El pasado 17 de junio, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó ante la opinión pública, junto al Fiscal General Gerardo Vázquez Alatriste, una iniciativa para dotar a las fiscalías estatales de facultades para investigar y judicializar delincuencia organizada, atribución que hoy recae en el ámbito federal; el evento tuvo toda la parafernalia institucional de este tipo de presentaciones; lo que nadie explicó ese día es que estamos ante una propuesta que, con toda probabilidad, no llegará a ningún lado, y que eso puede resultar más conveniente para sus promotores que su eventual aprobación.
Para entender por qué, basta revisar la Constitución; la iniciativa plantea reformar la fracción XXI del artículo 73 para crear legislación de coordinación concurrente: una reforma constitucional federal que requiere mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y la aprobación de más de la mitad de las legislaturas estatales; sin el respaldo de Morena en el Congreso de la Unión, la iniciativa no tiene viabilidad.
Y ahí está el primer nudo; voces de Morena han señalado que no es necesario un nuevo tipo penal y que el Fiscal debe concentrarse en dar resultados con las herramientas que ya tiene. El diputado Rolando Alcántar Rojas calificó como complicada la aprobación de la reforma; incluso el panista Miguel Ángel Salim Alle invitó al Fiscal a presentarles un estudio formal, como si la propuesta aún no existiera en papel; una iniciativa que su propio partido recibe con ese nivel de entusiasmo nace políticamente huérfana.
Pero hay un segundo nudo, igual de revelador: la iniciativa fue suscrita también por el líder de la bancada de Morena en el Congreso del Estado; el mismo partido que critica al Fiscal por su gestión aparece estampando su firma junto al PAN, construyéndole de paso el argumento perfecto para justificar el déficit de resultados actuales; o la crítica es sincera, o la firma lo es; las dos cosas juntas no cuadran; muchas voces coincidimos en hacer un llamado respetuoso a los integrantes del grupo parlamentario de Morena en Guanajuato para que recapaciten: ya sea por descuido, por premura legislativa, o porque los “chamaquearon”, la congruencia política exige revisar esa decisión.
Esta propuesta tampoco fue consultada con las otras 31 entidades federativas; una reforma que aplicaría a todas las fiscalías del país se presentó como asunto exclusivo de Guanajuato, sin mesas previas ni negociación real con la mayoría federal. La pregunta incómoda es obvia: ¿para qué sirve una iniciativa que nace sin los votos? Sirve como escudo; el Fiscal siempre tendrá el argumento prefabricado: “nosotros propusimos la solución, pero el Congreso no nos dio las herramientas”.
Los números confirman la urgencia de atender lo que ya es responsabilidad de la Fiscalía. Según Causa en Común, en 2024 cada agente del Ministerio Público en Guanajuato atendió 375 carpetas de investigación, por encima del promedio nacional de 258; el propio Fiscal reportó que en 2025 se iniciaron 162 mil carpetas. Frente a esa carga, nadie explica con qué capacidad instalada se piensa asumir además la delincuencia organizada.
Lo que los ciudadanos guanajuatenses necesitan no es que su Fiscal proponga facultades que no va a obtener, sino que ejerza a plenitud las que ya tiene, con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Mientras eso no ocurra, las iniciativas con más oropel político que futuro seguirán siendo sólo simulación gubernamental.
