La discusión pública sobre la conveniencia de revisar a fondo la actuación del exgobernador Diego Sinhue ha puesto al descubierto un problema mayor que el de una simple votación legislativa: la dificultad que aún tienen una parte de la clase política y, en ocasiones, los propios órganos responsables de fiscalizar para aceptar que el escrutinio es una obligación permanente y no una concesión discrecional.
En una democracia madura no existen funcionarios intocables. Quien administra recursos públicos debe entender que cada contrato, cada obra, cada programa y cada peso ejercido pertenecen, en última instancia, a los ciudadanos. Por ello, una auditoría no constituye una sentencia anticipada ni una declaración de culpabilidad; es, simplemente, el mecanismo mediante el cual la sociedad verifica que sus recursos fueron utilizados conforme a la ley y en beneficio del interés público.
Resulta contradictorio sostener que la transparencia fortalece a las instituciones y, al mismo tiempo, negarse a aplicar ese principio cuando la revisión alcanza a quienes pertenecen al propio grupo político. Si la fiscalización es válida para una alcaldesa, también debe serlo para un exgobernador. La igualdad ante la ley comienza, precisamente, con la igualdad frente a la rendición de cuentas.
En este contexto sobresale la postura del diputado Juan Carlos Romero Hicks. Su voto favorable para auditar las decisiones de Diego Sinhue no responden a un ajuste de cuentas ni a una ruptura partidista, sino a una convicción mucho más profunda: el Congreso existe, entre otras razones, para vigilar el ejercicio del poder. Esa no es una opción política, sino una responsabilidad constitucional.
Romero Hicks recordó un principio que parece haberse olvidado: todo recurso público debe poder ser examinado. La eficiencia, la economía, la transparencia y la honradez no son conceptos decorativos inscritos en la Constitución; representan obligaciones concretas que deben traducirse en mecanismos efectivos de supervisión. La posición asumida por Juan Carlos Romero Hicks merece un reconocimiento especial porque representa una virtud cada vez más escasa en la vida pública: la congruencia entre el discurso y los hechos.
Aunque la demanda de auditar a Diego Sinhue es vox populi, el coordinador de la bancada panista, Jorge Espadas, ha intentado impedirla mediante argumentos poco convincentes. Se afirma que las cuentas públicas ya fueron aprobadas o que la solicitud presenta deficiencias de forma. Sin embargo, ninguna de esas razones invalida el principio fundamental de que todo ejercicio del poder debe estar sujeto al control democrático.
La actuación de Diego Sinhue ha sido ampliamente cuestionada por la opinión pública debido a la opacidad que rodea diversos asuntos relacionados con contrataciones públicas, proyectos de infraestructura, la carretera entregada a un particular, su relación con Seguritech, la llamada Casa Azul en Houston y su posterior transformación en un influyente empresario ganadero, entre otros. Todo ello ha sembrado dudas razonables entre amplios sectores de la sociedad. La transparencia nunca ha sido enemiga de los servidores públicos honestos, por el contrario, constituye su mejor defensa. La confianza ciudadana no se construye pidiendo fe, sino ofreciendo evidencia.
El poder altera la personalidad de quien lo ejerce, si no está preparado. El político suele vivir rodeado de aplausos, cámaras, adulaciones y reverencias que pueden alimentar el narcisismo político y desembocar en la hybris. Esa soberbia nacida del poder que lleva a quien lo detenta a creer que está por encima de la ley y de la obligación de rendir cuentas. Precisamente por ello, las democracias modernas han creado contrapesos, auditorías y mecanismos de fiscalización.
Al exgobernador Diego Sinhue el poder pareció afectarlo de manera profunda. Su percepción de la realidad terminó por distorsionarse hasta transformar la imagen de un regidor gris en la de un potentado empresario ganadero texano, como si protagonizara su propia versión de Yellowstone. ¿Qué le vio Miguel Márquez para convertirlo en su heredero político? Con la embriaguez de la investidura llegó a creer que todo era posible: “El Estado soy yo”.
Las instituciones políticas se fortalecen cuando son capaces de examinarse a sí mismas, no cuando levantan murallas para impedir cualquier revisión. La rendición de cuentas no debilita a las instituciones; las fortalece, porque demuestra que nadie está por encima de la ley. Auditar no es perseguir; es respetar al ciudadano.
