“Del dicho al hecho hay un gran trecho” Miguel de Cervantes
Para quien espera una cirugía de cadera, cada día significa más dolor. Para una mujer que busca su tratamiento contra el cáncer, una receta incompleta significa miedo. Para una familia trabajadora, pagar medicamentos que debería proveer el IMSS implica quitar dinero de la comida, del transporte o de la escuela. Desde esa realidad debemos juzgar el nuevo plan gubernamental: no por sus aplausos, sino por el sufrimiento que logre evitar.
El gobierno de la cuarta “transtornación” (sic.) anuncia doce acciones en ciento veinte días, con 11 mil 745 millones de pesos. Ofrece mejoras salariales, basificaciones, especialistas, equipamiento y cirugías adicionales. Son necesidades reales. Pero presentar medidas operativas como solución estructural confunde el alivio momentáneo con la recuperación del enfermo. El plan puede resolver casos individuales; no tiene los elementos para transformar las condiciones que siguen produciendo el rezago.
Conviene decirlo sin regateos: mejorar los ingresos del personal y dar estabilidad a quienes trabajan con contratos eventuales es justo. Los trabajadores no son culpables de la crisis. También padecen hospitales saturados, insumos insuficientes y jornadas agotadoras. Sin embargo, basificar a quienes ya cubren guardias no equivale a incorporar nuevas manos. La justicia laboral es indispensable, pero no sustituye una política de contratación, formación y permanencia.
La primera debilidad está en el dinero. Según nuestro análisis, salarios y basificaciones concentran alrededor del 71% del monto anunciado. Son obligaciones que continuarán cuando terminen los ciento veinte días. El gobierno propone financiarlas mediante ahorros; debe demostrar cuáles son permanentes y dónde quedará respaldado ese gasto en los siguientes presupuestos. No se puede sostener una responsabilidad duradera con una explicación financiera provisional.
La segunda debilidad es confundir inventario con atención. Una cama necesita enfermería; un tomógrafo requiere técnicos, mantenimiento y especialistas que interpreten sus imágenes. Un quirófano necesita equipos completos, medicamentos y recuperación posoperatoria. Ampliar horarios sin asegurar esas condiciones puede trasladar la presión a trabajadores exhaustos. La meta no debe ser ocupar más turnos, sino operar oportunamente y con seguridad a quienes llevan meses esperando.
El problema de fondo también está en el monopsonio: la concentración del poder de compra en el Estado. Comprar juntos puede conseguir mejores precios. Pero concentrar decisiones sin planeación, pagos oportunos, competencia entre proveedores y vigilancia convierte una ventaja potencial en un cuello de botella. Cuando falla la compra centralizada, el faltante se multiplica; cuando falla la distribución, el ahorro anunciado nunca llega al paciente
México no necesita escoger entre un Estado comprador fuerte y la colaboración con otros prestadores. Necesita un Estado capaz de comprar bien, exigir calidad y garantizar atención. El propio análisis identifica como fuente de ahorro la eliminación de subrogaciones. Retirarlas antes de disponer de capacidad pública suficiente puede significar más espera o más gasto familiar. La prioridad debe ser resolver la necesidad clínica, no defender una exclusividad institucional.
Eso no significa privatizar el derecho a la salud. Significa que el IMSS conserve su responsabilidad y utilice, con transparencia, capacidad complementaria cuando su propia red no alcance. El paciente no debería financiar esa insuficiencia. Si una cirugía no puede realizarse oportunamente, debe existir una alternativa cubierta por la institución, con criterios clínicos, tarifas verificables y supervisión. El dinero público debe seguir la necesidad del enfermo, no la comodidad administrativa.
Tampoco basta reforzar una plataforma para reportar recetas incompletas. Registrar el problema ayuda, pero no fabrica medicamentos ni los transporta al hospital. Hace falta conocer existencias, anticipar consumos, vigilar entregas y actuar frente al incumplimiento. Un indicador favorable pierde sentido si la persona sale de la farmacia sin su tratamiento. El éxito debe medirse desde el mostrador y desde la casa, no únicamente desde la oficina.
Por eso exigimos listas de espera verificables, metas por hospital, responsables identificados y resultados públicos. Debemos saber cuántos pacientes esperan, cuánto tiempo llevan esperando y cuántos reciben su tratamiento completo. También hace falta una ruta multianual de financiamiento, personal y prevención. Sin ella, cada jornada extraordinaria corre el riesgo de desahogar una fila que volverá a formarse. Doce acciones aisladas no sustituyen un sistema que funcione.
Como médico y legislador, quiero que al IMSS le vaya bien porque quiero que sus pacientes vivan mejor. Precisamente por eso no debemos aceptar que una promesa sustituya una garantía. No cuestionamos el derecho del trabajador a ganar mejor ni la esperanza del derechohabiente. Cuestionamos un diseño que anuncia soluciones sin corregir sus causas. La salud no puede esperar ciento veinte días para descubrir que, otra vez, faltaba lo esencial.
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