Salamanca.- La extorsión llegó dentro de una caja de cartón. Dos hombres que viajaban en una motocicleta la dejaron en un domicilio de la zona centro y se marcharon. En el interior había jeringas y un mensaje que exigía a la víctima comunicarse a un número telefónico, bajo amenazas contra su familia.
El escrito, firmado con las siglas de un grupo delictivo, fue localizado el 2 de julio de 2026. Sin embargo, la intimidación no terminó ahí.
Al día siguiente, el 3 de julio, la víctima encontró un segundo manuscrito en el piso de su vivienda, con una advertencia similar. Esto la llevó a comunicarse con los presuntos extorsionadores mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto.
Durante esas conversaciones, los hombres le exigieron una cantidad de dinero, aseguraron que mantenían vigilados a sus familiares y le advirtieron que no informara a las autoridades.
Ante las amenazas, la víctima acordó entregar el dinero dentro de una bolsa de plástico.
Más tarde, ese mismo 3 de julio, los presuntos responsables llegaron al lugar acordado a bordo de una motocicleta. El copiloto descendió para apoderarse de la bolsa con el efectivo, mientras el conductor permaneció atento al entorno.
De acuerdo con un comunicado emitido este miércoles 22 de julio, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) intervinieron e interceptaron a los dos hombres identificados como Alejandro, quien conducía la motocicleta, y Sergio Adrián, quien viajaba como copiloto. A este último le fue asegurada la bolsa de plástico con el dinero.
Tras la detención, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por una agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional B.
La Fiscalía informó que, durante la audiencia de control, la detención fue calificada como legal y un juez resolvió vincular a proceso penal a Alejandro y Sergio Adrián por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada.
Como medida cautelar, los dos imputados permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal.
Cabe señalar que, de enero a junio de 2026, Salamanca registró 119 víctimas de extorsión, de acuerdo con la base municipal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizada hasta junio.
El desglose mensual fue de 23 víctimas en enero, 19 en febrero, 14 en marzo, 24 en abril, 26 en mayo y 13 en junio.
Del total acumulado, 112 víctimas fueron clasificadas en el subtipo de extorsión por otros medios y siete en tentativa de extorsión por otros medios. Ambas categorías forman parte del tipo de delito denominado Extorsión dentro de la base del SESNSP.
Extorsiones ponen en riesgo inversiones
La inseguridad en Salamanca alcanzó niveles críticos que afectan directamente la economía local, advirtió Francisco Javier González Mijes, vicepresidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio.
Al cierre del primer semestre de 2026, González Mijes reportó un aumento de extorsiones, cierres definitivos de establecimientos y desapariciones. Señaló que había 27 personas desaparecidas en el año y sostuvo que este entorno obliga a familias y empresarios a buscar oportunidades fuera de Salamanca, del estado o del país.
Para la Fenaco, la inseguridad expulsa inversiones y exige revisar la estrategia municipal de seguridad. Aunque existen denuncias anónimas y coordinación entre autoridades, González Mijes consideró insuficientes las medidas aplicadas y cuestionó que no se detecten oportunamente los mecanismos utilizados por grupos delictivos contra comercios y empresarios locales del municipio.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que durante 2026 se registraron cerca de cuatro ataques armados contra fachadas de negocios. El caso más reciente ocurrió en un establecimiento de telefonía.
La corporación aclaró que no todos los reportes corresponden jurídicamente a extorsión y que cada hecho permanece bajo investigación.
Ante el incremento de estos delitos, la Policía de Salamanca reforzó capacitaciones antiextorsión con empresarios, autoridades estatales, federales y municipales.
Juan Pablo Ramírez Talavera afirmó que esas acciones permitieron impedir depósitos y atender secuestros virtuales. También pidió proteger datos personales en redes sociales y denunciar para facilitar la intervención institucional.
JB
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