“Arresten a cualquiera que se atreva a tocarlos”, les ordenó a sus hombres Gregory Bovino, “esas son las órdenes generales, hasta la más alta instancia”. Una vez que Trump ordenó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) iniciara la Operación Metro Surge contra Minnesota -un estado que ha votado por los demócratas desde hace décadas-, sus miembros, muchos de ellos jóvenes recientemente reclutados que comparten los más feroces ideales del movimiento MAGA, se dieron a la tarea de llevarlas hasta sus últimas consecuencias en su misión de arrestar, encarcelar y expulsar del país al mayor número posible de inmigrantes sin papeles.
Desde diciembre de 2025, el ICE ha detenido a unas tres mil personas en la zona de las ciudades gemelas de Mineápolis y Saint Paul, en ocasiones incluso a ciudadanos estadounidenses, con tácticas que recuerdan a las utilizadas por los Schutzstaffel y la Gestapo durante los primeros años de la Alemania nazi. Tenemos que recordarlo: los agentes migratorios han entrado por la fuerza en un estado que en ningún momento pidió su presencia y, con tácticas de amedrentamiento y amenazas, se han dedicado a cazar brutalmente a personas que no han cometido ningún delito, que han trabajado en el país por años, contribuyendo decisivamente a su economía, y cuya única falta ha sido cruzar la frontera sin documentos.
Dígase lo que se diga, el único motivo es su origen y su color de piel: Stephen Miller, el asesor de Trump en materia de migración, es uno de los secretos defensores de la teoría del Gran Reemplazo -hace unos años salieron a la luz correos electrónicos suyos donde lo sugería-: la idea de que los habitantes blancos de Estados Unidos poco a poco serán sustituidos por razas oscuras si no se hace algo drástico al respecto. Esta es la razón por la cual, siendo los más vulnerables del planeta, los migrantes se han convertido en blancos de odio, justo como ocurrió con los judíos y los gitanos en su época.
¿Cómo justificar, si no, que niños sean zafiamente separados de sus padres, que los agentes irrumpan sin órdenes judiciales en casas y vecindarios y que sometan violentamente a cualquiera que se les resista? Según datos del Departamento de Seguridad Nacional -dirigido por otra funcionaria racista, Kristi Noem-, desde enero de 2025 Trump ha deportado a 605 mil personas y la cifra rozaría los dos millones si se cuentan las llamadas autodeportaciones: si estos datos fueran ciertos, se trataría en efecto, como lo prometió en su campaña, de la mayor expulsión de la historia. Una investigación del New York Times, del 18 de enero de 2026, asegura que, de ellas, 230 mil personas lo han sido del interior del país, más que durante todo el gobierno de Biden.
Las tácticas fascistas empleadas para lograrlo han alcanzado un nuevo hito con los homicidios de dos ciudadanos estadounidenses que se atrevieron a protestar contra los arrestos: Renee Goode, una poeta de treinta y siete años, madre de un niño de seis, y Alex Pretti, un enfermero, también de treinta y siete años, mientras protestaba justo por la muerte de la primera. En ambos casos, la reacción tanto de Trump como del ICE consistió en acusarlos de ser “terroristas internos” y de no haber obedecido las órdenes de los agentes, aún si distintos videos muestran que fueron asesinados a mansalva.
Más que las numerosas protestas llevadas a cabo en Minnesota -que llevaron a una huelga general en el estado- o la afirmación de Patrick Schlitz, un juez conservador, según la cual el ICE ha violado 96 órdenes judiciales-, es el descontento de sus propias bases ante estos “excesos” lo que motivó a Trump a enviar al zar de la frontera, Tom Homan -otro de los duros de su gobierno- a intentar rebajar la tensión. Todas las encuestas indican que una mayoría de estadounidenses -incluidos quienes lo votaron- reprueban estas agresivas políticas de Trump, mientras que sus índices de popularidad han alcanzado mínimos históricos. ¿Esto bastará para contenerlo? Seguramente no: podemos estar seguros de que, pese a este aparente desastre, Trump intentará lo que sea para no ceder el control del Congreso o el Senado en las elecciones de noviembre de 2026.
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