Guanajuato, Guanajuato.- “Que opere el estado de Derecho”, opinó el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks, cuando se le preguntó sobre la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) en La Cucursola en la Sierra de Santa Rosa, un desarrollo inmobiliario propiedad de su excompañero de bancada, Sergio Fernando Ascencio Barba.
No conozco el expediente, pero te diría tres cosas. Primero, tiene que operar el estado de Derecho, en la parte municipal, estatal y nacional. Segundo, aquí mismo en este Congreso se han hecho exhortos a la autoridad municipal para el cuidado correspondiente, entonces son las autoridades municipal, estatal y federal las que deben decir qué es lo que está ocurriendo”, dijo.
Y, en tercer lugar, sobre la última actuación de la Fiscalía, dijo saber lo que se ha publicado en los medios periodísticos.
“Lo importante es que se cuide la normatividad. No tengo más conocimiento del tema”, subrayó Romero Hicks.
Dijo que no cree que Sergio Ascencio se haya beneficiado de su calidad de diputado federal para obtener permisos para operar La Cucursola.
“Conozco a Ascencio desde hace varios años y no creo que haya mezclado asuntos. Si hay alguna situación de carácter personal, debe verse la dimensión que tiene sobre el impacto. Son los especialistas los que nos deben decir, porque son tres jurisdicciones: la municipal, la estatal y la federal. Son los técnicos y los especialistas los que nos deben decir si hay afectación y cómo debe prevenirse y resolverse”, agregó Romero Hicks.
Ambientalistas de Acción Colectivo Ambientalista y Colibríes Guanajuato reiteraron su señalamiento hacia el exalcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, por su responsabilidad al otorgar permisos indebidos en el desarrollo La Cucursola.
Sobre las afectaciones a quienes compraron lotes, Romero Hicks insistió en que “opere el estado de Derecho. Desconozco la situación exacta de la gestión y las actuaciones personales e institucionales que se hayan dado”.
“No se debe mezclar el tema partidista”
Romero Hicks apuntó que no se debe mezclar el tema partidista con las actuaciones de las autoridades, al responder sobre el mensaje que se envía y la postura del PAN en la capital, ya que los permisos se otorgaron en un gobierno municipal panista, con un gobierno del estado del mismo partido y un exdiputado panista involucrado.
“No mezclemos a los partidos. Tenemos un gobierno nacional que ha estado actuando en el tema del impacto ambiental. Estos temas de medio ambiente, de pobreza o de seguridad no deben tener sesgos de partido ni ideología. Se deben traducir en actuaciones ordinarias. Si las personas emanadas de un partido tienen una situación, esa es una historia separada, pero una persona que emana de un partido no tiene por qué actuar de manera distinta a otras. Por eso debe operar el estado de Derecho y los estudios de carácter técnico”, puntualizó.
Se le preguntó si falta mayor énfasis de parte de las autoridades para revisar si es legal el incremento de desarrollos inmobiliarios, hoteles, restaurantes y Airbnb.
“La respuesta es sí, sin duda que debe tomarse nota”, concluyó.
Ambientalistas reiteran acusaciones contra Alejandro Navarro por caso de La Cucursola
Ambientalistas de Guanajuato, pertenecientes a los colectivos Acción Colectivo Ambientalista y Colibríes Guanajuato, reiteraron su denuncia contra el exalcalde Alejandro Navarro Saldaña. Lo señalan como responsable de otorgar permisos ilegales para el desarrollo inmobiliario “La Cucursola”. Los activistas niegan que su postura sea un “golpeteo político“. Afirman que su objetivo principal es proteger las áreas naturales de Guanajuato capital.
Acusan a Navarro Saldaña y al exdirector de Medio Ambiente, Juan Carlos Delgado Zárate, de autorizar permisos indebidos. Ante la amenaza de Navarro de demandarlos por difamación, ellos lo desafiaron a hacerlo. Insisten en que todos los permisos de La Cucursola son ilegales. También atribuyen responsabilidad a funcionarios de los tres niveles de gobierno. Las irregularidades se encuentran en el expediente de su denuncia penal ante la FGR.
Los activistas denuncian que la empresa Lomas de Irapuato S.A. de C.V. y su administrador, Sergio Fernando Ascencio Barba, vendieron 40 lotes sin permisos legales. Esto podría ser un fraude. Además, critican la inacción de la Profepa y la PAOT. Mencionan que la PAOT impuso una multa, pero no hubo consecuencias legales para los funcionarios. Según los ambientalistas, la administración de Navarro otorgó permisos de urbanización, uso de suelo e impacto ambiental sin contar con las autorizaciones federales de la Semarnat. Esto convierte los actos en ilegales.
AM
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