La barbarie que arrebató la vida de Noelia exhibe al Estado con muchos frentes, pocos resultados y una paz que sigue siendo promesa incumplida.
Noelia tenía tan solo 4 años de edad cuando sicarios mataron a su madre y a dos personas más en Oaxaca el lunes 10 de noviembre. Tras la ejecución -cuyo motivo se desconoce- la niña fue secuestrada por los asesinos, y un día después, el 11, su cuerpecito fue encontrado sin vida en Juchitán.
Mientras tanto, en Chilpancingo fue ejecutado ayer Luis Rueda Maldonado, un alto funcionario municipal, en plena vía pública y a la luz del día.
Adicionalmente, el martes en el Santuario de Zamora se realizó una misa por la paz y la justicia con nutrida asistencia (calculan más de 6 mil personas), pidiendo a la iglesia que cese la violencia y el derramamiento de sangre en Michoacán. Y, por supuesto, en todo México.
Les confesamos, amigos lectores, que nos pareció particularmente estrujante el asesinato de Noelia, de 4 años, y de su madre, de apenas 21. Nos resulta incomprensible que exista en seres humanos tanta maldad como para cometer este tipo de crimen.
Una cosa -aunque suene duro- es liarse a balazos entre adultos miembros de pandillas rivales, y otra muy distinta es llevarse a una inocente criatura de tan solo 4 años y ultimarla así nomás, a sangre fría; solo gente desalmada y barbárica sería capaz de semejante afrenta a Dios.
Noelia era una niña inocente, indefensa, que no representaba peligro alguno para nadie y su cobarde asesinato constituye una demostración más de lo que son capaces los “generadores de violencia” que han trastocado la paz social en muchas zonas del País.
La indignación en Michoacán no se calma ante el asesinato del Alcalde de Uruapan, así como por las circunstancias relacionadas con las personas que lo resguardaban, el asesinato del asesino (a la Jack Ruby con Lee Harvey Oswald en el caso de JFK, en noviembre del 63) deja un mal sabor de boca generalizado, al tiempo que da contexto a los esfuerzos gubernamentales por implementar un Plan Michoacán que, a juzgar por los hechos, debería extenderse a Guerrero, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y…
¿Dónde principia y dónde termina un plan de paz local, cuando una gran parte del País está en llamas? Reconocemos que es mejor intentar hacer algo que quedarse cruzados de brazos repartiendo “abrazos, no balazos” como el antecesor de la Presidenta, sin embargo, el esfuerzo debe ser proporcional al problema que intenta solucionar.
Vemos a nuestras Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Guardia Nacional) muy diluidas, haciendo tareas que no les corresponden. ¿Con qué personal y presupuesto van a construir trenes de pasajeros, o manejar y administrar una aerolínea o las aduanas?, dicho sea de paso, tarea en la cual la Marina se ha distinguido… pero por lo mal que lo ha hecho.
No olvidemos que además administran los aeropuertos, es más, en este mismo momento están en proceso de apoderarse del Aeropuerto de Toluca. Adicional a lo anterior, combaten -aunque se nieguen a emplear el término- a los elementos en pugna del Cártel de Sinaloa y capturan capos del CJNG. Pensamos que nuestros militares cuidan simultáneamente demasiados sartenes en la lumbre y que algunos se les están quemando.
Viendo el Presupuesto 2026, es mucho dinero el que tienen asignado, pero muy poco de este se aplica a la pacificación de los Estados incendiados. Los resultados hablan por sí solos. Y no hablamos de los repugnantes crímenes que cometen los delincuentes, sino de la impunidad que les permite apoderarse de ciudades y pueblos.
Reconocemos que esta Administración ha hecho más que lo que realizó la anterior en sus seis nocivos años, pero falta mucho por hacer, como lo afirmó el Secretario Harfuch ante los Diputados. La duda es: ¿con quién y con qué podrán extender la pacificación de las otras zonas del País en las que campea la violencia?
Podrían comenzar reconociendo que sí hay guerra contra los cárteles, igual, o casi igual -excepto por la militarización total-, que la que emprendieron Calderón y Peña Nieto, y que eso significa cumplir y hacer cumplir las leyes. Mientras la norma sea la impunidad, ese juramento no estará cumplido.
Le quedan debiendo -y mucho- nuestras autoridades de los tres niveles de Gobierno a Noelia, a Manzo y a todas las víctimas recientes y pasadas sacrificadas por la violencia demencial de los narcoterroristas.
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