Guanajuato.- Sería un retroceso en el derecho a saber qué hace el poder si se aprueba la iniciativa del PAN de aumentar de 8 a 18 días el plazo que tendrán las instituciones públicas del Estado para entregar información que soliciten los ciudadanos.
De esta manera, se perderá la distinción que tenía Guanajuato al contar con el plazo más corto de respuesta de todos los estados del país.
En esto coincidieron la última expresidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Julieta del Río; Mayra Legaspi, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano de León; Raúl Calvillo, director del Observatorio Ciudadano de Irapuato; Kenia Velázquez, periodista de investigación; Lourdes Morales, ex coordinadora de la Red de Rendición de Cuentas; y Jesús Soriano, profesor e investigador de la Universidad de Guanajuato, en entrevistas con AM.
El 1 de febrero, AM publicó que en la iniciativa del PAN para crear la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, se aumentan 10 días para que todo ente que ejerza recurso público estatal o municipal, entreguen la información solicitada por los ciudadanos, lo que implica un retroceso de 10 años en transparencia y acceso a la información en Guanajuato.
Actualmente, el plazo con la ley vigente es de cinco días hábiles, más tres en caso de ampliación de plazo, en total son ocho días, como estaba vigente en Guanajuato desde 2016.
La reforma propone pasar a un máximo de 18 días hábiles: ocho de plazo inicial y otros 10 en caso de ampliación de plazo.
Así lo evidenció Alejandro Rocha Pedraza, exconsejero del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP), en entrevista.
Esta propuesta de la bancada del PAN en el Congreso Local va en contracorriente con el ofrecimiento que la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo ha hecho desde que era candidata del de Acción Nacional en 2024, ya que ella siempre se ha pronunciado por facilitar y transparentar todos las acciones de gobierno y el uso de recursos públicos.
Vamos a impulsar una mejora en los portales de datos transparencia y bases de datos abiertos para que la sociedad pueda acceder a la información pública: presupuesto, contratos, entre otros datos. No solo se cumplirán con las obligaciones legales, cada área de gobierno deberá ser parte de la transparencia proactiva, dar a conocer toda la información sobre los recursos públicos. Para mí es fundamental” afirmó el 22 de abril de 2024, cuando era candidata.
El PAN candil de la calle…
Mientras a nivel nacional senadores y diputados del PAN votaron en contra de las reformas a la Ley de Transparencia propuestas en 2025 por Morena por considerar que los cambios significaban un retroceso, en Guanajuato los diputados locales del mismo partido también proponen un retroceso en Guanajuato.
A nivel nacional, la bancada del PAN buscó el año pasado eliminar de la propuesta de reforma todos aquellos artículos que implican un retroceso conforme a la ley aprobada hace más de dos décadas, como el que derivó en la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Con las modificaciones hechas a la ley a nivel nacional ahora ya no existe un organismo independiente del gobierno al que los ciudadanos puedan acudir para obtener la información que el gobierno no quiere otorgar.
Ahora le pides al gobierno la información y si el gobierno no te la quiere dar, acusas al gobierno con el mismo gobierno. O sea, lo que están planteando es un absurdo, es un sinsentido”, señaló el 27 de febrero de 2025 el senador Ricardo Anaya, al hacer énfasis en el retroceso.
Con la reforma federal, en Guanajuato también desaparece el IACIP, organismo estatal al que el ciudadano podía acudir cuando el gobierno no le proporcionaba información que por ley debe ser pública.
Pero además de este retroceso provocado por la reforma federal los diputados locales del PAN buscan aplicar en Guanajuato otros cambios que no implican un avance en la transparencia, como el ampliar los plazos de respuesta a una solicitud de acceso a la información.
“Guanajuato siempre fue referente”
Julieta del Río Venegas fue la última presidenta del INAI, desde noviembre de 2020, hasta marzo de 2025, porque, a propuesta de Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de los diputados federales de Morena desaparecieron ese instituto.
Recordó que Guanajuato siempre fue un referente de tener el plazo más corto de respuesta de todos los estados del país. La Ley Federal de Acceso a la Información anterior establecía un plazo de respuesta de 15 días hábiles.
