Los defensores del PAN no todos están contentos
Pues no es por amargarle la fiesta a los panistas, pero no todos los contendientes quedaron satisfechos con el proceso para ser defensores de la patria, la familia y la libertad.
Si ofrecieron un proceso democrático y transparente, quedaron a deber. Hubo muchas dudas y sospechas sobre el complejo proceso, que incluyó pasarelas, entrevistas, focus groups y hasta encuestas aplicadas a los militantes y a los ciudadanos.
El pronóstico de la cúpula estatal del PAN era que todos los contendientes, ganadores y perdedores, se iban a alinear, a cuadrar; que las inquietudes no pasarían a mayores; que nadie se iba a rebelar ni a impugnar, y mucho menos a renunciar.
Las inquietudes, junto con las probables impugnaciones, estallaron en León, donde se registraron tres aspirantes; en Pénjamo, con cinco contendientes; en San Miguel de Allende, y en Irapuato, con cinco más, entre ellos el exjefe estatal del PAN, Eduardo López Mares.
El martes, el comité estatal del PAN, que comanda Juanita de la Cruz Martínez junto al diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba —responsable de la comisión del proceso—, ofreció una rueda de prensa para informar los resultados. Por parte del comité nacional del PAN, estuvo el delegado Santiago Taboada para avalarlos.
No todos los contendientes quedaron felices y contentos. Entre los perdedores hubo dudas, reclamos y amagos de impugnar el proceso; también silencios.
Y es que, desde el fin de semana anterior, se filtró la información. En los equipos de varios de los aspirantes ya celebraban los resultados.
Entre los que perdieron, la pregunta es para qué hicieron todo un proceso que resultó más estadístico que democrático, si al final de la jornada ganarían los aspirantes más cercanos a los intereses del grupo en el poder. ¿Fue la simulación para disfrazar el dedazo?
Hasta el momento, la mayoría de los que perdieron ha guardado silencio frente a la prudente y discreta victoria que han manifestado los ganadores.
Bueno, con excepción de Jorge Espadas Galván en el municipio de León. Sus seguidores hasta porras, matracas y pancartas se animaron a llevar al informe de Alejandra Gutiérrez, al que el diputado local asistió como representante del Congreso del Estado.
En un recuento de los daños —o mejor dicho, de las dudas e inquietudes—, tanto la presidenta estatal, Juanita de la Cruz, como el responsable del proceso se reunieron el jueves en corto con los participantes para explicarles los resultados y recordarles que ellos habían aceptado las condiciones del juego.
Al encuentro en un hotel ubicado en Guanajuato Puerto Interior no acudieron todos por diversos motivos, pero el silencio y el malestar se mantuvieron entre los que perdieron.
A todo esto, la pregunta es: ¿valió la pena este proceso interno? Para algunos fue exitoso, porque mediáticamente estuvo en la agenda y en la opinión pública, reactivó al panismo e hizo recordar las viejas movilizaciones del blanquiazul.
Habrá que estar atentos a los pasos o decisiones que emitan los contendientes que salieron reprobados, porque los riesgos de fractura interna o renuncias están latentes. Más aún cuando el sabor que les dejó el proceso es que —si bien no fue dedazo— finalmente ganaron los que tenían que ganar: los favoritos, los defensores más cercanos a la gobernadora Libia García.
Juan Carlos Romero Hicks, en Guanajuato capital; Melanie Murillo, en Silao; Antonio Navarro, en San Francisco del Rincón; Romina Hernández, en San Miguel de Allende; Erandi Bermúdez, en Pénjamo; Víctor Zanella, en Irapuato; Jorge Espadas Galván, en León; Gerardo Arredondo, en Salamanca, y Rubén Urías, en San Luis de la Paz.
Ahora viene lo bueno, lo más importante, si es que estos perfiles resultan ser los candidatos a las alcaldías de sus municipios. El primer reto será mantener la unidad al interior del partido, anticipando un reñido proceso electoral para el 6 de junio de 2027.
El segundo será si estos perfiles logran convencer a la ciudadanía de que son la mejor opción en sus municipios frente a las y los contendientes de la oposición. Al interior del panismo, muchos creen que la sola marca PAN pesa, y que a quien pongan de candidata o candidato ganará en automático.
