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Guanajuato, capital.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) acreditó que Jorge Valencia Gallo, exdirector general de Servicios Jurídicos del municipio de Guanajuato, vulneró el derecho al trato digno del comerciante José Javier Reyes, a quien golpeó el 29 de mayo de 2025. 

Sin embargo, la Contraloría municipal informó que concluyó una investigación por los mismos hechos sin encontrar responsabilidad administrativa del exfuncionario.

La resolución de la Prodheg, emitida el 20 de octubre de 2026 dentro del expediente 1317/2025, establece que Valencia Gallo incurrió en una agresión física contra el comerciante y recomienda a la alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez iniciar una investigación para deslindar responsabilidades administrativas.

“Se corroboró que el entonces DGSJ, Jorge Fernando Valencia Gallo, al momento de que el quejoso grababa con su teléfono celular, dio un manotazo, lo que ocasionó que se le cayera”, señala el organismo.

La procuradora Karla Gabriela Alcaraz Olvera determinó que el entonces funcionario omitió salvaguardar el derecho humano al trato digno de José Javier Reyes, quien denunció los hechos durante un conflicto por la posesión de uno de los locales comerciales que operaba en el Mercado Hidalgo.

La resolución contiene cuatro medidas: iniciar una investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas; entregar la resolución al responsable e integrar una copia a su expediente personal como medida de no repetición; reconocer al comerciante como víctima directa y gestionar su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas.

Además, el Municipio debe informar a la Prodheg, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación, si acepta las recomendaciones y, en caso afirmativo, presentar las pruebas de su cumplimiento en los siguientes 15 días naturales.

El organismo también examinó los señalamientos del comerciante contra policías preventivos y personal de Servicios Públicos que participaron en el operativo. Sin embargo, no acreditó vulneraciones a derechos humanos atribuibles a esos servidores públicos.

La responsabilidad acreditada por la Prodheg corresponde únicamente a Valencia Gallo, quien dejó el cargo el 4 de junio de 2025, seis días después del enfrentamiento. Durante la investigación, el organismo solicitó al exfuncionario comparecer para rendir su declaración sobre lo ocurrido, pero no acudió.

“Es de mencionarse que personal de esta Prodheg solicitó a Jorge Fernando Valencia Gallo acudiera a esta Prodheg para que rindiera su declaración; sin embargo, esto no aconteció”, establece la resolución.

AM buscó al exdirector jurídico para conocer su postura sobre las recomendaciones y los motivos por los que no compareció ante la Procuraduría, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Carpetazo en la contraloría

Pese a la determinación de la Prodheg, el contralor municipal de Guanajuato, Israel Waldo Jiménez, informó que el procedimiento administrativo iniciado durante la gestión de su antecesor, Pedro Pablo Carmona, concluyó sin acreditar responsabilidad administrativa de Valencia Gallo.

Explicó que la investigación fue resuelta por la autoridad competente y que la determinación quedó firme.

“Concluyó con una resolución de la autoridad competente, en la que se determinó que no se acreditó responsabilidad administrativa”, informó.

Respecto a las recomendaciones de Derechos Humanos, el contralor señaló que se revisó el expediente y se identificó que los hechos ya habían sido investigados por la dependencia municipal.

La postura de la Contraloría contrasta con la determinación de la Prodheg, que acreditó la agresión física y recomendó iniciar una investigación administrativa contra el exfuncionario.

Por ello, queda pendiente precisar cómo atenderá el Ayuntamiento la nueva recomendación frente a un procedimiento que, según el contralor, ya concluyó con una resolución firme.

AM también buscó conocer la respuesta del Gobierno Municipal a la Prodheg. Iván Rivelino Moreno Galván, titular de la Oficina de Presidencia, indicó que el secretario del Ayuntamiento, Daniel Federico Chowel Arenas, revisaba el asunto; sin embargo, este último negó tener a su cargo dicha revisión.

La alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez confirmó que el Gobierno Municipal recibió la resolución de la Prodheg y que ya envió una respuesta formal al organismo. Sin embargo, reconoció que hasta el momento de la entrevista no se habían realizado acciones para atender las recomendaciones.

Cuestionada sobre si aceptará las medidas dirigidas a ella por la Procuraduría, la presidenta municipal no confirmó ni descartó su aceptación.

“Es importante que puedas platicarlo con mi director jurídico”, respondió, sin proporcionar detalles sobre el contenido de la contestación enviada al organismo.

La recomendación contempla una investigación administrativa contra el exfuncionario y medidas de atención a favor del comerciante, además de establecer plazos para informar sobre su aceptación y acreditar su cumplimiento.

Comerciante, sin disculpa ni información

José Javier Reyes aseguró que, desde la agresión ocurrida el 29 de mayo de 2025, ninguna autoridad municipal se ha comunicado con él para ofrecerle una disculpa, informarle sobre los resultados de la investigación administrativa o explicarle si su denuncia fue archivada.

