Guanajuato capital.- El diálogo entre la autoridad municipal y los empresarios del transporte público, que ganaron un amparo contra el Gobierno de Guanajuato capital, podría ser la alternativa más “sensata” para solucionar de raíz la crisis del sector y garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía.

El secretario del Ayuntamiento capitalino, Daniel Chowell Arenas, coincidió con la postura del regidor de oposición, Víctor Hugo Larios Ulloa, al advertir que en este conflicto legal el único afectado real es el usuario. De no alcanzarse un acuerdo negociado, advirtió, el litigio podría prolongarse por meses o incluso años, manteniendo el servicio en condiciones deficientes.

“Más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Un pleito jurídico puede durar años y los mismos camiones van a durar dando un mal servicio. Vamos ajustando a los señores empresarios para ver de qué manera pueden seguir brindando su servicio, pero con unidades que sean razonables. Que retiren los asuntos jurídicos porque podemos llegar al 2030 y seguir en juicio”, dijo Chowell.

Chowell Arenas recordó que en materia de concesiones, el transporte público arrastra el mismo rezago desde el año 2000, cuando se entregó a los municipios la responsabilidad de renovar las concesiones y el tema no fue atendido debidamente.

El conflicto actual detonó cuando la presente administración lanzó un proceso de convocatoria para regularizar las rutas, ante lo cual los transportistas interpusieron un juicio de amparo que suspendió dicho proceso. El 10 de julio una jueza federal les concedió el amparo en contra del Municipio.

Critica resolución de jueza

Daniel Chowell cuestionó el criterio de la jueza de Distrito que otorgó el amparo a los empresarios, argumentando que la resolución parte de una premisa jurídica errónea. Según detalló, la juzgadora determinó que el Municipio violó los derechos de los transportistas al no revocarles formalmente sus concesiones antes de lanzar la nueva convocatoria.

“Ahí es donde la juez tiene la confusión, porque realmente ya no había concesiones. Se les renovaban permisos, pero concesión como tal no tienen. Estamos en el mismo punto que antes de la convocatoria y antes de la presente administración”, expresó el funcionario.

Asimismo, criticó el desconocimiento del proceso local por parte de la juzgadora, atribuyéndolo a las dinámicas de la reciente carrera judicial. Dijo que ese desconocimiento lleva a un vacío legal. Al basar el fallo en concesiones inexistentes, entonces la resolución deja el estatus del transporte “en el limbo”, jurídicamente hablando.

“¿Cómo te quito una concesión que jurídicamente no tienes? La jueza no entiende el proceso, es de las nuevas juezas que salieron con la nueva carrera judicial. Señala que no se revocaron las concesiones; no te puedo revocar lo que no existe”, concluyó.

Regidor opositor no le sorprende resolución

Por su parte, Víctor Hugo Larios apuntó que ya se esperaba tal resolución, pues dijo que desde el inicio del litigio se habló de que “nos guste o no, los concesionarios necesitaban certeza jurídica” y justo en ese sentido fue el fallo del amparo.

“Si no se lleva a cabo la revocación de esas concesiones que otorgó Gobierno del Estado, no podemos dar el paso a que el Gobierno Municipal haga lo que se le dé la gana. Veo con mucha preocupación que pasan los años y, aunque es una misma familia la que lleva el control de la administración pública en Guanajuato, pues no han ni siquiera aprendido dos que tres cuestiones jurídicas para realizar lo que ellos quieren, porque al final creo, o me da la impresión, de que no escuchan ni atienden a su propio equipo”, expresó.

Incluso calificó como “un show muy mal realizado” lo que está sucediendo en torno al servicio de transporte público. Apuntó que nadie está saliendo beneficiado y el único perjudicado es el pueblo de Guanajuato, que sigue en la incertidumbre.

“Las rutas siguen sin mejorar, se gastó una millonada en un plan de movilidad que tampoco nos ha servido para nada”.

Finalmente, comentó que, por más que alguien diga tener la razón en estos temas, siempre se debe privilegiar el diálogo y que, si nunca lo hay, “obviamente el conflicto escala y es lo que estamos viendo”.

Denuncian opacidad y presunta ‘venganza política’ tras retiro de camiones en Guanajuato capital

El 21 de junio se publicó que entre acusaciones de opacidad y una presunta “venganza política”, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato (OCG) y regidoras de oposición denunciaron irregularidades en el retiro de camiones urbanos y la entrega de permisos a la empresa foránea TEB.

El periódico AM intentó obtener la postura de Alejandro Barbarino Sosa, director de Tránsito y Movilidad, para contrastar las acusaciones de opacidad en el transporte. Sin embargo, la dependencia evadió la entrevista mediante constantes cambios de horarios (tanto para entrevista presencial como telefónica) argumentando temas de agenda.

De acuerdo con los señalamientos, el gobierno de la alcaldesa Samantha Smith ha caído en contradicciones legales al otorgar permisos eventuales sin la declaratoria de necesidad requerida por la ley, afectando el servicio con unidades de desecho y choferes foráneos.

Por ello calificaron de “sospechosa” la manera en la que han sacado de circulación varias unidades del transporte público en Guanajuato capital, ya que tampoco se ha informado el tipo de permiso y bajo qué criterios se otorgó, justamente, a la empresa Transporte Empresarial del Bajío (TEB) que está bajo investigación por la renta de camionetas patrulla al gobierno de Irapuato.

Lo anterior lo expresaron durante la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato (OCG), en donde María Fernanda Arellano Caudillo, regidora por Morena en el Ayuntamiento capitalino, resaltó la falta de transparencia e incluso dijo considerar que esto parece más “una venganza política” en contra de los prestadores de servicio.

Arellano señaló que la Dirección de Movilidad justifica la entrada de TEB, empresa investigada en Irapuato por la renta de patrullas, bajo supuestos “permisos eventuales”; sin embargo, afirmó que no se ha emitido una declaratoria de necesidad.

“Hay la incógnita de por qué esta empresa que viene de fuera, que no conoce la ciudad, que no trae transportistas de aquí si se le están dando los permisos, bajo qué criterio. Quedan muchas incógnitas en el tema”, indicó Arellano.

Asimismo, apuntó que el tema de las concesiones del transporte público arrastra más de 26 años de irregularidad jurídica, operando con concesiones vencidas desde hace una década debido a presuntos pactos informales de cuotas entre gobiernos anteriores y los transportistas. Un amparo interpuesto por los prestadores del servicio mantiene actualmente frenada la convocatoria formal para nuevas concesiones.

“Desde hace más de 26 años, gobiernos panistas y priistas, que no se emite una convocatoria por que había un acuerdo entre quien encabezaba la administración con los concesionarios de, ‘dejame operar te paso tu cuota y todos felices y contentos’”, comentó.

Finalmente, la regidora acusó a la alcaldesa, Samantha Smith Gutiérrez, de mentir al asegurar que las unidades que recién comenzaron a prestar el servicio eran nuevas, pero después se vio obligada a cambiar la versión, pues Arellano afirmó que se trata de camiones de desecho de otras empresas que no son aptos para la topografía de Guanajuato y que operan con choferes foráneos que desconocen las rutas, afectando la calidad del servicio.

HLL