¿SABEN QUIÉN promulgó una ley para proteger a las audiencias como la que ahora se quiere aplicar en México? El gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Y era muy parecida a los lineamientos que se presentaron el martes en Palacio Nacional, tanto que en aquel país la llamaban “Ley Mordaza”.
MEDIOS, ESPECIALISTAS, organismos internacionales y asociaciones de periodistas alertaron en aquel entonces que la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión era, en realidad, una forma para disfrazar de legalidad la censura impuesta por el gobierno.
BUENA PARTE del truco está en que este tipo de regulaciones son bastante ambiguas en cuanto a las faltas, pero muy estrictas en cuanto a los castigos. Esto deja al amplio criterio de las autoridades decidir qué contenidos y de qué medios les parecen “dañinos” para la audiencia y cuáles no.
POR EJEMPLO, en el caso venezolano se sancionaban mensajes que “puedan constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público”, lo cual podría ser cualquier cosa: desde una marcha opositora hasta la historia del Chupacabras. El gobierno en estos casos decide qué es bueno para que lo vea el “pueblo”. ¿Les suena conocido?
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LA BOMBA de los despojos inmobiliarios le estalló en las manos a la Fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde. Lo que comenzó con una denuncia ciudadana por la invasión de una casa en la alcaldía Benito Juárez, se convirtió ayer en una avalancha de por lo menos 100 expedientes de despojos similares que no han sido atendidos por las autoridades.
Y LO QUE es peor: hay quienes afirman tener documentado que en algunas de estas invasiones de casas participan funcionarios capitalinos, que cuentan con acceso a información de catastro o de litigios hereditarios, lo que les permite ubicar y tomar por la fuerza inmuebles deshabitados, pero que tienen legítimo dueño.
HABRÁ QUE VER si la fiscal realmente le entra al asunto y resuelve un reclamo ciudadano que crece o si, por el contrario, aplica el viejo truco de guardar todos los expedientes en un archivero y tirar la llave muy, pero muy lejos.
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EN SU INTENTO por ser partido político, la agrupación México Tiene Vida rompió récord de afiliaciones: en tan sólo cuatro meses “convenció” a 363 mil 462 ciudadanos de registrarse como militantes. Todo un logro, salvo por el detalle de que hizo trampa.
PRIMERO lo detectó el INE y ayer confirmó el Tribunal Electoral que más de 5 mil afiliaciones eran patito, por lo que dicho grupo se quedó sin registro como partido político y, además, tiene que pagar una multa de 445 mil pesos. Ojalá que lo haga con dinero de verdad… y no con panchólares.
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