Guanajuato.- El Observatorio Ciudadano de la Ciudad de Guanajuato (OCG) hizo un llamado a los órganos fiscalizadores estatales, a Salubridad de la Secretaría de Salud en la entidad y al Gobierno del Estado para que volteen a fiscalizar y revisar lo que sucede en eventos como el “Túnel de Tradición” en el Festival del Día de Muertos, desarrollado en la calle Subterránea, en la ciudad de Guanajuato, al que calificaron como “un gran bar”.
El OCG acusó la existencia de opacidad respecto a la administración de lo recaudado por material promocional de la imagen del evento y renta obligada de mobiliario a cargo de Custom Bajío, empresa con la que las autoridades municipales reconocieron que no existe un contrato, pero cobró los pagos de entre 4 mil 500 y 6 mil 500 pesos hechos por los comerciantes.
“Es increíble que todas estas deficiencias que están saliendo a la luz pública, por también inconformidad de los mismos comerciantes, no se apeguen a los reglamentos de la autoridad, es increíble que esto esté sucediendo. Yo espero que las autoridades, los órganos de fiscalización, las autoridades estatales pongan sus ojos también en eventos de esta naturaleza”, señaló Juan Antonio Valadez Fonseca.
Además, Juan Antonio Valadez, quien ha sido síndico y tesorero municipal en la ciudad de Guanajuato, recordó que este evento inició en el 2018 bajo un tema meramente turístico y para propiciar alguna derrama económica, pero sostuvo que se ha distorsionado. Además, comentó que si no hay contrato de por medio con la empresa arrendadora, entonces podría existir “evasión fiscal”.
“Me enteré por ahí que los señores que están ahorita llevando a cabo el festival están otorgando un recibo simple para los comerciantes por la renta, aparentemente la renta de lo que es el mobiliario. Pero es un recibo que no reúne requisitos fiscales. ¿Que el Gobierno municipal también a través de fiscalización no se dará cuenta que estamos también nosotros provocando la evasión fiscal tanto de una parte como de otra? Entonces, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? ¿A dónde vamos a tener la certeza para que los ciudadanos sepan que estamos trabajando con transparencia?”, señaló y cuestionó Antonio Valadez.
Por su parte, Carlos Arce Macías dijo que lo que está sucediendo parece que es un tema que no está apegado al reglamento para el comercio en la vía pública en la ciudad de Guanajuato y expuso una presunta red de irregularidades y mala fe operativa por parte de las autoridades municipales al ignorar las disposiciones del Reglamento para la Comercialización en la Vía Pública, vigente desde 2015, el que dijo que establece que las solicitudes deben ser personales (una por comerciante).
Además de que se deben considerar la emisión de dictámenes técnicos obligatorios en materia de fisonomía urbana, movilidad y Protección Civil, vulnerando de manera directa el principio de legalidad, pues dijo que nadie los ha mostrado.
Apuntó que la simulación en el trámite y la asignación discrecional de espacios, especialmente en zonas restringidas como el Centro Histórico, dejan al descubierto autorizaciones emitidas al margen de la norma, faltas en el registro fiscal y la expedición de permisos sin el debido soporte de Tesorería.
Asimismo, resaltó que la calle Subterránea se ubica en la zona uno en la que, de acuerdo al reglamento de comercialización en la vía pública, no está permitido dar permiso para instalar comercios.
“Detrás de todo esto hay mala fe… es claro que ya están muy nerviosos por lo que hicieron y el problema es que están enredados muchos. El permiso para un puesto en la vía pública tiene su fundamento en el Reglamento para la Comercialización en la Vía Pública en el Municipio de Guanajuato… ahí está el principio de legalidad”, expresó Carlos Arce.
Armando Morales Reyes, en su intervención, dijo que para transparentar todo se debería hacer una auditoría, para ello exhortó a aspirantes a contender por la alcaldía capitalina en las próximas elecciones para que fijen una postura y señalen si se comprometen a realizar una auditoría al Municipio.
Además, expresó un firme rechazo hacia la comercialización y privatización del Día de Muertos en Guanajuato y en el resto del país, señalando que la tradición ha perdido su esencia para convertirse en producción hollywoodense.
Asimismo, Armando Morales criticó duramente la falta de rendición de cuentas de las autoridades estatales y municipales; también cuestionó el actuar del Ayuntamiento ante el desarrollo de un festival enfocado en el lucro de particulares, donde se involucra a empresas privadas y asesores de organismos empresariales, así como la falta de cuidado en una ciudad patrimonio de la humanidad como es Guanajuato capital.
Por ello, ante las múltiples dudas que se han generado en torno a la participación de Custom Bajío en el Túnel de Tradición, en el OCG hicieron un llamado a la alcaldesa Samantha Smith y a las áreas correspondientes —Fiscalización, Seguridad y Protección Civil— para que salga a aclarar ante medios de comunicación y explicar a la ciudadanía en general qué sucedió y realmente qué ganó el Municipio, pues dijeron que ese “es el trabajo real” de su cargo y no solo salir a eventos de clubes sociales, inauguraciones o cortar listones.
