Celaya.- El dinero destinado a la obra pública podría dejar de beneficiar a una parte importante de la economía local si el Municipio concentra la ejecución de proyectos en una nueva empresa constructora propia, advirtió la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Guanajuato.
La organización empresarial señaló que detrás de cada obra existe una cadena de trabajadores y empresas que reciben ingresos por la compra de materiales, transporte, renta y operación de maquinaria, servicios profesionales y otros trabajos especializados.
Por ello, la CMIC consideró que la propuesta de crear la Constructora de la Esperanza no debe evaluarse únicamente a partir de cuánto le costaría al Gobierno realizar directamente una obra, sino considerando qué ocurriría con el empleo y los recursos que actualmente se distribuyen entre las empresas del sector.
“Consideramos necesario que esta propuesta sea analizada de manera integral, tomando en cuenta no solamente el costo directo de ejecutar una obra, sino también el impacto que genera en el empleo, las empresas, los proveedores, la economía local y las finanzas públicas”, expusieron en un comunicado.
La Cámara reconoció que el Municipio tiene la obligación de atender las necesidades de infraestructura y que puede buscar alternativas para eficientar el gasto; no obstante, planteó que esto no significa que toda la obra pública deba quedar en manos de la administración municipal.
Una obra mueve más que el contrato
La CMIC explicó que una construcción genera actividad económica para distintos sectores, desde trabajadores y proveedores de materiales hasta transportistas, operadores de maquinaria, ingenieros, arquitectos, laboratorios y supervisores.
Además, las empresas formalmente establecidas realizan aportaciones mediante impuestos, cuotas y obligaciones laborales, por lo que, de acuerdo con el organismo, su participación también tiene un efecto positivo en las finanzas públicas.
“Desde CMIC defendemos la importancia de que la inversión pública tenga un efecto multiplicador en la economía de los municipios, el Estado y la Federación. Cuando se realiza una obra con la participación de empresas locales, no solamente se construye infraestructura: se genera empleo, se fortalecen empresas, se crean oportunidades y se mantiene activa la economía”, señaló la cámara.
Bajo este argumento, la organización pidió que antes de definir el funcionamiento de la Constructora de la Esperanza se analice cuánto dinero permanecería en Celaya y cuánto dejaría de circular entre proveedores y empresas locales si disminuye su participación en los proyectos municipales.
El Municipio tendría que absorber costos
Otro de los puntos cuestionados por la CMIC es la idea de que realizar las obras con personal y recursos propios resulte necesariamente más económico.
La organización empresarial señaló que una estructura dedicada a la construcción también requiere pagar salarios, prestaciones, seguridad social, capacitación, combustible, mantenimiento de maquinaria, materiales, supervisión y gastos administrativos.
A esto se suman los estudios previos requeridos en determinados proyectos, tales como topografía, mecánica de suelos, ingeniería estructural, elaboración de proyectos ejecutivos y pruebas de laboratorio.
Por ello, consideró que comparar únicamente el precio final de una obra podría dejar fuera otros costos operacionales y consecuencias del modelo de ejecución. En ese sentido, planteó que también deben evaluarse la calidad, la capacidad técnica, el mantenimiento, la transparencia y el impacto de cada esquema en la economía local.
Ven viable una constructora para trabajos menores
La CMIC aclaró que no está en contra de que el Municipio cuente con capacidad propia para atender necesidades específicas. Consideró que disponer de cuadrillas municipales resulta conveniente para labores como bacheo, mantenimiento, emergencias y trabajos menores que requieren una respuesta inmediata.
La diferencia, precisó, radicaría en los proyectos de mayor complejidad, donde consideró indispensable mantener la participación de empresas especializadas que ya cuentan con personal, maquinaria, experiencia y solvencia técnica.
Ante la propuesta municipal, la CMIC pidió participar en las mesas de diálogo junto con colegios de profesionistas y otras cámaras empresariales antes de que se establezca un modelo permanente.
Finalmente, el organismo manifestó su disposición para reunirse con el Gobierno Municipal y realizar un análisis técnico de la iniciativa, con el objetivo de determinar qué esquema permite optimizar la inversión pública sin dejar de generar empleo y tracción para los proveedores de Celaya.
Acusa distorsión de la información
Por su parte, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez acusó a quienes han criticado el proyecto de distorsionar la información, pues aseguró que anualmente se contratan a más de cien constructoras para obra pública en Celaya, a diferencia del pasado cuando solo eran 20 “empresas privilegiadas”.
“Quienes dicen que esta constructora atentará contra el trabajo de las empresas se equivocan, pues entre Jumapa (ahora SIGAA) y nosotros contratamos cerca de cien constructoras cada año; nadie se ha quedado sin trabajar. Antes había empresas privilegiadas, hoy hay decenas de constructoras que no habían sido contratadas en años anteriores y que actualmente están trabajando con nosotros”, afirmó.
Ramírez Sánchez sostuvo que existen obras que las empresas privadas no desean realizar porque no les resultan redituables, por lo que la nueva Constructora de la Esperanza se enfocará en acciones menores.
“Necesitamos estirar los recursos que tenemos y por eso queremos esta constructora; hay muchas cosas pequeñas que las constructoras no atienden: nosotros queremos colocar los baños que se necesitan, levantar bardas y construir techumbres para escuelas y centros deportivos, tareas que puede asumir nuestra constructora”, señaló.
El presidente municipal reconoció que aún no cuentan con un estimado de cuántos recursos se ahorrarían con este proyecto, pero ratificó que mantendrán su modelo de asignación en espiral para que la gran mayoría de las constructoras reciban contratos.
“Todo el mundo recibe obra, pero de manera distribuida como lo habíamos planteado: primero los celayenses, después en espiral vamos dando la vuelta; y en el caso de las obras magnas, por su dimensión, las tenemos que licitar”, mencionó.
Sin propuesta formal
En tanto, el coordinador de la fracción del PAN en el Ayuntamiento, Carlos Ruiz León, aseguró que el Alcalde no les ha presentado una propuesta formal para la creación del proyecto, por lo que existen diversas incógnitas sobre su viabilidad.
“No tenemos información. Para constituir una constructora se requiere definir una razón social y estructurar bien el proyecto; no han aclarado si será una asociación público-privada, una dirección general o cómo se conformará la estructura administrativa. Tampoco se han definido el presupuesto, la maquinaria ni el personal, por lo que resulta ambiguo definirse a favor o en contra sin saber si estará dada de alta en Hacienda, el tipo de obra que se le asignará o su capacidad técnica”, señaló.
El regidor panista agregó que no tienen antecedente de ningún otro municipio en el país que haya implementado una estrategia similar, por lo que será fundamental conocer la estructura y los alcances reales del proyecto para evitar eventuales conflictos de interés.
AM
Acompáñanos en un recorrido por la historia de León. Recibe en tu correo relatos sobre personajes, barrios, tradiciones y momentos clave, que celebran la identidad leonesa, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad.
