El 16 de septiembre, el académico y columnista Sergio Aguayo publicó una opinión titulada “Otro coscorrón autoritario” en la que hace referencia a la decisión anunciada en agosto por la Secretaría de Gobernación en el sentido de cancelar el contrato que el Gobierno de México ha firmado durante más de 14 años consecutivos con la compañía “RCU Sistemas” que ofrece servicios de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México.
Aguayo señala que la decisión se da sin consultar a las personas afectadas, incluido él, que es beneficiario del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, organismo responsable de asignar las medidas de protección.
Al corte de agosto de 2026, la información pública señala que serían 2047 personas incorporadas al Mecanismo, no 2030 como señala Aguayo, cifra que podría aumentar considerando a las personas beneficiarias indirectas, es decir a las familias de quienes son beneficiarias y beneficiarios. De los estados de la región occidente del país, Michoacán, Jalisco y Guanajuato comprenden casi la quinta parte nacional de las personas incorporadas, con 166, 148 y 64 respectivamente. Las entidades con más personas incorporadas son Ciudad de México y Oaxaca.
De las más de 5 mil medidas implementadas históricamente por el Mecanismo, un gran porcentaje de estas serían implementadas por RCU; por ejemplo, en el caso de las medidas extraordinarias, se habrían implementado 144 medidas de escolta y acompañamiento, resaltando la administración y operación de 889 botones de asistencia, que son otorgados y monitoreados por RCU. Si bien las medidas también son operadas por instancias públicas, la información oficial reconoce que prácticamente las medidas de protección otorgadas por el Mecanismo se encuentran privatizadas.
Como Sergio señala, un elemento clave son los montos de los contratos que año con año RCU ha recibido del Gobierno: al respecto, la Auditoría Superior de la Federación practicó una auditoría en 2020, año en el que se habrían pagado 225 millones a RCU. Investigaciones periodísticas señalan que un monto similar (197.8 millones) se habría otorgado por adjudicación directa tan solo el primer semestre de este año.
“Hemos estado atentos a las quejas de la empresa y por esa razón ya la empresa ha sido notificada de que terminará en breve el contrato”, dijo la Secretaría de Gobernación en agosto pasado, pero no presentó evidencia de una evaluación o de una auditoría sobre el cumplimiento o incumplimiento del contrato. Tampoco hizo un balance de las quejas ni adelantó una ruta para el relevo.
Me sumo a la preocupación de Sergio Aguayo en el sentido de exigir transparencia en la evaluación de RCU no solo en términos técnicos, sino económicos y políticos: la vida y la protección de miles de personas defensoras de derechos humanos y periodistas están en juego.
Información extraoficial enciende los focos rojos en el sentido de que la asignación de estos contratos se haría a una empresa creada apenas en 2025, y que además es dirigida por un exfuncionario de la extinta Policía Federal. ¿Qué capacidad técnica tiene esta empresa para implementar las miles de medidas de protección extraordinarias y ordinarias que cada mes reporta el Mecanismo? ¿En verdad es funcional un procedimiento que privatiza la seguridad dejándola en manos del mejor postor? ¿Esta empresa tiene el aval del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o es impulsada por este?
RAA
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