Vienen denuncias
Ante las evidencias de un entramado de empresas con domicilios y socios ilocalizables y su presunta vinculación con el ex funcionario municipal, Allan León, además de la investigación que tiene en marcha la Contraloría Municipal, el síndico del Ayuntamiento, Román Cifuentes Negrete, ya alista presentar una denuncia.
En su calidad de representante legal del ayuntamiento, el también coordinador de la fracción del PAN prepara la denuncia que se presentará en dos vías: ante el Ministerio Público para que investigue la Fiscalía Anticorrupción y en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) para que el asunto sea auditado.
Todo esto en medio del clima de tensión en el ayuntamiento con una mayoría panista friccionada con la alcaldesa hoy naranja, Alejandra Gutiérrez Campos.
Las denuncias serían presentadas máximo en dos semanas. Basta que lo haga Román, pero podrían sumarse con la firma los panistas Irazú Anguiano, Ramón Hernández, Hildeberto Moreno y Javier González, y los no panistas pero parte del equipo azul: Ma. Esther Santos, María Valeria Aurellio, Luis Gerardo González y Luz Graciela Rodríguez. También el resto del Cabildo si así lo consideran.
El señalamiento que se plantea será que se investigue un presunto esquema fraudulento en perjuicio de la administración municipal. No es que no se haya cumplido con los servicios contratados, sino que quieren ir a fondo sobre quién los puso o los formó ante Tesorería y varias dependencias para recibir beneficios.
Entre los regidores la conclusión es que estos contratos “no fueron casualidad”.
Todo por aclarar
La investigación periodística de AM reveló el lunes 6 de abril que el Municipio le compró por lo menos 7.3 millones de pesos a la empresa Office and Publicity. Luz María Camacho, ama de casa de Las Hilamas, figuraba como socia y gerente hasta 2023, sin saber. Familiares de otra socia, Liliana Gómez, también ignoraban su participación. AM no localizó a los dueños en domicilios de León ni de CDMX.
Ese mismo día la síndica y presidenta del Comité de Adquisiciones, Ma. Esther Santos de Anda, instruyó a la Contraloría Municipal a abrir una investigación. Y algo no le cuadró a la contadora que una semana después en sesión del Comité instruyó a la Tesorería a suspender toda asignación directa para esta empresa.
Sin que hubiera aún algún señalamiento directo a algún funcionario involucrado, el 17 de abril antes de la medianoche la alcaldesa Alejandra Gutiérrez comunicó la renuncia del secretario de Vinculación y Atención a los Leoneses, Allan León Aguirre, quien además era (¿o es?) su ‘delfín’ para la candidatura a la presidencia municipal.
Esto con el propósito, comunicó la entonces todavía Alcaldesa panista, de “facilitar la revisión objetiva, imparcial y a fondo de los procesos de contratación”.
Luego, el 19 de abril, AM publicó que Guillermo Bermúdez Gómez, quien fue gerente de Office and Publicity, fungió años atrás como representante de Alfacolor, empresa de la que son propietarios Allan y de su esposa que es consejera del DIF.
Después la regidora Norma López presentó ante Contraloría el caso de otras dos empresas que pudieran estar vinculadas. Y el lunes 1 de junio AM publicó que el Municipio de León pagó al menos 11.9 millones de pesos por la compra de miles de uniformes y souvenirs a “Centro Publicitario y de Marketing TLGR SAPI de CV” (TLGR), un proveedor sin oficinas localizables y relacionado con la misma “Office”.
El martes 2 la Alcaldesa respondió que son seis empresas las que la Contraloría Municipal investiga y reiteró que en lo municipal se llevaron a cabo los procesos legales de contratación. “El que nada debe, nada teme, el Municipio está poniendo todo a disposición para que se llegue a las últimas consecuencias”, aseguró.
Para el cabildo azul y otros opositores las respuestas no son suficientes y le demandarán a Alejandra que explique cómo desde su despacho, en la Secretaría Particular, presuntamente se gestó lo que hoy se investiga como conflicto de intereses. A esto les van a responder que hay que esperar las investigaciones.
En el PAN aseguran que Allan León permanece integrado en los chats interactuando con el gabinete municipal, por lo que tal parece que nunca se fue.
Tras su renuncia, el todavía panista salió el 1 de junio a compartir un video en redes sociales en el que señala que no tiene nada que ocultar y que tiene las manos limpias. “No hay ninguna resolución oficial que acredite alguna conducta indebida”.
La pregunta de hoy es la misma: ¿Y dónde están los dueños de las empresas?
Silao, “poner tus barbas a remojar”
Más allá del preocupante eterno conflicto que se vive al interior del Ayuntamiento de Silao que encabeza la panista Melanie Murillo, es hora de que todos presten atención al tema. Los cada vez más cerrados resultados electorales en muchos municipios se traducen en cabildos plurales y sin mayorías, y en más broncas.
Fue hasta el 1 de abril que el Ayuntamiento de Silao aprobó el presupuesto 2026 por unanimidad de votos. Desde diciembre el rechazo del bloque conformado por Morena, Paco Chagoya de MC y Alejandro Peña Gallo del PAN, lo congeló.
Y el asunto aquí no es quién tiene la razón, lo que analizaremos es la gobernabilidad que en Silao y en otros municipios será cada vez más complicada.
Para encontrar salidas no tanto al caso particular de Silao, sino a lo que pudieran padecer otros ayuntamientos, el 19 de marzo Murillo Chávez y el secretario de Ayuntamiento, Jorge Octavio Sopeña, presentaron al Congreso la petición de instalación de una mesa de trabajo plural e incluyente, con el propósito de analizar reformas a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato y a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos.
