Durante casi dos décadas nos acostumbramos a endeudarnos gratis. Las tasas de interés cercanas a cero permitieron a gobiernos, empresas y consumidores acumular obligaciones sin sentir su peso. Esa era quedó atrás.
La deuda global (la suma de las de gobiernos, empresas y familias) alcanzó 365 billones de dólares en el primer semestre de este año, 311% del PIB mundial. El costo de financiarla va al alza. El FMI calcula que la deuda global emitida por gobierno alcanzó casi 94% del PIB en 2025 y los intereses anuales sobre ésta cuestan casi 3% del PIB mundial.
Ahora aparece otro voraz competidor que también busca ese ahorro. La carrera por inteligencia artificial requiere cantidades colosales de capital. Centros de datos, semiconductores, generación eléctrica, redes de transmisión y la infraestructura que alimentará esta revolución tecnológica tienen que financiarse. El IIF estima que este año se emitirán 541 mil millones de dólares de bonos corporativos, seis veces más que hace tres años. Gobiernos e hiperescaladoras están tocando a la misma puerta. Pero el ahorro no es infinito. Cuando aumenta brutalmente la demanda por capital, su precio sube. Ese precio es la tasa de interés. El boom de inversión en IA promete aumentos de productividad que nos urgen, pero mientras llega esa cosecha hay que financiar la siembra.
Irónicamente, en los últimos años sólo la inflación ha reducido el peso de la deuda. En 2021, después de la pandemia, la deuda mundial alcanzó 337% del PIB. Para finales de 2023 había caído 27 puntos. No ocurrió por repentina austeridad gubernamental, sino porque la inflación “licuó” parte de la deuda. Imaginemos un país que debe 100 y produce 100, su deuda equivale a 100% del PIB. Si los precios suben 25%, el PIB nominal pasa de 100 a 125, pero la deuda sigue siendo 100. Ahora la relación deuda/PIB es sólo 80%. Nadie pagó lo que debe; la inflación lo encogió en términos reales. Eso ayuda al deudor –el gobierno– pero el acreedor recuperará dólares con menos poder adquisitivo.
No hay almuerzo gratis. La inflación que licuó deuda dejó tasas de interés mucho más altas. En las economías desarrolladas, el costo gubernamental de intereses aumentó 1.5 puntos del PIB entre finales de 2021 y agosto pasado (1.6 en Estados Unidos). Y además dejó una enorme factura política. Para millones de familias, la inflación significa que la renta y la comida me cuesten más. De ahí viene la crisis de affordability que atormenta a democracias de Occidente. El riesgo es que produzca respuestas políticas que me agraven la enfermedad.
Cuando se encarece la vivienda, por ejemplo, congelar rentas es políticamente tentador. En San Francisco el control de rentas benefició a los inquilinos protegidos, pero los propietarios redujeron 15% la oferta de vivienda disponible para alquiler. Las rentas de la ciudad subieron para el resto. En muchas ciudades caras se construye demasiado poco y las medidas de los gobiernos populistas inhiben la inversión en inmuebles al congelar rentas, como en Nueva York, o incluso protegiendo la invasión ilegal de inmuebles, como en Madrid.
Lo mismo ocurre con subsidios o controles de precios. Todos prometen protección inmediata, pero su costo aparece después y afecta a millones. Nos endeudamos para posponer decisiones difíciles y la inflación le reduce el peso real al deudor, pero empobrece al consumidor y provoca tasas más altas. El malestar generado por la pérdida de poder adquisitivo inspira propuestas populistas que prometen proteger al consumidor con más intervención, proteccionismo o gasto. Éstas reducen inversión, oferta y crecimiento, justo lo que necesitamos para reducir la razón deuda/PIB al fomentar productividad y crecimiento.
Requerimos cantidades extraordinarias de capital para financiar IA, defensa, energía, descarbonización y pensiones. Los gobiernos se quedaron sin margen fiscal para absorber shocks. Durante años compramos estabilidad política con dinero barato. Después recurrimos a inflación para reducir parte de la factura. Hoy es evidente que esa solución tenía un costo.
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