Guanajuato.- Diputados de Morena y PVEM afirman que no habrá marcha atrás para despenalizar el aborto en Guanajuato. En tanto, la bancada del PAN se acepta que habrá de legislar como lo mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El diputado de Morena, Carlos Abraham Ramos, afirmó que, como presidente de la Comisión de Justicia, invitaría a sus compañeros a que legislen en lo que ya la Corte ha definido, que es inconstitucional.
Creo que este ultimátum o último llamado que nos están haciendo, es a que nos pongamos a trabajar, no importando la ideología política, la ideología religiosa; esto es algo que requiere que atendamos para la mayoría de las mujeres”, enfatizó Ramos.
PVEM: Sí a la Corte, no al aborto
Por su parte, el diputado Sergio Contreras Guerrero, del PVEM, se pronunció a favor de la vida, pero en contra de la criminalización del aborto.
“Yo insistía en que no podíamos legislar dejando una pistola cargada en la cabeza de una mujer. Y que ya estaba muy claro lo que la Suprema Corte ya había determinado”, dijo.
Aclaró que esto no quiere decir que esté a favor del aborto.
A partir del 15 de febrero, 90 días para determinar
“Esta declaratoria nos fue entregada en diciembre del año pasado y sabíamos que a partir del 15 de febrero correrán los 90 días naturales en donde el Congreso finalmente determine su decisión”.
También recordó que, en caso de que no se dé en 90 días naturales esta circunstancia, será la misma Corte, en un subproceso que establece la Constitución y su Ley Reglamentaria, la que con voto de seis de los ministros llegue a esta conclusión.
“Así tal cual”: Rolando Alcántar
Rolando Alcántar Rojas, diputado del PAN, fue claro al afirmar que: “lo que nos toca, fiel a como somos, es acatar lo que ordene el Poder Judicial de lo que se está manifestando”.
Y corroboró que el Congreso tiene que atender el tema por la vía institucional: “Sí, sí claro, así tal cual como lo está planteando tenemos que hacer ese proceso”.
“El Poder Judicial asume su responsabilidad de legislar y tiene las facultades para ordenarnos y tenemos que acatar en los alcances que lo está manifestando”, dijo.
El ordenamiento
El Congreso del Estado de Guanajuato fue notificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tiene 90 días, a partir del 15 de febrero que inicia el periodo legislativo, para modificar los artículos del Código Penal estatal que criminalizan el aborto.
Esto al notificar la admisión a trámite de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, la cual impugna diversos artículos del Código Penal estatal. La declaratoria se refiere a los artículos 159, 160, 162 y 163 considerados contrarios a la Constitución. De no acatarlo, la SCJN podría invalidarlas con efectos generales en todo el estado.
Este procedimiento deriva de un litigio impulsado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), así como de resoluciones previas de la Primera Sala de la Corte, en las que se determinó que la penalización del aborto vulnera derechos fundamentales como la dignidad humana, la salud, la igualdad y no discriminación, la vida privada y el libre desarrollo de la personalidad.
“La SCJN reiteró que el derecho penal no debe utilizarse para imponer concepciones morales ni para sancionar decisiones reproductivas, por lo que esta declaratoria coloca a Guanajuato ante la obligación de armonizar su legislación con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, así lo informó Martha Lucía Micher Camarena, senadora de la República por Guanajuato, por medio de redes sociales.
Y si no, legislaría la Corte
La diputada local de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza Orozco, afirmó que “en aquel entonces solamente se dijo que nuestro Código Penal era totalmente violatorio de derechos de mujeres, niñas y adolescentes en lo concerniente al tipo penal del aborto, justamente por ser violatorio de sus derechos. Y ahora en diciembre sí ya nos dicen que tenemos 90 días hábiles para subsanar esas institucionalidades. De lo contrario la Suprema Corte de Justicia tendría que entrar a legislar lo que nosotros no hemos hecho”, comentó la diputada local.
Naye Tello, activista, señaló que el Congreso local debe acatar la notificación y cumplir con la armonización legislativa. Señaló que el Poder Legislativo aún tiene la posibilidad de realizar la despenalización por la vía legislativa. Esto, durante el próximo periodo ordinario, lo que permitiría evitar que el cambio se dé exclusivamente por una resolución judicial.
“La Corte ya había sido muy clara. Y las y los diputados se excusaban en su falta de trabajo legislativo y su falta de compromiso con los derechos humanos”, expresó Tello.
Añadió que “estamos hablando que en mayo tenemos que tener la resolución. De todas maneras nosotras vamos a estar ahí continuamente para recordarle a las y los legisladores que tienen que armonizar ya nuestro Código Penal”.
RAA
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