“La pluralidad democrática es hoy una característica estructural de la vida pública municipal. En ese contexto, corresponde proveer un marco normativo suficientemente claro y funcional, que permita encauzar el disenso legítimo mediante reglas institucionales eficaces y evitar que las diferencias políticas se traduzcan en parálisis decisoria, afectaciones a los servicios públicos, incertidumbre en la gestión financiera o debilitamiento de la gobernabilidad municipal”, citan.
Apenas en la pasada Legislatura se abrogó la Ley Orgánica Municipal y se aprobó una nueva Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios, la hoy Alcaldesa de Silao era diputada y votó sin reparar en lo que ahora plantea. Hoy que está del otro lado de la moneda advierte que hay lagunas que urge atender.
En la petición que entregó apunta que subsisten zonas de indeterminación normativa y pide revisar: las reglas relativas a las mayorías de votación, a la operatividad de las sesiones, al alcance del voto dirimente, a los efectos jurídicos de la no aprobación de acuerdos indispensables para la marcha del gobierno municipal.
Y desde su vivencia señala: “La experiencia cotidiana en los municipios demuestra que, en contextos de pluralidad democrática, la fragmentación ha generado escenarios en los que minorías organizadas pueden bloquear decisiones indispensables no por razones técnicas o de interés público, sino por cálculos de rentabilidad política, presiones coyunturales o intereses personales, trasladando el costo de esas disputas a la ciudadanía”.
El documento plantea también analizar otros temas operativos de la administración: el régimen de nombramientos de los delegados municipales, la ventanilla digital única, expediente electrónico interoperable, y reglas claras sobre silencio administrativo, con el objetivo de hacer más ágiles los trámites sin debilitar la legalidad. Además de considerar consultas públicas para normas de alto impacto.
Le dan ‘el avión’ a petición
En el caso específico de Silao la Alcaldesa tiene su punto de visita y los integrantes del Ayuntamiento su derecho a votar como consideren. Y seguramente, por la polarización política que vive este municipio, la confrontación no va a terminar, por el contrario se acentuará conforme se acerque el proceso electoral.
Hay que recordar que la panista ganó solamente por 471 votos al morenista Carlos García. Además de las broncas de un PAN dividido y “el fuego amigo” que hay.
Pero aquí el tema no es la bronca en el ayuntamiento de Silao, el asunto de fondo es la urgencia de revisar desde el Congreso del Estado las reglas del juego para que la pluralidad política no ponga en riesgo la gobernabilidad de los municipios.
El asunto está en la cancha de la Comisión de Asuntos Municipales cuya presidencia tiene el diputado morenista Ernesto Millán Soberanes, originario de Silao y uno de los principales opositores al gobierno de la panista Melanie.
En sesión del 15 de abril la Comisión le respondió a la Alcaldesa que se daban enterados de su oficio y punto. A la fecha no hay ninguna agenda común legislativa orientada al análisis para impulsar las necesarias reformas a esta legislación.
Millán descalificó la propuesta, dijo que mucho de lo planteado ya está en ley, y que el problema es la incapacidad de la presidenta municipal para generar acuerdos. “Para poder justificar la ingobernabilidad ahora nos piden que los diputados le hagamos la chamba”, declaró a medios.
La pelota está en la cancha de la Junta de Gobierno que encabeza otro morenista, Ricardo Ferro. El asunto es simple: hacer que los ayuntamientos funcionen mejor.
Rechazan licencias permanentes
Con 23 votos a favor del archivo y 13 en contra, la mayoría panista en el Congreso más MC, PRI y los exverdes, se opusieron a que en Guanajuato se pueda contar con licencias de conducir permanentes, como ya existen en la Ciudad de México.
El diputado Ernesto Millán, quien la propuso, lamentó que el argumento vertido por el Gobierno del Estado fuese que las licencias funcionan como un mecanismo de seguridad vial, lo cual, a su juicio, resulta falso y carente de fundamento técnico.
Citó datos del INEGI de los últimos años que muestran que los accidentes van en aumento en la entidad. Asimismo, que expedir licencias permanentes no elimina la facultad de realizar exámenes periódicos a los conductores.
Millán lamentó que otro argumento fue que se genera un boquete en las finanzas del Estado, cuando realmente está tapando un boquete financiero por “el regalito” de la concesión de la autopista Silao-San Miguel junto con la Guanajuato-Silao por parte del ex gobernador Diego Sinhue Rodríguez.
Puntualizó que tan es recaudatorio, que aumentaron 16 por cierto de un año a otro el costo por la expedición de las licencias.
En su defensa, Sandra Pedroza, diputada de MC quien preside la Comisión de Movilidad, exhibió que el diputado Millán no asistió a la mesa de trabajo. Enfatizó que la propuesta no era viable, y que el rechazo no es por un tema político sino técnico.
Recalcó que disminuir los mecanismos de control y verificación de aptitudes, afecta la actualización de datos oficiales, genera riesgos para la seguridad vial, duplica disposiciones ya existentes y contradice marcos normativos vigentes.
Apuntó que es una iniciativa que está planteada con base de experiencia de la Ciudad de México, y que a propuesta del proponente se solicitó información al Gobierno de la Ciudad de México pero no se tuvo respuesta, por lo que no tuvieron el insumo para demostrar la efectividad de la propuesta.
La diputada morenista Jenny Oliveros desde el pleno argumentó que la renovación de las licencias de conducir sirve únicamente con fines recaudatorios, por lo que resulta falso que sea algún tipo de control y verificación de que las personas manejan bien o de que están en buenas condiciones de salud o físicas para hacerlo.
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