Para quienes creen que la política es terreno para improvisados e ignorantes, les advertimos: la nueva era que atraviesa el mundo dejará en claro que todo ha cambiado de manera rápida y profunda. Más nos vale adaptarnos para no quedar a la zaga.
En el caso del estado de Guanajuato y su capital, los políticos tradicionales y autoritarios están siendo atrapados por el cambio centelleante que vivimos. Pasemos a explicar el fenómeno que se produce en nuestro entorno.
En el ambiente desgastado y escandaloso de la “economía de compadres”, un empresario y un ex gobernador en huida pactan un redituable negocio mutuo, disfrazando de asignación normal un suculento paquete de concesiones carreteras. Tras algunas críticas tolerables, calcularon que todo se procesaría sin mayores incidentes, logrando privatizar valiosos bienes públicos.
Pero el engaño fue descubierto y expuesto por el periodismo crítico; así, la pradera comenzó a incendiarse. La estampida se propició cuando varias organizaciones ciudadanas denunciaron el despojo de un bien público para sufragar los costos inflados de una infraestructura aún por construir. Todo ello en perjuicio de Guanajuato capital, ciudad acicateada por el cobro de peajes en su autopista principal durante más de 37 años, lesionando derechos fundamentales de sus ciudadanos.
La lucha pasó de una simple manifestación en la caseta de cobro a un diálogo estratégico con diputados, produciendo apoyos inusitados de diversas fuerzas que respaldaron una causa justa. Sorprendió el apadrinamiento de Juan Carlos Romero Hicks y Erandi Bermúdez desde el oficialismo, poniendo en jaque a la masa de diputados funcionales al ejecutivo estatal. Las opiniones de estos congresistas, de amplísima experiencia, no son desechables: están plagadas de razones para exigir una revisión profunda y externa del acto administrativo (la concesión) que originó el desaguisado.
La confrontación jurídica está sobre la mesa. El gobierno actual mantiene un acuerdo inconfesable para encubrir a los aviesos socios en el despojo de las concesiones. Ahora, el gobierno de Libia García enfrenta dos amparos presentados oportunamente por Morena contra el acto mismo de la concesión. Por su parte, el movimiento “La Resistencia Ciudadana” prepara una acción colectiva para reclamar la violación de derechos humanos (discriminación y movilidad) de los capitalinos.
El entorno se vuelve más problemático cuando el ayuntamiento capitalino es llamado a manifestar su posición y, torpemente, se encierra en un silencio culposo. Se encuentra sitiado entre la ineptitud y la mala fe con la que siempre actúa. Unos cuantos regidores de oposición aprovechan el momento para deslindarse, pero el resto está atrapado: aluden a una supuesta incompetencia legal para no emitir una opinión incómoda para la gobernadora. Les provoca escalofríos, no obstante existir un sinnúmero de declaraciones de alcaldes anteriores sobre la problemática de la caseta de cobro. Además, tendrán que leer por primera vez el Programa Municipal de Movilidad de Guanajuato, el cual contiene información valiosa sobre los accesos a la ciudad, su calidad, funcionamiento e impacto en la movilidad de los habitantes.
Analicemos: con un planteamiento claro y puntual, un diputado serio y con experiencia cambió la dimensión del problema. La exigencia de revisar las concesiones entregadas a VISE es veneno puro. Tener que desahogar protocolos internacionales de verificación, implementados por despachos especializados en auditar infraestructura bajo las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), ubicaría al “caso VISE” a la par de los escándalos de OHL y el Viaducto Bicentenario. Aquellos fueron examinados por firmas como Ernest & Young, KPMG, Jones Day y FTI Consulting.
No nos extrañemos: CAPUFE y BANOBRAS realizan ejercicios similares en casos conflictivos. Lo normal es que este tipo de averiguaciones puedan descubrir la configuración de delitos, lo que se combinaría con una posición política complicadísima si el partido oficial pierde el control del Congreso en 2027.
Mientras tanto, las empresas VISE y RUBAU pierden valor al involucrar su negocio en un conflicto ético, político y social. ¿Hasta dónde están dispuestos a llevar la conflagración y el litigio, exponiendo su prestigio? ¿Cuál es el límite de la soberbia empresarial? Negro panorama.La política, mezclada con la administración pública, requiere de gente experimentada que sepa manejar problemas complejos. El tema se le complicó a los actuales gobiernos, rodeados por un staff de políticos torvos y narcisistas, acostumbrados a beneficiarse de los puestos públicos. Todo se complicó y ahora no encuentran la salida.
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