Al poder no le gusta que se rían de él. Una crítica puede responderse con cifras y explicaciones; un discurso, con otro. Pero un meme convierte la solemnidad del gobernante en motivo de burla, y en unos minutos llega a miles de personas. A veces, una imagen o una caricatura dice más que una conferencia de prensa.
Por eso la llamada “ley antimemes” ha despertado desconfianza, aunque se afirma que su propósito es combatir el fraude y proteger los derechos de autor. La preocupación surge cuando las leyes dejan dudas sobre lo que se puede publicar y lo que podría castigarse. Nadie debería tener miedo de compartir un chiste sobre el Gobierno.
La llamada “ley antimemes” no es una ley, sino un apodo utilizado para referirse a dos reformas distintas. Una modifica la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y el Código Penal Federal para combatir el uso fraudulento de símbolos e imágenes de instituciones públicas. La otra se refiere a los derechos de autor y a la responsabilidad de las plataformas digitales por los contenidos que difunden. Aunque son reformas separadas, ambas han despertado preocupación por sus posibles efectos sobre la crítica y el humor en las redes sociales.
La diferencia entre un fraude y una burla es fácil de entender. Si alguien crea una página falsa del SAT para cobrar impuestos y quedarse con el dinero, comete un engaño que debe perseguirse. Si alguien publica una caricatura del SAT para quejarse de los impuestos, expresa una opinión. Uno busca robar; el otro, criticar. La ley debe ser igualmente clara.
El Gobierno asegura que no pretende perseguir memes ni parodias. La oposición teme que las reformas sirvan para censurarlos. Entre esas dos versiones, el ciudadano necesita una certeza: que una broma sobre un funcionario no lo convierta en sospechoso ni le acarree castigos.
Hoy dicen que no hay de qué preocuparse, pero las leyes trascienden los sexenios y siguen vigentes cuando sus promotores ya se fueron. No basta con que alguien diga que una reforma no pretende censurar. Mañana, algún funcionario puede interpretar las mismas palabras a su conveniencia. La libertad necesita leyes claras, no promesas de buena voluntad.
Una plataforma que teme recibir una multa puede optar por eliminar primero y preguntar después. Para el ciudadano, recuperar su publicación semanas más tarde quizá sirva de poco: la noticia pasó y la discusión terminó. Una crítica borrada a tiempo puede favorecer tanto al poder como un silencio impuesto.
La crítica es una institución de la democracia. Sirve para señalar errores, exigir cuentas y recordarle al gobernante que su cargo no lo coloca por encima de los ciudadanos. El humor también cumple esa función: baja del pedestal a quien empieza a sentirse intocable.
Recordemos la metáfora del “rey desnudo”, que proviene del cuento de Hans Christian Andersen. “Unos estafadores convencen al emperador de que le han confeccionado un traje maravilloso, invisible para los tontos e incapaces. Por miedo a parecer incompetentes, todos fingen admirarlo, hasta que un niño dice lo evidente: ¡Pero si va desnudo el rey!”.
Poner oídos sordos a la opinión pública entraña un alto riesgo para el gobernante. Cuando los gobernados sienten que se desprecia su opinión, se ofenden, se molestan y se decepcionan. Si nadie escucha sus reclamos, recurren a la única defensa que les queda: los rumores, los chismes y los chistes. El descontento encuentra otras maneras de hacerse escuchar.
Desde luego, en internet hay fraudes y falsificaciones que causan daños reales. La inteligencia artificial facilita la fabricación de imágenes y voces para engañar. Eso debe combatirse. Pero una mentira destinada a robar y una exageración destinada a hacer reír no pueden recibir el mismo trato.
Si los legisladores quieren despejar sospechas, deben dejar expresamente protegidos el periodismo, la crítica ciudadana, la caricatura y la parodia. El ciudadano debe saber que puede cuestionar al poder sin miedo.
Los gobernantes administran las instituciones; no son dueños de la opinión pública. Aceptar un cargo supone aceptar preguntas incómodas, críticas y burlas.
La ley debe perseguir a quien suplanta al Gobierno para defraudar. La democracia debe proteger a quien lo caricaturiza para criticar. Porque las instituciones merecen respeto; los gobernantes tienen que ganárselo.
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