Del desarrollo social al cálculo electoral
Al paso de 35 años en el poder en Guanajuato, los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) terminaron convirtiéndose en lo que tanto criticaron.
Utilizar los recursos públicos, a través de apoyos a las clases más necesitadas, para generar simpatías políticas y obtener votos para mantenerse en el poder. Igualito como lo hicieron durante siete décadas los gobiernos del PRI.
Que un gobierno genere políticas públicas para apoyar a la gente más pobre no es cuestionable. Para eso están los gobiernos. Mucho más los encabezados por el PAN, que presumen de practicar un “humanismo” y compromiso social.
Desde los fundadores del PAN, en 1939, como Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna, impulsaron el humanismo político. Un concepto que pone por encima la dignidad de las personas y la igualdad social.
Lo criticable ahora es que, detrás de esas políticas humanistas, escondan objetivos meramente asistencialistas, con fines electorales.
Peor aún, que utilicen los recursos públicos, generados por los impuestos que pagan los propios ciudadanos guanajuatenses, para motivar agradecimientos políticos hacia el panismo.
Es lo que está pasando con los recursos del extinto Fidesseg. Un fideicomiso creado en 2019 para financiar obras, acciones de desarrollo social y de seguridad pública, con recursos provenientes del Impuesto Sobre la Nómina, que pagan los empresarios de Guanajuato.
Este impuesto fue creado a iniciativa de los propios empresarios, con el objetivo de enfocar los recursos a organizaciones de la sociedad civil enfocadas en el desarrollo social y la seguridad. Así ocurrió hasta 2024.
Con la llegada del gobierno de Libia García Muñoz Ledo se extinguió el Fidesseg. Los recursos del impuesto, que sigue cobrando el Estado, se canalizan al programa “Tocando Corazones”, que ejecuta la Secretaría del Nuevo Comienzo, a cargo de Rosario Corona Amador, bajo el compromiso de financiar apoyos a sectores vulnerables de la población.
Pero la asignación del dinero, vía “Tocando Corazones”, a organizaciones y fundaciones (algunas operadas por panistas) para que compren despensas, tinacos, calentadores solares, kits de limpieza, uniformes y hasta mochilas, quedó expuesta esta semana en las páginas de este periódico.
También las explicaciones, o justificaciones, de los funcionarios gubernamentales, muchos de ellos militantes panistas, como la propia Rosario Corona, quien se ha resistido a conceder una entrevista para este diario.
Esta funcionaria fue secretaria general del PAN estatal, cargo al que renunció hace tres años para sumarse al Gobierno del Estado, entonces encabezado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. O sea, pasó del partido a la estructura del gobierno.
La gobernadora Libia García Muñoz Ledo defendió las bondades del programa “Tocando Corazones”. Pidió no juzgarlos en blanco y negro, pues cada apoyo se entrega a organizaciones que presentaron y justificaron la información, incluso si los recursos fueran utilizados para despensas o apoyos alimentarios.
Más aún, destacó que existen comités que revisan y evalúan la información, los alcances y el impacto social de cada proyecto. La mandataria minimizó que militantes o simpatizantes de su partido, el PAN, estuvieran gestionando proyectos y solicitando recursos del programa gubernamental.
No obstante, la gobernadora anunció esta semana que el programa modificará las reglas de operación para el próximo año, pues en convocatorias pasadas se recibían peticiones solo hasta que se agotaran los recursos disponibles.
Que ahora se recibirán propuestas de todas las organizaciones de la sociedad civil, pero que se priorizará el financiamiento de aquellos proyectos que acrediten mayor impacto social.
García Muñoz Ledo reconoció que los cambios responden a las peticiones de las propias fundaciones y asociaciones civiles.
Pero Jorge Arturo Sánchez Castellanos, exdirigente empresarial, exregidor y síndico del Ayuntamiento de León, tiene otra opinión sobre el tufo partidista que desprende ahora el uso de los recursos del Fidesseg.