Septiembre fue el mes del panismo en Guanajuato. Viene octubre y, con este, el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuyos integrantes, mediante un proceso similar, van a elegir a sus defensores de la soberanía nacional y la cuarta transformación; es decir, a sus candidatos a diputados locales y a presidentes municipales.
Por cierto, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas del PAN, sería bueno que tanto Juanita de la Cruz como Éctor Jaime Ramírez Barba informen —primero a los panistas y luego a la ciudadanía— cuánto dinero gastaron en este proceso interno.
¿Cuánto le pagaron a las cinco casas encuestadoras (Buendía & Márquez, Mendoza Blanco y Asociados, Data, Berumen y Votia)? ¿Cuánto costaron las pasarelas y el levantamiento de los focus groups, así como cuánto se les pagó a los asesores externos del proceso?
¿Nuevo Comienzo?
Conforme al calendario político, el viernes se cumplieron dos años de que Libia García asumió el encargo como gobernadora de Guanajuato, siendo la primera mujer en la historia en alcanzar el puesto.
Durante su campaña prometió a los ciudadanos que su administración sería un “Nuevo Comienzo”.
Con la seguridad de quien se siente ganadora, anticipó desde el arranque de su campaña que Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal general del Estado, no seguiría en el cargo, pese a que el otro poder, el Legislativo, lo había ratificado hasta el 2029.
También anunció el cese —este sí dependiente del gobernador en turno— del secretario de Seguridad Pública estatal, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, fiel escudero del cuestionado fiscal Zamarripa.
La medida fue bien vista por algunos sectores políticos y especialistas. Dados los pobres resultados en seguridad, dejarlos hubiera sido otro lastre para la nueva administración estatal.
Hasta parecía que la candidata Libia enviaba un mensaje al Gobierno federal, todavía comandado por el morenista Andrés Manuel López Obrador, quien cada semana tundía en su conferencia de prensa mañanera la ineficiencia de este “dúo dinámico”.
Y es que, durante el sexenio del tristemente recordado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, simplemente no hubo una buena relación con la Federación en un tema tan sensible como la coordinación para combatir la inseguridad que azota a Guanajuato desde los tiempos de Miguel Márquez.
Pero ¿qué pasó con la promesa de un nuevo comienzo con la llegada de Libia García?
“Que todo cambie para que todo siga igual”, reza la frase más comentada de la novela El gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Pues algo similar parece que pasa en Guanajuato, donde la herencia del exgobernador que vivió en la casa azul en Texas, Estados Unidos, se mantiene como si nada hubiera pasado.
No hay ninguna investigación seria —más allá de simples declaraciones— sobre las presuntas transas de Diego Sinhue; sobre todo en las carreteras que “regaló”, perdón, concesionó horas antes de concluir su sexenio a empresas constructoras.
Por si fuera poco, Libia mantuvo los millonarios contratos de seguridad con la empresa Seguritech, la cual comenzó a hacer negocios en Guanajuato durante el sexenio de Miguel Márquez y su compadre Rafael Barba Vargas, a quien apodan “El Gallo”.
Un ejecutivo de esta empresa aparece como uno de los propietarios o administradores de la lujosa residencia que el exgobernador habitó en Woodlands, Texas. ¿Alguien del gobierno del Nuevo Comienzo investigó a fondo un posible conflicto de interés? Claro que no.
En su momento, el diputado federal por Morena, Francisco Javier Ramírez Estrada, trazó la ruta de una presunta red de corrupción vinculada a Seguritech que ha operado en al menos tres administraciones panistas de Guanajuato. Junto con los diputados locales de su partido, exigieron revisar los contratos de esta empresa.
Sin embargo, la Secretaría de la Honestidad determinó el cierre de la investigación contra el exmandatario Diego Sinhue Rodríguez Vallejo por el caso Seguritech. La resolución señala que las adjudicaciones se realizaron conforme a la normativa, desestimando quejas por presunto favoritismo. Conclusión: archivaron la denuncia.
Libia García también ratificó en sus cargos a por lo menos siete funcionarios fieles a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dos de ellos piezas clave en el poder que ejercieron con el exmandatario.
Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas, mantiene su poder e influencia en la administración estatal. Ningún presupuesto para algún proyecto o acción de gobierno pasa sin su autorización. Seguro el secretario Salgado Banda estuvo al tanto y revisó el tema de las carreteras que regaló Diego Sinhue.
Otro ratificado por la gobernadora fue Juan Carlos Alcántara, a quien le dicen “Charly”, quien fungió como jefe de Gabinete dieguista, pero era visto como el hombre que ejercía de “vicegobernador” y avalaba o rechazaba cualquier operación del gobierno. Hoy está en otro cargo, pero sigue influyendo y cobrando en el Nuevo Comienzo.
Ahora bien, entre las cosas que sí puede presumir la gobernadora es que la coordinación con el Gobierno federal está dando resultados, sobre todo en bajar los homicidios, un rubro en el que tristemente estuvo Guanajuato en los últimos años.
Según la mandataria, gracias a esta buena coordinación, el mes de agosto cerró con una reducción del 75.6 % en los homicidios dolosos con respecto a febrero del año pasado.
Aunque no fue oficialmente un informe de gobierno, Libia García encabezó el viernes un evento masivo en Salamanca donde destacó los alcances de sus programas sociales en apoyo a las familias, en especial a las mujeres a través de la Tarjeta Rosa, programa emblema de su administración.
A lo largo de su mensaje, la gobernadora prometió seguir apoyando a los colectivos de madres buscadoras.
El evento fue en el estadio de beisbol de los Petroleros de Salamanca, pero no acudió el alcalde César Prieto Gallardo, de Morena; mandó en su representación a su secretario del Ayuntamiento, Gonzalo Cano Calvete.
Sí estuvieron alcaldes, diputados locales y federales, y, por supuesto, no faltaron los integrantes del gabinete de la mandataria panista. También asistieron el secretario de Seguridad Estatal, Juan Mauro González, junto con el fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste.
Ambos fueron muy solicitados por los periodistas tras el escándalo mediático en el que acabó el presunto megadecomiso de hidrocarburos en una planta de almacenamiento de San José de Iturbide, aunque no perdieron la sonrisa ni el buen ánimo en el evento.
Sí fue un operativo histórico
No pasó ni una semana para que se diluyeran como huachicol los 59 millones de litros de combustible presuntamente descubiertos en una planta de almacenamiento en el municipio de San José de Iturbide, fronterizo con el estado de Querétaro. El hecho pasó en pocos días de ser el aseguramiento más relevante en la historia del país a la mayor pifia en lo que va de la actual administración federal y estatal.
Según la versión oficial del Gobierno de la Gente, semanas atrás, policías estatales —a cargo de Juan Mauro González— habrían descubierto el ilícito luego de ubicar una pipa cuyo chofer no pudo constatar el origen de los miles de litros que transportaba.
Eso los llevó hasta la dudosa planta de almacenamiento. Gas Natural del Noroeste, la empresa propietaria del inmueble, reaccionó de inmediato: lanzó un comunicado en el que aseguró que todo estaba en regla, que contaban con la documentación y que no eran dueños del combustible, sino simplemente almacenadores de firmas como ExxonMobil, Valero y Shell.
A lo largo de la semana, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, reconoció que el asunto tuvo serias anomalías, pero insistió en que la investigación sigue en curso en la Fiscalía General de la República —que comanda Ernestina Godoy Ramos— a través de la FEMDO, la fiscalía especializada en delincuencia organizada.
Por lo pronto, las anomalías le costaron la chamba a Juan Francisco Vera Ayala, quien apenas cumplía ocho meses como delegado de la FGR en Guanajuato. En los pasillos de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México, cuentan que la historia dará más de qué hablar en los próximos días.
Recuerdan que el titular de la FEMDO es nada más y nada menos que César Oliveros Aparicio, quien era jefe del defenestrado delegado de la FGR cuando ambos trabajaban en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en la Dirección de Planeación y Análisis. Por eso Vera Ayala había llegado a Guanajuato.
Cuentan que ninguno de los dos es gente de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, quien por ahora enfrenta el costo político del fallido decomiso histórico de huachicol.
En Guanajuato, el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González, ya se deslinda de las irregularidades en este cateo, pero a medias se le olvida que los primeros en dar a conocer los resultados fueron los integrantes de la dependencia que él encabeza.
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