La decisión debe tomarse ya. Cada día de retraso profundiza la fractura del gobierno de Libia García. El peligro no está en Morena, ni en la oposición, ni en el enojo ciudadano. El peligro está adentro. En los operadores que heredó de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y que hoy ocupan posiciones clave del poder estatal.
“La rentabilidad del miedo”, el demoledor reportaje de POPLab, exhibe la relación de Daniel Esquenazi con Seguritech y, por consecuencia, el conflicto de interés que rodea la residencia que habita Diego Sinhué en Woodland, Texas. El supuesto milagro mediante el cual un político mediocre se convierte súbitamente en exitoso empresario deja de ser una leyenda para convertirse en una hipótesis bien documentada.
Esquenazi habría recibido más de 680 millones de pesos en comisiones derivadas de contratos de Seguritech. La empresa, por su parte, obtuvo alrededor de 14 mil millones de pesos provenientes de las arcas públicas de Guanajuato entre 2012 y 2024. El cuadro es inquietante: un proveedor multimillonario del gobierno vinculado al personaje que facilita la estancia del exgobernador en Estados Unidos. La sospecha es inevitable y el agravio para los guanajuatenses también.
Y el caso Seguritech no aparece aislado. Se suma a la concesión de carreteras entregada a VISE, una operación cercana a los 20 mil millones de pesos. También a Guanajuato Leasing, a los apoyos cuestionables a Concamin, a la transa de la compra del Estadio León y a los negocios que orbitan alrededor de la Feria de León. La lista crece semana tras semana. Los escándalos se acumulan. El esquema se repite.
Lo verdaderamente desconcertante es que los arquitectos políticos de ese sistema permanecen en el círculo de confianza de la gobernadora. ¿Qué hacen Juan Carlos Alcántara y Héctor Salgado Banda en el gobierno de un Nuevo Comienzo?
La respuesta parece evidente: contener daños y proteger a su antiguo jefe. Convencer a Libia de que las auditorías son peligrosas. Frenar cualquier investigación que pueda derivar en responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales para quienes diseñaron los grandes negocios del sexenio pasado.
Para la gobernadora, mantener a los operadores de Diego Sinhue en la primera línea del Ejecutivo y, simultáneamente, permitirles controlar el PAN rumbo a las candidaturas de 2027 equivale a una apuesta suicida. Es el mismo error que hoy condiciona a Claudia Sheinbaum frente a López Obrador, cargando con las decisiones de otro hasta terminar pagando todos los costos. Al final, la sacrificada será ella.
La reciente contratación de cuatro mil millones de pesos de deuda pública ofrece una ventana para observar cómo operan estos personajes. Juan Miguel Ramírez, alcalde de Celaya, reveló que Juan Carlos Alcántara fue el encargado de negociar la distribución de los recursos. Celaya, segunda ciudad del estado, obtuvo apenas 168 millones de pesos, en tanto Irapuato recibió 585 millones. Para calmar al alcalde morenista, Alcántara prometió compensaciones futuras provenientes de otros fondos. No hubo criterios transparentes, pura discrecionalidad. No ofreció justicia, ofreció gracia. Así funciona su sistema.
El alcalde de San Miguel de Allende tampoco salió mejor librado. Le asignaron 300 millones de pesos para concluir el ostentoso Bulevar de la Libertad, una obra cuya responsabilidad original recaía en el Estado. La administración estatal trasladó el costo al Municipio después de incumplir con la liberación oportuna de los derechos de vía. Negocio redondo para unos y la cuenta para otros.
POPLab descubrió el mecanismo mediante el cual Rodríguez Vallejo disfruta una cómoda estancia en el extranjero. Frente a semejante revelación, la gobernadora tendría que activar de inmediato a la Secretaría de la Honestidad. Sin embargo, después de la fallida investigación sobre la casa de Texas, la credibilidad de esa institución atraviesa uno de sus momentos más bajos.
Por eso Libia debería aprovechar la oportunidad que le presenta el destino y proponerse tres acciones veloces. Una, expulsar del gobierno a los operadores dieguistas que actúan como correa de transmisión de su antecesor. Dos, ordenar una auditoría externa e independiente a la concesión de carreteras entregada a VISE, con participación de los ciudadanos. Tres, investigar a fondo los posibles conflictos de interés y actos de cohecho relacionados con Seguritech, la residencia de Woodland, las obras en La Venta, el hotel Viatura Omún y los viñedos La Vendimia.
Ya no hay margen para la simulación. Cada nuevo escándalo acerca más a Libia al punto de no retorno. Porque el problema ya no es Diego Sinhue. En estos momentos el problema es que sus operadores siguen gobernando. Y mientras ellos permanezcan dentro, el enemigo seguirá estando adentro.
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