa que las familias afectadas por crisis nerviosas, los pacientes hospitalizados y los dueños de animales domésticos pueden exigir reparación. La omisión en fiscalizar y sancionar la venta ilegal de cohetes no es solo un error político: es una actividad administrativa irregular que genera responsabilidad legal.
Celaya no necesita discursos, ni llanto, necesita un mejor gobierno.REVOLCADERO. NO HAY CASUALIDAD. Las partículas PM2.5 (casi invisibles al ojo humano) al ser inhaladas y entrar directamente hasta el fondo pulmonar de los seres vivos, pueden provocar graves enfermedades respiratorias, e incluso causar la muerte. Afecta, sobre todo, a niños y adultos mayores.
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