Durante la última década en Guanajuato, la libertad de expresión se ha posicionado como una de las agendas más urgentes en la entidad, no solo por las agresiones a periodistas que han crecido de manera exponencial durante estos años, sino por la diversificación de temas que el contexto local ha obligado a discutir.
A continuación, hago un listado de los más importantes.
1. La organización internacional ARTICLE 19 ha documentado 239 agresiones a periodistas en la última década (de 2015 a 2025) y, en su último informe, señala que Guanajuato se encuentra en el top 5 de las entidades con más agresiones, incluidos 6 asesinatos a periodistas con probable relación con su trabajo periodístico.
2. Sobre ese tema, recientemente se realizó una mesa de trabajo entre autoridades e integrantes del gremio periodístico en la que la Fiscalía reconoció que la mayoría de los casos de asesinatos y desapariciones a periodistas se encuentran en la impunidad.
3. El acoso judicial a periodistas y a medios, tanto por la vía penal como por la civil, han tenido sus efectos silenciadores, su chilling-out; son al menos 3 demandas contra periodistas en los últimos años que han buscado restringir críticas, limitar opiniones editoriales o, incluso, restringir el periodismo de investigación.
4. Al presentar el informe anual del Consejo Estatal de Protección, el Gobierno de Guanajuato reconoció que existen zonas silenciadas, que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son regiones “de alta peligrosidad donde la violencia, las amenazas y los homicidios perpetrados por el crimen organizado —en ocasiones con la complicidad de autoridades locales— impiden el libre ejercicio del periodismo, generan autocensura y dejan a las comunidades sin información sobre asuntos públicos”.
5. La publicidad oficial como eventual control de las líneas editoriales constituye, también en palabras de la CIDH, censura indirecta y debería estar regulada por principios de aplicación para todo el poder público estatal. Según ARTICLE 19, Guanajuato es la entidad federativa que más gastó en este rubro en 2024: más de 765 millones de pesos, es decir, casi dos millones diarios.
Desde la agresión a Karla Silva en 2014, donde se utilizó el poder del Estado para atacar a una reportera por su cobertura periodística, Guanajuato ha transitado a un entorno complejo en el que se requiere una agenda integral sobre libertad de expresión que implique al menos una revisión exhaustiva sobre las normas que permiten la criminalización de la libertad de prensa, el fortalecimiento de mecanismos eficaces de protección, el combate a la impunidad, la regulación de la publicidad oficial, así como la garantía del pluralismo en los medios.
La libertad de expresión es un pilar para la democracia, así lo ha señalado la Corte Interamericana. Además, posee un fuerte contenido social, lo que se resume en palabras del gremio periodístico: “No se mata la verdad matando periodistas”.
Proteger la libertad de expresión no solo es defender el periodismo libre, es también defender nuestro derecho a informarnos y a opinar.
*Integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato y miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.
RAA