Además, señalaron que al haber venta de bebidas embriagantes en la vía pública tendría que intervenir el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) y hacer la averiguación correspondiente e informar por qué hay venta de bebidas embriagantes, pues sostuvieron que está prohibida la venta de estos productos en la vía pública.
“¿Qué ha hecho SATEG? Finalmente esta gran pachanga, olvídense ustedes de los hot dogs, los tacos y todo esto, la verdad es que pues es un gran bar. Eso es lo importante, la venta de alcohol, y la venta de alcohol pues está a todo dar. No hay permisos de alcoholes para la vía pública como tal, no existen en la regulación, no existen. Existen sí venta de alcohol en eventos, fiestas o ferias, no los da la autoridad municipal. Todo lo de alcoholes, el permiso en sí, da un visto bueno la autoridad municipal, pero el permiso lo da específicamente el SATEG. Tiene que tener el SATEG una solicitud, datos del RFC, identificación, aviso a Salud y constancia de factibilidad municipal; tiene que haber un dictamen, un pago también y luego el permiso eventual que dice hasta cuánto tiempo puede ser ese permiso”, explicó Carlos Arce.
Asimismo, señalaron que la Secretaría de Salud del Estado, a través de Salubridad, también debería informar si hubo inspección y dictamen que valide la venta de alimentos y consumirlos en la Subterránea en donde, resaltaron, hay filtraciones de agua sucia y muchos agentes contaminantes. Lo mismo si verificaron las condiciones de los baños públicos que instalaron, en donde mencionaron que estaban sucios.
Guillermo Siliceo dijo que algunos conocidos le comentaron que, luego de acudir a la Subterránea e ingerir alimentos, al llegar a sus domicilios se sintieron mal, con “vómito”.
Finalmente, también criticaron el trabajo del contralor municipal Uvaldo Jiménez, al que criticaron por actuar de forma pasiva y cómplice ante la opacidad y presuntas anomalías cometidas por el grupo político en el poder. Incluso lo compararon con el trabajo también pasivo del excontralor Pedro Pablo Carmona.
Negocios. Foto: María Espino. Negocios. Foto: María Espino. Negocios. Foto: María Espino. Negocios. Foto: María Espino. Negocios. Foto: María Espino. Negocios. Foto: María Espino. 
Food Trucks en los que no se encontró elementos de homologación de imagen. Foto: María Espino. Food Trucks en los que no se encontró elementos de homologación de imagen. Foto: María Espino. Food Trucks en los que no se encontró elementos de homologación de imagen. Foto: María Espino. Food Trucks en los que no se encontró elementos de homologación de imagen. Foto: María Espino. Cables de electricidad expuestos. Foto María Espino. Cables de electricidad expuestos. Foto María Espino. Baños. Foto: María Espino.
Denuncia penal
Orlando Palacios, ciudadano de Guanajuato capital, denunció al Gobierno Municipal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos actos de corrupción por la renta de mobiliario para el Túnel de Tradición por medio de una empresa privada ligada al Gobierno del Estado.
En un video publicado en redes sociales, el ciudadano menciona que no es la primera vez que se realiza este evento en la vía pública y la Presidencia Municipal no cobra permisos para el uso de la vía pública por medio de la Dirección de Fiscalización, sino que es una empresa privada la que les cobra a los comerciantes.
“Se ha estado desviando ese dinero que debería entrar al Gobierno Municipal y estuvo entrando de manera particular a través de otras personas. Ya basta de tanta corrupción que lastima las arcas del Gobierno Municipal porque es claro que ese dinero a alguien más le beneficia y estamos pidiendo que se investigue a fondo”, comentó el denunciante.
El ciudadano denunciante argumentó que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción tendrá que investigar a fondo tanto a la empresa como las razones y nombres de quienes dieron autorización, además de los contratos y el destino final del dinero que puedan derivar en responsabilidades administrativas y penales en su caso.
“Si esto no entra a las arcas del Gobierno Municipal, es ilegal que se le dé a una empresa particular de esta forma. Entonces estemos al pendiente de lo que haga la Fiscalía. Exhortamos al Comité de Participación Ciudadana, al Sistema Estatal Anticorrupción, a la Contraloría Municipal a que hagan lo propio”, agregó.
El festival, organizado por el Municipio en la calle Subterránea bajo el nombre de “El Túnel de Tradición”, es administrado por una empresa particular, sin contrato ni convenio de por medio y sin que los cobros a comerciantes generen ingresos directos para el Ayuntamiento.
Expositores que participan en la octava edición denunciaron pagos de entre 3 mil 500 y 6 mil 500 pesos, y en algunos casos superiores, por la renta obligatoria de mobiliario, además de espacios reducidos y restricciones para instalar sus propios equipos.
Los pagos fueron realizados a Custom Bajío, empresa con domicilio en León y vinculada con Alma Mercedes Barbosa Velázquez mediante relaciones societarias con otra compañía que también ha recibido contratos del Gobierno estatal.
AAK
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