En materia de política, nuestra sociedad se ha convertido en un verdadero manicomio. Y es que los egregios políticos, de pronto, se ven obligados a lidiar con un amasijo ciudadano contrahecho, incapaz de mantener una mínima coherencia con la realidad. Ejemplos sobran. Yo me limito al que mejor conozco —y padezco—: Guanajuato capital.
Esta comunidad ha sido desgobernada por un par de personajes abusivos que la mantienen explotada y en condiciones deplorables para emprender o desarrollar actividades económicas con alguna ventaja competitiva. Si uno revisa el saqueo constante de recursos públicos, el panorama resulta siniestro. El cinismo extractivo no conoce límites: han llegado incluso a viajar a Europa acompañados de todo el Ayuntamiento, a la manera de una corte nobiliaria.
Para completar el cuadro, han colocado al frente de la Administración municipal a un conocido operador de la extorsión burocrática —mediante pagos ilegales—, célebre además por su pasión por la relojería de alta gama. Un personaje rescatado de las cloacas priistas para perfeccionar el arte del saqueo y de la amenaza sistemática contra emprendedores y comerciantes: pagar por cualquier trámite se ha vuelto la regla no escrita del municipio.
Mientras tanto, los servicios públicos —limpieza, alumbrado, parques y jardines— presentan condiciones infames. En materia de movilidad, pese a los planes sonoramente aprobados, la capital sigue siendo una zona de desastre: nula protección al peatón, privilegios desmedidos para el automóvil y un servicio de transporte público compuesto por un museo rodante de carcachas. Como cereza del pastel, implantaron una semaforización caótica que mantiene a los ciudadanos rabiando dentro de sus coches. Y todo ello en una ciudad “Patrimonio de la Humanidad”, cuyo deterioro es evidente tanto para nativos como para turistas. Francamente, da vergüenza.
No sin motivo, Alejandro Navarro ocupaba los últimos lugares en las mediciones nacionales de alcaldes. No administraba: cobraba. Pero el caso de la arquitecta Samantha Smith resulta aún más patético. Colecciona malas calificaciones con admirable constancia, y su incapacidad profesional provoca azoro regional. No sorprende, entonces, que habite permanentemente los sótanos de las evaluaciones nacionales de desempeño municipal, con calificaciones que llegan a caer por debajo de los tres puntos.
Lo verdaderamente asombroso es que, cada trienio, ocurre un pequeño milagro electoral: las candidaturas de los Navarro-Smith vuelven a ganar la elección municipal. Y ya viene la siguiente. Por ello se preparan con entusiasmo dinástico para heredar el cargo a su vástago, un joven acompañante de su madre —actual director del DIF municipal— que, además de cazar venaditos, ha logrado la proeza patrimonial de convertirse, a su corta edad, en propietario de diversos inmuebles y negocios. Cosas que pasan cuando la vocación pública florece tan temprano.
Conviene reflexionar: los capitalinos estamos pirados. Frente a la evidencia, nuestra conducta electoral parece digna de estudio clínico. Maltratados, extorsionados, amenazados y despojados, votamos dócilmente por los mismos agresores para que continúen gobernándonos. ¿Cómo se explica una conducta tan poco saludable?
Más allá de algún síndrome digno de psiquiatra, solo encuentro una explicación: el uso masivo de dinero y la distribución sistemática de dádivas.
He consultado incluso a una avanzada plataforma de inteligencia artificial para probar la hipótesis. Esto fue lo que me susurró al oído: tomando como referencia los 75 mil votos que probablemente se disputarán en el municipio en la elección de 2027 —la IA ya calculó padrón, abstención y precios del mercado electoral—, los votos en Guanajuato capital oscilan entre 500 y 1,000 pesos por pieza, dependiendo de la zona. Para obtener los aproximadamente 20 mil votos necesarios para ganar, se requiere una inversión de entre 25 y 30 millones de pesos.
La operación se completa activando a 15 mil beneficiarias del programa “Tarjeta Rosa” —que implica un subsidio cercano a 90 millones de pesos en el municipio—, más lo que alcance a captarse con la modesta “Tarjeta Violeta”, cuyo impacto presupuestal ronda los 5 millones. Sumando todo, hablamos de una masa de 125 millones de pesos orbitando alrededor del poder municipal.
Aunque conviene advertir algo: no existe dinero suficiente para comprar votos cuando el desprecio ciudadano se vuelve generalizado.
Como vemos, los manicomios electorales no se construyen con ladrillos, sino con dinero. Mucho dinero. Los ciudadanos son convertidos en esclavos electorales cuya pobreza se garantiza cuidadosamente para que continúen, de por vida, ofrendando su voto a sus verdugos.
Mezquindad ilimitada y pobreza asegurada: una fórmula infalible para que la gente vote por quienes la desgobiernan. Curiosamente, en medio de la actual fiebre de reformas electorales, a nadie se le ocurre cerrar la puerta a la compra de votos. Tal vez porque hacerlo implicaría empezar a desalojar del sistema político a buena parte de su fauna dominante.
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