También afirmó que no había recibido notificación de la resolución emitida por la Prodheg.

“Desde ese día 29 de mayo del año 25 a hoy fecha ni una disculpa por la presidenta, ni un oye, ¿cómo estás? Ni un oye, vamos a seguir tu caso. El anterior contralor Pedro jamás me contactó. Este nuevo contralor Waldo nada de nada, ni por lo menos dice archivamos tu denuncia, no procedió”, expresó.

El comerciante señaló que ni Pedro Pablo Carmona, anterior contralor, ni Israel Waldo Jiménez, actual titular de la dependencia, lo buscaron para recabar su declaración o informarle del avance y la conclusión del procedimiento.

Criticó también la postura de la alcaldesa Samantha Smith, a quien reprochó haber respaldado públicamente a Valencia Gallo después del altercado, en lugar de reconocer la agresión denunciada por un ciudadano.

Recordó que, tras la separación del funcionario, la presidenta municipal se refirió a él como su amigo y le expresó buenos deseos.

Reyes sostuvo que, además de la falta de respuesta institucional, continúa enfrentando presiones por parte de funcionarios municipales en el Mercado Hidalgo.

Señaló al administrador del inmueble, Abraham Trigueros, y al director de Servicios Públicos, Omar Rosas Ojeda, por presuntas revisiones arbitrarias y actos de hostigamiento relacionados con la limpieza y el abastecimiento de suministros en el mercado.

Estas acusaciones corresponden a señalamientos del comerciante y no forman parte de las conductas acreditadas en la resolución de Derechos Humanos.

También cuestionó los criterios utilizados para contratar a Valencia Gallo, al recordar que el exfuncionario tenía antecedentes judiciales antes de incorporarse al Gobierno Municipal.

Agresión en el Mercado Hidalgo

Los hechos investigados por la Prodheg ocurrieron la mañana del jueves 29 de mayo de 2025, cuando José Javier Reyes, integrante de una familia dedicada durante décadas al comercio de carne en el Mercado Hidalgo, denunció que las autoridades municipales intentaban retirarle uno de los locales que operaba.

Según su denuncia, policías municipales acudieron al establecimiento e intentaron detenerlo después de que cambió el candado del local.

Posteriormente llegó Valencia Gallo, entonces director general de Servicios Jurídicos, acompañado por personal municipal, para intervenir en el conflicto por el establecimiento.

Durante la discusión, Reyes comenzó a grabar con su teléfono celular lo que consideraba un intento arbitrario de desalojo. En ese momento, el funcionario le dio un manotazo que provocó la caída del dispositivo.

El altercado ocurrió ante la presencia de elementos de la Policía Preventiva, personal de Servicios Públicos y autoridades administrativas del mercado.

La Prodheg determinó que esa conducta del entonces director jurídico constituyó una vulneración al derecho humano al trato digno del comerciante, aunque no encontró elementos para acreditar las acusaciones contra los demás servidores públicos señalados.

Seis días después, el 4 de junio, Valencia Gallo fue separado definitivamente de su cargo en la administración municipal.

Valencia Gallo, con sentencia por cohecho

Antes de su salida del Ayuntamiento, Jorge Fernando Valencia Gallo había permanecido al frente del área jurídica municipal pese a contar con una sentencia condenatoria de cuatro años y seis meses de prisión por el delito de cohecho.

La primera sentencia fue dictada el 14 de mayo de 2024. Posteriormente, durante el gobierno del alcalde Alejandro Navarro Saldaña, Valencia Gallo fue nombrado director jurídico municipal.

El 19 de septiembre de 2024, la magistrada Cristina Cabrera Manrique, presidenta de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, confirmó la condena, según informó AM en una publicación del 20 de enero de 2025.

Pese a ese antecedente, la alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez anunció que el funcionario continuaría en su puesto, decisión que mantuvo hasta el conflicto ocurrido con el comerciante del Mercado Hidalgo.

Tras su separación, Valencia Gallo demandó al Municipio ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por presunto despido injustificado.

En su demanda aseguró que el 2 de junio de 2025 se le impidió ingresar a su lugar de trabajo y que conoció su separación mediante declaraciones de la alcaldesa y publicaciones en redes sociales.

Argumentó que no existió un procedimiento administrativo ni recibió una notificación escrita sobre las causas de su destitución.

Por ello, solicitó su reinstalación como director general de Servicios Jurídicos, así como el pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones y otras prestaciones laborales.

La resolución de la Prodheg se suma ahora a los antecedentes del exfuncionario, mientras el Gobierno Municipal mantiene pendiente de precisar públicamente si aceptó las recomendaciones y qué medidas adoptará ante la agresión acreditada al comerciante.

JRL

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