Y lo sigue siendo con la promulgación en 2024 de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que tiene un plazo de 20 días como “piso” mínimo.
Lo que se puede interpretar es que de ser un estado modelo, ahora es un retroceso porque aumentan 10 días. Guanajuato era un referente por contestar muy rápido. Si Guanajuato era un referente, ¿qué necesidad de cambiarlo? ”, afirmó Del Río Venegas en entrevista con AM.
“El perjuicio es que están poniéndole una venda en los ojos a la sociedad para no ver, solo escuchar. Hay mucha infodemia. Para el periodismo de investigación habrá opacidad, no habrá información”, alertó.
Comentó que el beneficio del acceso a la información antes consistía en que un estudiante o cualquier ciudadano tenía acceso a información pública.
Hoy una respuesta puede tardar 18 días, y luego que salgan con que no encontraron la información. Un ciudadano que le urge una respuesta, y si va a pasar un mes, ya no la necesita”, lamentó del Río Venegas.
¿Por qué ampliar el plazo?
Raúl Calvillo Villalobos, director del Observatorio Ciudadano de Irapuato ¿Cómo Vamos?, reconoció que las instituciones guanajuatenses casi siempre han contestado en tiempo y forma.
“Los plazos están bien como están. Tendríamos que ver la razón por la que proponen que sea así (ampliarlos). Los entes de gobierno destinan gente para contestar las solicitudes. Si esto ha redundado en mayor transparencia, ¿por qué ampliar el plazo?
La pregunta es: ¿cuál es el beneficio para el ciudadano? Si no abona en la calidad de la transparencia, estamos hablando de un retroceso”, afirmó.
Dijo que el beneficio que se tiene al responder rápido las solicitudes de acceso a la información, en el caso de ese Observatorio, ellos cuando piden información es para trabajar con ella y analizarla. Ellos hacen muchas solicitudes a muchas dependencias.
“Pienso en las personas que tienen que hacer un trámite y para eso necesitan la información. Los diputados deben analizarlo muy bien. Pensemos en los usuarios finales: ¿a quién perjudica que se dé esta ampliación?.
“Si van a hacer esperar al ciudadano 18 días, habría que revisarlo”, señaló. Aclaró que solo se justifica un plazo más largo cuando el problema es el tiempo.
Mayra Legaspi Tristán, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano de León, coincidió en que Guanajuato había sido pionero en la transparencia. “Siempre era destacable que el Municipio y el Estado entregaban más rápido que las dependencias federales.
Para quienes estamos interesados en la información, me parece un retroceso (la ampliación del plazo), al contrario, deberíamos mejorar los tiempos de respuesta, no ir en retroceso”, sostuvo en entrevista con AM.
Comentó que en el Observatorio, más del 50% de la información que generan para hacer análisis es mucha información solicitada a dependencias de seguridad pública del municipio y a diferentes dependencias.
Reconoció que mucha gente no conoce su derecho a solicitar información, a pesar de que haya campañas. Pero aumentar los tiempos de respuesta dificulta el acceso a ese derecho.
“Es un atentado” al derecho a saber
Kenia Velázquez, periodista del portal de noticias Pop Lab, este año cumplirá 15 de laborar en esta profesión. En los últimos meses ha hecho alrededor de 200 solicitudes de acceso a la información, no solo a dependencias de Guanajuato, sino a otros estados y federales.
Coincidió con los demás entrevistados en que efectivamente Guanajuato era de los estados que más rápido respondía. Eso nos distinguía.
A mí me parece que los cambios que hicieron desde la Federación van en contra de todo lo que habíamos avanzado en materia de transparencia. El PAN había dicho que en todos los estados iban a defender los temas de transparencia. Esto es muy serio y va en contra del compromiso que había dicho Libia de la transparencia”, sostuvo en entrevista con AM.
Refirió que desde hace tiempo las dependencias ya no entregan información completa o lo hacen con artimañas. “A mí me pasa muy seguido que responden el día límite a las 12 de la noche.
