Huanímaro.- Con gritos de “Justicia, justicia, justicia” y “ni una más, ni una más” inició la marcha de familiares, amigos y ciudadanía en general en Huanímaro, para exigir el esclarecimiento del asesinato de las jóvenes Nayeli Escobar Zúñiga, de 24 años, y su prima Andrea Zavala Jaime, de 18 años, ambas víctimas de violencia la noche del 14 de marzo.
Hay un detenido por estos hechos y la familia señala a un segundo cómplice, quien es el dueño de la camioneta en la que se les vio a las jóvenes minutos antes de su muerte y con la que presuntamente le pasaron encima a una de las víctimas.
De acuerdo a los familiares, este segundo implicado fue detenido y después dejado en libertad por un comandante de la Policía Municipal, al tratarse, según denuncian, de un familiar de un funcionario de la administración local.
Alrededor de las 13:40 horas de este domingo, cerca de 150 personas, en su mayoría mujeres, se reunieron en el panteón municipal con la finalidad de llegar a la Presidencia Municipal para ser atendidos por la alcaldesa Laura Villalpando.
Entre los asistentes se encontraban las madres de las jóvenes y el padre de una de ellas; sin embargo, ninguna de las partes quiso brindar declaraciones a los medios de comunicación en ese momento.
Toda la marcha se llevó a cabo en completa calma; los asistentes caminaban en silencio mientras se escuchaban canciones de protesta como “Canción sin Miedo” y “Querida Muerte” en el ambiente.
El contingente caminó por las principales calles del municipio cargando cartulinas y lonas con mensajes dirigidos a la autoridad: “Presidenta Laura Villalpando, ¿No sientes el dolor del pueblo? ¿Qué escondes? ¿Qué proteges?” y “Justicia para Andrea y Nayeli”.
Solo cuando el grupo pasó frente a la Presidencia Municipal el silencio se rompió para dar paso a las consignas, donde ya los esperaban más de 100 ciudadanos que se unieron a la protesta bajo el sol.
Frente a la puerta del recinto oficial se encontraban tres elementos mujeres de la Policía Municipal, quienes permanecieron sin armas y no fueron agredidas, dado el carácter pacífico de la movilización.
Conforme pasaban los minutos, los gritos se incrementaron y los manifestantes pegaron imágenes de las jóvenes y mensajes de justicia en la fachada del edificio; incluso se colocaron veladoras frente a la puerta principal.
Una lona con la imagen de Andrea y Nayeli destacó entre la multitud con el texto: “Ya basta de inseguridad y complicidad”, reflejando el sentir de los habitantes de Huanímaro.
Ante la falta de atención por parte de la alcaldesa, una manifestante leyó un pliego petitorio exigiendo cero impunidad contra servidores públicos y peritos responsables de presuntas omisiones procesales.
Además, pidieron acceso a las grabaciones del C4, una disculpa pública e investigación penal contra los elementos que habrían negado auxilio a Andrea Zavala, lo que presuntamente derivó en su fallecimiento.
Salomón Ramírez Martínez, familiar de las víctimas y delegado de La Lobera, comunidad de donde eran originarias las jóvenes, rompió el hermetismo para exigir que la investigación no se limite a un solo detenido.
“Es ilógico pensar que un solo muchacho haya matado a las dos. Hay más implicados y eso es lo que se está pidiendo ¡Justicia!”, comentó el familiar durante la protesta por el doble feminicidio en Huanímaro.
La familia cuestiona por qué se liberó al dueño de la camioneta donde viajaban las víctimas 30 minutos antes del hallazgo, vehículo que señalan como el utilizado para arrollar a una de ellas.
Se menciona que el implicado liberado es familiar del Tesorero Municipal, versión que ha generado indignación tras el adiós a Andrea y Nayeli.
Las jóvenes fueron localizadas sin vida el 14 de marzo a un costado del libramiento de la ciudad, con huellas de violencia producidas por objeto contundente, según informó la Fiscalía General del Estado.
La familia denunció que un policía municipal no brindó atención médica a una de las jóvenes cuando aún tenía signos vitales, lo que habría provocado su muerte en el lugar de los hechos.
Hasta el momento, la Fiscalía mantiene vinculado a proceso a un primo segundo de Nayeli como único responsable, pese a las pruebas de complicidad que señala la defensa de las familias.
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