El Festival Internacional del Globo (FIG) es, sin duda, uno de los espectáculos que proyectan a León ante México y el mundo. Su capacidad para atraer visitantes, dinamizar hoteles, restaurantes y comercios merece reconocimiento. Sin embargo, ese éxito no debe convertirse en argumento para sustraerlo del escrutinio público. Cuando una actividad privada recibe recursos públicos y utiliza instalaciones municipales, la transparencia no es concesión: es obligación.
Para la edición 2026, el Ayuntamiento de León autorizó una aportación de ocho millones de pesos a la asociación civil Festival Internacional de Globos de León, destinada a gastos de montaje, audio, video y parte del programa de actividades. El convenio exige comprobar el destino del dinero. La pregunta es elemental: ¿con qué resultados medibles se justifica ese apoyo y qué beneficios concretos obtiene la ciudadanía a cambio?
La derrama económica anunciada por las autoridades es un indicador relevante, pero no constituye, por sí sola, una respuesta suficiente. Hay que conocer su metodología, distinguir ingresos brutos de beneficios netos y determinar cuánto permanece realmente en la economía local. Tampoco puede utilizarse esa cifra como salvoconducto para cualquier condición comercial. El desarrollo turístico debe beneficiar a la ciudad, no convertirla en rehén de un acontecimiento por importante que sea.
Existe otra interrogante que merece respuesta documental: ¿cuánto paga el organizador por ocupar el Parque Metropolitano y cuáles son las condiciones del convenio? En 2021, La Jornada reportó un contrato de renta por 7.55 millones de pesos y un adeudo señalado entonces por una regidora. En 2022, medios de comunicación informaron que la renta ascendía a ocho millones 376 mil pesos.
Esos antecedentes obligan a transparentar el contrato vigente, sus pagos y las obligaciones de ambas partes.
También deben conocerse los ingresos y gastos relacionados con estacionamientos, servicios extraordinarios, seguridad, limpieza, protección civil y demás necesidades operativas. ¿Qué cobra el Patronato del Parque? ¿Qué costos absorbe el Municipio? ¿Qué permisos regulan los estacionamientos externos y qué garantías tienen los usuarios? No se trata de presumir irregularidades sin pruebas, sino de solicitar información verificable sobre actividades que afectan el espacio público y el bolsillo de miles de familias.
La gratuidad anunciada para el viernes 13 de noviembre, con acceso durante toda la jornada y concierto de Los Ángeles Azules, representa una oportunidad para ampliar el disfrute popular. Pero también exige reglas claras: capacidad disponible, accesos, mecanismos de ingreso y comunicación oportuna. La experiencia de otros espectáculos demuestra que anunciar boletos gratuitos no garantiza acceso efectivo cuando los procedimientos son confusos, las plataformas fallan o los pases se agotan sin explicaciones suficientes.
León no necesita renunciar al FIG; necesita establecer condiciones transparentes para que su éxito sea compatible con el interés colectivo. Los festivales aerostáticos y los grandes conciertos existen en numerosos países, por lo que conviene estudiar modelos de financiamiento, acceso y colaboración pública sin idealizar experiencias ajenas ni suponer que todas funcionan igual. La derrama económica es bienvenida, pero no debe utilizarse para clausurar preguntas legítimas sobre contratos, costos y beneficios.
La obligación de rendir cuentas alcanza al Ayuntamiento, al Patronato y a la asociación organizadora.
Publicar convenios, comprobantes, permisos e informes de resultados permitiría evaluar con datos si el apoyo público está justificado. El cielo de León puede llenarse de globos y la ciudad recibir visitantes; lo que no debe quedar suspendido en el aire es el derecho ciudadano a saber cómo se administra su dinero. Un espectáculo internacional no está por encima del interés público.
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