“Nos están complicando a los ciudadanos en general. Yo, me dedico a esto y le puedo dedicar todo el tiempo necesario, pero el ciudadano común no lo va a hacer. Esto me parece que va en contra de los ideales del PAN”, consideró.
Sobre el perjuicio que tendrá la ampliación del plazo de respuesta para la sociedad y a los ciudadanos, Kenia Velázquez afirmó: ”Los periodistas tenemos que defender el derecho a saber, nuestro y de los ciudadanos. Esto es un atentado a esto”.
Mencionó que a ella la invitaban a dar charlas, pero muchos universitarios no conocen su derecho a saber. “Desgraciadamente no se socializó lo suficiente, entonces mucha gente no sabe. A mí me pasa en junta de vecinos que la gente no sabe que puede hacer solicitudes de acceso a la información.
Ahora no habrá un órgano independiente. Y ahora esto, no solo para información de trabajo, sino para trámites sencillos. Sí es grave”, concluyó.
“Pierde el propio Gobierno”
Lourdes Morales Canales fue durante 11 años coordinadora de la Red de Rendición de Cuentas, creada en 2011 entre 33 organizaciones sociales e instituciones académicas con más 81 integrantes en todo el país. Ahora trabaja en México Evalúa como investigadora.
Entrevistada por AM sobre la posibilidad de aumentar en 10 días el plazo para que las dependencias públicas entreguen la información, observó: “Eso que estamos viendo son consecuencias de la dispersión del nuevo modelo de acceso a la información”.
Refirió que en la Ley General de Acceso a la Información anterior -la que fue derogada en 2024- se fijaron de 10 a 15 días máximo para responder las solicitudes de acceso a la información, porque la referencia era la ley modelo de la OEA (Organización de Estados Americanos), con el que se pretendía tener el mejor modelo. Porque ése era el plazo máximo de los países más avanzados.
La ley modelo de la OEA tiene dos versiones, que se hicieron a principios de siglo, porque muchos países no tenían leyes, para que la siguieran. Así que ahora (con la propuesta de ampliación de plazo) están yendo contra el estándar general”, comentó.
Eso sin conocer si se contemplan otras causales de reserva, porque prevalecía el concepto de máxima publicidad.
Sobre cuál sería el perjuicio a la ciudadanía con la ampliación del plazo, Lourdes Morales señaló: “Quienes ganan al final de la ruta son quienes abusan de su cargo. Se va a seguir dificultando el acceso a la información, y quiénes son: los corruptos, los delincuentes“.
Pero pierde el propio Gobierno porque como dice el dicho: en arcas abiertas hasta el justo peca, y si tú no tienes controles, ¿qué va a pasar ahí? El no entender que la transparencia beneficia sí a los ciudadanos, pero el que más pierde es el Estado”.
El plazo no es lo más importante
Jesús Soriano Flores, profesor investigador de la División de Derecho Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, consideró que duplicar el plazo puede ser lesivo para la ciudadanía.
Pero él consideró que eso no es lo más importante de la reforma que se aprobará próximamente en el Congreso del Estado.
“Pero yo veo otro riesgo enorme: que hayan decidido extinguir los institutos. Los periodistas como los académicos necesitamos esta información.
“Sí es importante lo del plazo, pero me parece que se están enfrascando en lo que no es lo sustancial. Lo sustancial es cómo le van a hacer para que los particulares puedan tener acceso a información confiable.
“En lo que deberían de estar pensando los diputados es en cómo van a hacer para que los ciudadanos tengamos la información. La información es un derecho humano que implica obligaciones a todas las autoridades”, destacó.
Porque recordó que ahora, después de la reforma, la información nos la van a dar los órganos de control, de cada ente público, ya no van a tener ese filtro que existe actualmente del Instituto de Acceso a la Información Pública.
“Ahora el riesgo es que no entreguen la información, que la entreguen como quieren o entreguen con sesgo”, alertó.
¿Para qué sirve la transparencia?
La Ley de Transparencia permite que cualquier ciudadano pueda solicitar al poder ejecutivo, legislativo y judicial, ayuntamientos, organismos autónomos, fideicomisos y fondos públicos, partidos políticos y sindicatos información sobre el uso de recursos públicos lo que contribuye a la rendición de cuentas y en disminuir la corrupción.