“Es inaceptable y ofensivo el uso electoral que el Gobierno del Estado pretende darle al dinero que se reparte a través de este programa”, expresó.
Lapidario, como es en sus comentarios y críticas, lamenta que el Estado se levante el cuello sin mencionar que los recursos provienen de los impuestos de la sociedad y las empresas.
Sánchez Castellanos recuerda que los recursos del fideicomiso nunca se enfocaron en andar regalando despensas ni calentadores con el fin de buscar una rentabilidad electoral para alguien. Por el contrario, se canalizaron para construir escuelas, centros comunitarios y, sobre todo, para apoyar a gente en situación vulnerable.
“Le quitaron el dinero a los empresarios y a la sociedad para entregarlo a la Secretaría del Nuevo Comienzo, que parece pretende aceitar la estructura electoral panista”, expuso.
También lamenta que algunos organismos y fundaciones se presten al juego gubernamental para sumarse al reparto de despensas, calentadores y mochilas en la víspera del año electoral de 2027.
Así las cosas, los gobiernos emanados del PAN, sobre todo en algunas presidencias municipales, parecen alejarse de los principios fundacionales del partido.
De las batallas que dieron cuando eran oposición, cuando buscaban sumar los esfuerzos de los organismos de la sociedad y de los empresarios en sus acciones de gobierno para beneficiar a la gente.
Del humanismo político que los distinguía del PRI y, ahora, de los gobiernos de Morena.
Por si fuera poco, las ansias electorales de ahora exhiben un divorcio no escrito, pero palpable, de sus gobiernos con las organizaciones de la sociedad civil y empresarial.
El PAN se olvidó del espíritu que los movió en los años noventa, cuando comenzaron a ganar alcaldías. Como la del ingeniero Carlos Medina Plascencia, en León, cuando le ganó al PRI en las votaciones del convulso año político de 1988.
En gobiernos municipales que impulsaron la subsidiaridad. Con una sociedad más fuerte, que no dependiera del gobierno. En donde la autoridad solo estaría para apoyar cuando fuera requerida, pero nunca sustituyendo a los organismos intermedios.
Cuando pregonaban: “Tanta sociedad como sea posible, y tanto gobierno como sea necesario”. Allá ellos.
El puente de la discordia
Un predio de 166 metros, que forma parte del estacionamiento de un hotel, pero que es operado por el fideicomiso de un banco de Alemania, impidió que el gobierno de Alejandra Gutiérrez Campos cumpliera con los requisitos que estableció el Gobierno del Estado para construir un puente sobre el bulevar Aeropuerto.
Una carta de intención de compra de dicho predio, que llegó de última hora al equipo de la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, tampoco fue suficiente para que se autorizaran los recursos de un crédito para esta obra.
Más complicado resultó que el terreno estuviera rentado a los dueños del hotel. Ni cómo ayudarlos, dijeron desde el Estado.
En resumen: no se construirá el puente de la “Discordia”, al menos durante este año. El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, prometió que el próximo año el Estado aportaría el 50 % de los 434.8 millones de pesos, según el costo inicial de la obra.
Hay que reconocer que, al menos durante dos semanas, el gobierno municipal estiró la liga lo más que pudo. Marcó una narrativa que pasó de la victimización, la falta de voluntad política y de flexibilidad en las fechas establecidas sobre este proyecto vial, a la acción.
Eso sí, ninguno de los funcionarios de Gutiérrez Campos, ni de sus aplaudidores, reconoció las fallas e incumplimientos técnicos y jurídicos. Peor aún: las verdades a medias fueron apareciendo estas semanas.
Tampoco se supo que algún funcionario municipal asumiera su responsabilidad por la pérdida de estos recursos y de este puente.
¿Hubo alguna renuncia? ¿O se despidió a alguien en la Presidencia Municipal? Claro que no. Puros lamentos.
Como en el futbol, ya en los tiempos extras, fueron convidados los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).
