Carlos Alberto Beltrán Olmeda renunció a la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de los Cabos, en Baja California Sur, el 25 de mayo de 2026. Alegó “motivos personales”. Doce días después desapareció.
Al poco tiempo, un video subido a redes sociales desde una cuenta presuntamente asociada al crimen organizado informó que un sujeto apodado “El Cazabaches” había sido privado de la libertad, torturado, asesinado e inhumado en una fosa clandestina ubicada al norte de San José del Cabo.
A Beltrán Olmeda le apodaban precisamente así, debido a la campaña de bacheo que lanzó desde el Ayuntamiento. Las coordenadas ofrecidas en el video eran exactas, según comprobó el colectivo Madres Buscadoras Los Cabos: el 13 de julio fueron localizados ahí unos restos humanos. Más de un mes después, el 22 de agosto de 2026, se confirmó que pertenecían al exfuncionario.
Su asesinato empaña aún más el siniestro panorama de la narcopolítica sinaloense, así como el de los vínculos de Morena con los grupos del crimen organizado que llevaron al poder a este partido.
Beltrán Olmeda había sido asesor del hoy exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, entre 2021 y 2022. Según investigación del semanario Zeta era propietario de una empresa que, a cambio de vales de despensa, gasolina, consultas médicas, monederos electrónicos y paquetes de saldo para internet y teléfono celular, reclutaba usuarios que promovieran las candidaturas de Morena: BOATIP de México, S.A. de C.V.
Los usuarios de redes debían cumplir determinadas tareas de promoción para recibir los vales. La empresa fondeó con sus propios recursos esa campaña y luego prestó servicios a varias dependencias y secretarías del gobierno de Sinaloa, así como a los Ayuntamientos de Ahome y Navolato, en Sinaloa.
Beltrán Olmeda figuró también como asesor de la exalcaldesa de Navolato, Margoth Urrea, Gerardo Vargas, de Ahome, y Jesús Alberto Pujol, de Nogales.
Operó también para la campaña del gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío. Zeta asegura que llegó recomendado por Rocha Moya. El entonces alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs, dijo después que recibió la orden de Castro Cosío de darlo de alta primero como asesor y luego como Oficial Mayor de Los Cabos, encargado de manejar los recursos del municipio.
“Nada de que Óscar Leggs lo trajo, Óscar Leggs no se mandaba solo, hubo instrucciones que llegaron a Los Cabos”, dijo el hoy exalcalde.
Beltrán Olmeda fue ratificado en el cargo por el sucesor de Leggs, Christian Agundez. La revista Proceso citó una fuente que aseguró que Beltrán había sido reclutado en Culiacán por Iván Archivaldo Guzmán, líder Los Chapitos.
Desde 2025 fue acusado en narcomantas dejadas en La Paz y Los Cabos, al lado del entonces secretario de seguridad pública Edilberto Miramontes, hoy preso bajo cargos de feminicidio. Los funcionarios eran acusados de haber traicionado ciertos pactos. “O se abren o los vamos a fusilar por traidores”.
El Oficial Mayor de Los Cabos renunció “por motivos personales” unos días después de que trascendiera la acusación del Departamento de Justicia contra Rubén Rocha Moya (y nueve funcionarios y exfuncionarios de su círculo cercano) y a solo unos días, también, de que este renunciara al gobierno de Sinaloa.
El reportaje de Proceso al que se hace referencia líneas arriba habla de la existencia de una ficha de la Unidad de Inteligencia Naval sobre las redes criminales en Baja California Sur.
Se ignora si la privación de la libertad y el asesinato del exOficial Mayor de Los Cabos se conecta directamente con el caso Rocha Moya, pero es una pieza más en la inmensa cadena de hechos oscuros que rodean el escándalo del financiamiento del Cártel de Sinaloa a diversas compañas de Morena en las elecciones de 2021.
En el video que dio cuenta de la ubicación de sus restos se habla de un pago de cinco millones que el exfuncionario hizo a un grupo criminal para tratar de salvar la vida. En todo caso, en esta historia, las huellas de la narcopolítica vuelven a emerger aquí y allá. Una sombra más en el trayecto al poder de Morena.
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