Los ciudadanos pueden solicitar información respecto a contratos, informes de resultados, directorio de servidores públicos, gastos, beneficiarios de programas sociales, contratos, convenios, concesiones, remuneración de los servidores públicos, indicadores relacionados con temas interés público o trascendencia social, auditorías entre otros.
Revelaciones del poder, gracias a la Transparencia
A nivel estatal, reportajes periodísticos que revelaron gastos cuestionables o presunta corrupción se derivaron de solicitudes de información.
AM público en 2025 que el Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo entregó 75 millones de pesos al Club León para que pudieran pagar todo tipo de gastos operativos, desde la nómina de jugadores y cuerpo técnico, el arbitraje, alimentación, hospedaje, hasta pagos a la Federación Mexicana de Futbol por las faltas cometidas por los jugadores durante los partidos.
Para que el Gobierno del Estado entregara esta información fue necesaria una solicitud de acceso a la información que el Gobierno del Estado respondió en el plazo máximo de ocho días, pero además argumentando que era una gran cantidad de documentos, la entrega ocurrió casi un mes después.
En caso de aprobarse la ley como la propone el PAN, ahora solo la respuesta de información para que la autoridad responda si entrega o no dicha información será de casi un mes, ya que son 18 días hábiles.
Otro caso que los ciudadanos pudieron conocer gracias a una solicitud de acceso a la información fue el publicado por el Periódico Correo el 10 de diciembre de 2025 respecto a los 25 millones que el Gobierno del Estado autorizó al Club de León para la ceremonia de investidura al Salón de la Fama del Futbol de Grupo Pachuca, un evento de carácter privado. Aunque para poder obtener esta información fue necesario un recurso de revisión ante el IACIP ya que en primera instancia el Gobierno del Estado se negó a entregarla.
En el 2024 AM también publicó que a través de empresas y prestanombres, familiares de un asesor de la Jefatura de Gabinete del Gobierno del Estado de Guanajuato tejieron una red de corrupción para obtener decenas de contratos directos que suman más de 84 millones de pesos en este sexenio.
Los contratos fueron obtenidos a través de la Ley de Transparencia.
Pero no han sido los únicos, a través de solicitudes de información también fue posible conocer que la Secretaría de Salud del estado encabezaba la lista de dependencias con el mayor número de denuncias por acoso sexual y laboral, o que el Gobierno de Guanajuato contrató un servicio de taxis aéreos para Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aunque los costos e itinerarios de los 12 contratos son un secreto, pues el Estado reservó esa información.
Ve complicado cumplir con el plazo hoy en ley
Para el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, las actuales obligaciones de las autoridades en materia de transparencia hacen complicado que puedan cumplir con entregar información en el plazo que dispone la ley vigente (cinco días hábiles más tres días hábiles en caso de ampliación del plazo).
Guanajuato es el que tiene el tiempo de respuesta más corto a nivel nacional. La realidad es que ese tiempo de respuesta fue con la primera ley, cuando no había tantas obligaciones y no había necesidad de dar tanta información. En la práctica como autoridades a veces se complica cuando hay información que requiere la intervención de varias dependencias o nos piden periodos muy largos”, opinó.
En entrevista este sábado el funcionario estatal dijo que, aun con una reforma que amplíe los plazos de respuesta, Guanajuato buscará seguir siendo un referente.
“Creo que es dentro de lo humanamente posible y de las obligaciones. Vamos a ver qué hace el Congreso y cómo se posiciona este tema. Sin lugar a dudas la transparencia debe ser la prioridad y que los tiempos sean los más breves”.
Reiteró que el compromiso que ha hecho la gobernadora es abrir la información.
Aprovecho para pedirles que el lunes (16 de febrero) estén muy pendientes, la gobernadora (Libia García) va a anunciar un portal inédito, esto en el programa Conectando con la Gente, es una información muy valiosa que va a estar a la disposición de los ciudadanos y que apuesta a la transparencia proactiva”, puntualizó Jiménez Lona.
AAK
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