Los primeros 90 minutos fueron con la alcaldesa y su equipo. El segundo tiempo fue con la gobernadora y sus colaboradores involucrados.
Los empresarios tienen copia del partido completo. Tienen las dos versiones y una mejor opinión sobre qué fue lo que pasó. Mejor dicho, quiénes fallaron o incumplieron en este puente tan necesario para las miles de personas y automovilistas que cruzan a diario el bulevar.
Lejos de buscar culpables por la caída del puente, los empresarios piden darle la vuelta a esta página. Enfocarse ahora en buscar los recursos para construir dicho puente.
“Tenemos que voltear hacia el futuro… ver cuáles son las fuentes de financiamiento para que se pueda llevar a cabo”, declaró Mauricio Battaglia Velázquez.
En la cúpula del CCEL destacan las necesidades y la urgencia de construir no solo el puente, sino varias obras de infraestructura en la región, pues no es solo León, sino la Zona Metropolitana de León.
Describen tres temas fundamentales que impactan en la población y en la actividad industrial: las horas que pierden las personas para trasladarse a sus centros de trabajo o estudios y el impacto que esto genera en la productividad de las empresas.
También la necesidad de impulsar la inversión pública en la industria de la construcción como motor de crecimiento de la zona metropolitana.
En los discursos políticos, tanto la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos como la gobernadora Libia García Muñoz Ledo coinciden en la necesidad de que se construya el puente. Falta ver que sus equipos jurídicos y financieros también coincidan; si habrá dinero para concretarlo.
Habrá que estar atentos a que, ahora sí, en el 2027 se pongan de acuerdo los gobiernos del Estado y del Municipio.
Ahí está el planteamiento de los empresarios locales. Los usuarios, automovilistas y la población lo necesitan.
Negocio redondo
A todas luces algo ocurre en Guanajuato capital con el exitoso Festival del Día de Muertos, que este año celebra su octava edición. El evento es promovido por el Gobierno de la presidenta Samantha Smith, pero hasta ahora no queda claro de quién es el negocio.
Ella se niega a dar explicaciones sobre la organización de este festival, que este año es operado por la empresa Custom Bajío, a cargo de Alma Barbosa, exdirectora de Concamin.
Sin embargo, hasta el día de hoy ni la empresa ni el gobierno municipal de Guanajuato han querido explicar la figura jurídica a través de la cual se realiza este festival y, sobre todo, quién recibe las ganancias.
Lo único cierto hasta ahorita es, por un lado, la inconformidad de comerciantes que hablan de cobros de hasta 6 mil pesos por el espacio a cambio de mobiliario; aunque, en algunos casos, tampoco recibieron ese mobiliario, entonces lo que se les cobró es el uso del espacio que es vía pública y nada menos que la Subterránea.
Ya desde el año pasado se sabía que este festival estaba en manos de una empresa particular. Comerciantes denunciaron que les pidieron depositar a una empresa que, por cierto, nada tenía que ver con la organización de eventos. Las autoridades tampoco pudieron explicar por qué operaba bajo este esquema.
Ya son ocho ediciones de este festival que, sin duda, cada año es exitoso, pero que opera bajo un esquema poco transparente. ¿Hay funcionarios beneficiándose con las ganancias de este festival? Es pregunta.
Por lo pronto, uno de los más entusiasmados con el éxito de este festival es el esposo de la alcaldesa, el exalcalde y recién nombrado presidente del DIF, Alejandro Navarro.
“¡Quién diría que aquella idea que echamos a andar en 2018 llegaría tan lejos!”, presumió en sus redes sociales refiriéndose a este festival, y hasta publicó fotografías comprando pizzas para llevar al personal de limpia, mantenimiento, PC, Tránsito y Seguridad que dispuso el Gobierno Municipal para este festival.
Acompáñanos en un recorrido por la historia de León. Recibe en tu correo relatos sobre personajes, barrios, tradiciones y momentos clave, que celebran la identidad leonesa, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad.
