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“Vamos a seguir con el humanismo mexicano, con la Cuarta Transformación”. 

Claudia Sheinbaum, 1.10.2024

Nos dice la presidenta Sheinbaum que la 4T es humanista, pero envía a un procesado en prisión preventiva, Ernesto Ruffo, a quien un juez le ha concedido prisión domiciliaria por su edad y estado de salud, a un traslado por carretera de casi 40 horas esposado de pies y manos. Parece una acción inhumana del gobierno humanista. 

Ayer, en la mañanera, la Presidenta explicó: “Pregunté hoy en la mañanera en el gabinete por qué se le trasladó por tierra si era tan largo el recorrido. Me dijeron que se siguió la orden del juez”. La verdad, sin embargo, es que sería inusitado que un juez ordenara que un traslado fuera terrestre. 

Los juzgadores dictan medidas cautelares, que pueden ser, por ejemplo, prisión preventiva o domiciliaria. Decidir cómo trasladar a un procesado correspondería al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, parte del Poder Ejecutivo. No necesariamente se tendría que informar al secretario del ramo o a la Presidenta, aunque es difícil no recordar las palabras de López Obrador: “Un Presidente lo sabe todo y se entera de todo”. 

No fue una decisión tomada por tacañería. Un traslado por tierra tan largo puede ser más caro que uno por aire. Resulta, además, peligroso tanto para los guardias como para el procesado. Al parecer lo que se buscaba era castigar a Ruffo por haber ganado la batalla legal de la prisión domiciliaria.

Una molesta FGR señaló el 27 de septiembre: “Si bien es cierto que la autoridad judicial le concedió el cambio del lugar del cumplimiento de la medida cautelar., ello no implica que su proceso penal se detenga o presente cambios”. Y añadió: “La indagatoria cuenta con datos de prueba contundentes”.

Sin embargo, prevalecen dudas sobre el proceso del exgobernador panista de Baja California, a quien la fiscal general, Ernestina Godoy, describió como el líder de “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”. Nadie cuestiona que se investiguen las operaciones de la empresa Ingemar, de la cual es socio minoritario, para determinar si la empresa o Ruffo cometieron alguna irregularidad. Pero Ruffo no huyó cuando empezó la indagatoria, sino que presentó toda la documentación que se le pidió. 

Para ser cabeza de la mayor red de huachicol fiscal, un negocio que la procuradora fiscal Grysel Galeano García ha dicho representa 600 mil millones de pesos, se requiere de un poder político que este hombre, que fue gobernador hace más de 30 años, no tiene ni tuvo. El zar del huachicol fiscal necesitaría tener control sobre las aduanas y la Guardia Nacional. No se entiende cómo Ruffo pudo ordenar el silencio de agentes aduanales y policías federales. 

No es la primera vez que una autoridad recurre un largo traslado por carretera para “castigar” y humillar a un acusado. Lo hizo Mario Marín cuando era gobernador de Puebla; en 2005 sus agentes judiciales detuvieron en Cancún a Lydia Cacho, autora del libro Los demonios del Edén, a petición del empresario Kamel Nacif, y la trasladaron por tierra hasta Puebla. Marín está ahora en la cárcel acusado de tortura precisamente por haber ordenado ese traslado.

Le toca ahora a la FGR demostrar que tiene pruebas de que Ruffo es el mayor huachicolero del país. Esperemos que el juicio se lleve a cabo con transparencia y equidad, y que ningún alto funcionario tenga que ser acusado más tarde de tortura por haber ordenado el traslado de 40 horas por carretera de un hombre enfermo de 74 años. 

Amílcar

A Amílcar Olán le hizo justicia la revolución. O la amistad con los hijos de López Obrador. De ser un empresario modesto, pasó a recibir contratos multimillonarios. Se reía cuando Pedro Salazar Beltrán, primo de los hermanos López Beltrán, le decía que ya el problema vendría cuando se descarrilara el Tren Maya. La FGR no tiene ninguna investigación en su contra. Hoy vive cómodamente en Lugano, Suiza.

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